La definición de la Unidad de Pago por Capitación – UPC 2026 se perfila como una de las decisiones más críticas para el sistema de salud colombiano. En un contexto marcado por el aumento de quejas, demoras en la atención y dificultades financieras que afectan a prestadores, aseguradores y proveedores de tecnologías, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) ha llamado a una revisión integral del modelo de cálculo y al establecimiento de un diálogo técnico multisectorial con el Gobierno.
Según cifras de la Contraloría General de la República, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) en el sistema de salud pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024, lo que representa un aumento del 23 %. Este indicador no solo evidencia un deterioro en la experiencia del usuario, sino que también expone los límites del actual esquema de financiamiento.
De acuerdo con un informe de la organización de pacientes Retorno Vital, los tiempos de espera para acceder a medicamentos alcanzan los 250 días, mientras que una cita médica puede tardar hasta tres meses. Estos datos reflejan una brecha creciente entre la capacidad del sistema para responder y las necesidades reales de la población.
“La UPC no cubre el costo real de los servicios”: Afidro
AFIDRO ha insistido en que el valor de la UPC no puede seguir calculándose con base exclusivamente en la inflación, ya que esta no refleja las dinámicas propias del sistema de salud ni su estructura de costos.
“La UPC 2026 no puede calcularse con base exclusivamente en la inflación, ya que esta no refleja de forma adecuada las necesidades ni la dinámica propia del sistema de salud. Además, no se trata solo de incrementar el valor de la UPC, sino de garantizar un cálculo adecuado, técnico, con consenso y voluntad. Tener trazabilidad y garantizar eficiencia. Actualmente, la UPC no cubre el costo real de los servicios que requieren los ciudadanos, debemos crear nuevas fuentes de financiación frente a lo cual ya estamos haciendo propuestas”, afirmó Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.
Cartera acumulada y retrasos en los giros
Los efectos financieros de esta situación también impactan de forma directa a la industria farmacéutica. Según cálculos del gremio, la cartera total de sus afiliados ascendió a 4,6 billones de pesos a diciembre de 2024. Este volumen de deuda compromete el suministro de tratamientos esenciales, impacta la operación de múltiples actores del sistema y pone en riesgo la sostenibilidad de los afiliados.
A este escenario se suman los retrasos en los giros de presupuestos máximos, las deficiencias en la gestión de recursos y los elevados niveles de desperdicio que aún persisten en diferentes eslabones del sistema.
Propuestas estructurales para reformar la UPC
Para enfrentar este panorama, AFIDRO ha formulado una agenda técnica de cinco puntos orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo:
- Espacios de diálogo técnico: creación de mesas de trabajo que integren Gobierno, aseguradoras, prestadores, expertos y organizaciones de pacientes para formular soluciones basadas en datos actualizados y análisis financiero.
- Métodos de cálculo dinámicos: adopción de herramientas que permitan estimar la UPC considerando factores como el envejecimiento poblacional, los cambios epidemiológicos y la demanda creciente de servicios.
- Transparencia y trazabilidad: implementación de sistemas de información robustos que garanticen la disponibilidad y claridad de los flujos financieros, promoviendo una gestión más eficiente del gasto.
- Nuevas fuentes de financiación: exploración de mecanismos innovadores como bonos de impacto social, asociaciones público-privadas, seguros inclusivos, obras por impuestos y uso estratégico de regalías.
- Corresponsabilidad y eficiencia: compromiso de todos los actores del sistema en la identificación y reducción de ineficiencias, contención de costos y promoción del gasto con enfoque en calidad.
Diálogo urgente para una reforma con enfoque técnico y consensuado
La definición de la UPC para 2026 será abordada el próximo 30 de julio en un encuentro convocado por el Gobierno, en el que se espera avanzar hacia un modelo de financiamiento más realista, eficiente y orientado al bienestar de los pacientes. En ese marco, AFIDRO reiteró su disposición a contribuir técnicamente a un proceso que requiere urgencia, rigor y voluntad política.
“Aunque los retos son importantes, con voluntad política, consenso y el compromiso de los sectores implicados, es posible impulsar reformas estructurales positivas que garanticen una atención en salud digna, oportuna y sostenible. Invitamos a todos los líderes y actores del sector a sumarse a un enfoque propositivo y colaborativo que apueste por soluciones reales y duraderas con foco en los pacientes”, concluyó Gaitán.
La revisión de la UPC no es solo un cálculo actuarial. Es una decisión estructural que puede redefinir el acceso a la salud para millones de colombianos. Para lograrlo, se requiere visión técnica, diálogo abierto y corresponsabilidad entre todos los actores del sistema.