Un contrato de $ 141.188 millones vergonzante para el sector salud por fin está terminando su no ejecución.
Pronunciamiento de la ADRES
Frente a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de suspender la ejecución del contrato 080 de 2018 suscrito por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES– para la auditoría integral de recobros y reclamaciones del sistema de salud, la entidad se permite informar que:
1. El contrato 080 fue adjudicado a la Unión Temporal Auditores de Salud el 17 de octubre de 2017, y una vez agotado el debido proceso para determinar si existían razones jurídicas que impidieran la suscripción contrato, se procedió a firmar en julio de 2018.
2. Es de aclarar, que la modalidad de pago del contrato 080 es contra entrega de resultados de auditoría. Razón por la cual, a la fecha, el contratista UT Auditores de salud no ha recibido pagos por la ejecución del contrato.
3. Durante la ejecución del contrato, la administración de la ADRES ha venido conminando al contratista para que cumpla con las obligaciones contractuales, utilizando las figuras jurídicas existentes en la normatividad vigente. Como resultado de este procedimiento y dados los retrasos en la entrega de resultados de auditoría, las demoras en los pagos de las obligaciones laborales de los trabajadores, la falta de personal, entre otras causales, la ADRES ha impuesto cuatro multas que suman el valor de $2.485 millones y un incumplimiento por valor de $5.405 millones.
4. Por efecto de las multas y el incumplimiento del contratista, algunas de las empresas que conforman la Unión Temporal Auditores de Salud aparecen registradas como inhabilitadas en el Registro Único Empresarial y Social RUES.
5. De cara a la inhabilidad sobreviniente del contrato y a la imposibilidad jurídica de ejecución del mismo, la Unión Temporal Auditores de Salud solicitó la cesión del 100% del contrato. Actualmente la ADRES se encuentra analizando los documentos que fueron aportados por el nuevo contratista para validar la capacidad técnica, jurídica y financiera conforme a lo requerido en el pliego de condiciones. Además, el nuevo contratista debe presentar el modelo operativo de auditoría, infraestructura administrativa, tecnológica y de talento humano que se requiere para la ejecución del contrato.
6. Por último, la ADRES es respetuosa de las decisiones de los entes de control y se pone en completa disposición para atender todos los requerimientos necesarios en el desarrollo del proceso. Los directivos de la ADRES han entregado la información que se ha solicitado de manera oportuna y han trabajado de forma transparente para brindar soluciones ante el incumplimiento del contratista y no participaron en el proceso contractual.
ADRES aclara investigaciones fiscales abiertas por desvío de recursos de la salud
ANTECEDENTES DE ESTE BOCHORNOSO ASUNTO
En el año 2017 se convocó el concurso de méritos CMA-DAFPS No. 01 de 2017 por valor de $141.188.027 para llevar a cabo la auditoría de los recobros y reclamaciones por servicios de salud.
La ADRES, terminó adjudicándole el multimillonario negocio a la empresa HAGGEN AUDIT LTDA., organizada con otras compañías en forma de Unión Temporal, que estaba inhabilitada para contratar con el Estado y estaba cuestionada por múltiples irregularidades.
La cuestionada HAGGEN, dedicada a los procesos de auditoría, habia tenido varios contratos sobre ese tema con la Supersalud, pero en la ejecución de los mismos, entre los años 2015-2016, recibió multas por incumplimiento de estos (por ejemplo el acto administrativo 2024 del 3 de noviembre de 2015 que le impuso multa por $ 1.141.039 dentro de sus obligaciones para realizar auditoría integral a la gestión realizada por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS).
La misma Superintendencia dentro del concurso de méritos cm-37-2016 le adjudicó nuevamente a la citada firma el contrato de auditoría más grande de esa entidad. El negocio estuve vigente y la firma HAGGEN en repetidas oportunidades fue citada a audiencias por incumplimiento.
La Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá le entregó a HAGGEN el concurso de méritos FFDS-cma-01-2016 para realizar la interventoría del PIC, el cual le fue revocado posteriormente por falsedad en las certificaciones expedidas por la propia HAGGEN, correspondientes a los profesionales presentados dentro de la mencionado proceso contractual.
En algunas de las reuniones suscritas entre la ADRES y la UT, antes de la firma definicita del contrato, esta se pronunció (la UT) sobre el conflicto de interés y manifestó: ” HAGGEN AUDIT como integrante del Consorcio AIGPE & HAGGEN AUDIT se declaraba impedido para la realización de la totalidad de las auditorías que la ADRES refirió en la comunicación y que tenían que ver con el Contrato 254 de 2016 y que igualmente el señor Carlos Alberto Pabón Mahecha se declaraba personalmente impedido para participar en la auditoría señalada en el Auto 538 de 2017 de la SNS así como en las auditorías que deberían hacerse en virtud del Contrato 254 de 2016. Señaló la Unión Temporal que ante la desaparición de las circunstancias tácticas que habían sido señaladas en el oficio 001431 de la ADRES, solicitaba la suscripción del Contrato”
La ADRES indicó que luego de lo expuesto y de cruzar información con la UT en la que esta manifestaba su disposición para suscribir el contrato y la entidad reiteraba que el plazo para hacerlo había vencido11 , citó a audiencia a los involucrados el 30 de enero de 2018, que después de escucharlos dio inicio a la etapa probatoria, y que luego de recibidos los alegatos de conclusión, la entidad mediante Resolución 2207 del 3 de junio de 2018 resolvió el procedimiento de revocatoria directa de la Resolución de Adjudicación 304 de 2017 por la cual “se adjudicó el proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto CMA- DAFPS001 de 2017.
La Adres puso de presente que finalmente, el 5 de julio de 2018 se expidió la Resolución 2602 de 2018 que confirmó la Resolución 2207 del 13 de junio de la misma anualidad, y en consecuencia, al mes, el 12 de julio, se suscribió el referido contrato de consultoría 080 de 2018, el cual estableció un periodo de transición de tres meses desde la suscripción del acta de inicio. Indicó que en este sentido, las labores de auditoría integral por parte de la UT iniciaron únicamente hasta el 1 de noviembre de 2018.
LA CORTE CONSTITUCIONAL TAMBIEN HA PARTICIPADO DE ESTE SEGUIMIENTO
El 5 de junio de 2019 y ante solicitud presentada por la Adres, en el marco del seguimiento a las órdenes 24 y 27 proferidas en la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional en cabeza del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, resolvió poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud, la situación expuesta por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, inicien las investigaciones y el acompañamiento necesarios para establecer la posible comisión de conductas que puedan derivar en responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria y administrativa, respectivamente. En consecuencia, remitirles copia del documento radicado en esta Corte el 22 de mayo de 2019 con radicado 000002704800 y del cd que contiene la grabación oficial de la sesión técnica sobre desviación de recursos que se llevó a cabo el 24 de abril de 2018.
Los responsables son más de los que hasta ahora están siendo investigados… esperemos los resultados.
