La salud mental infantil y adolescente ha ganado visibilidad como un componente esencial del desarrollo integral, en línea con los avances internacionales en salud pública. El nuevo Proyecto de Ley aprobado en tercer debate reconoce este derecho como fundamental, planteando la necesidad de acciones preventivas y de acompañamiento desde la primera infancia.
El articulado, impulsado por la senadora Liliana Bitar, busca reforzar el papel del Estado en la construcción de entornos protectores frente a riesgos psicosociales y a la creciente exposición de menores a amenazas digitales. “Es importante que los padres, la sociedad y los colegios en general tengan conocimiento de las diferentes formas de ciberacoso a los que están sometidos nuestros pequeños, porque, así como avanza la tecnología también aumentan los criminales en internet”, advirtió la legisladora.
Ciberacoso y violencia digital: amenazas reales con impacto en la salud mental infantil
Los tipos de violencia digital mencionados en la iniciativa; grooming, sexting, stalking, sextorsión y ciberbullying, son fenómenos que afectan directamente la salud emocional y mental de los menores. Diversos estudios en Latinoamérica han identificado una relación directa entre estas formas de acoso y el incremento de trastornos como ansiedad, depresión, ideación suicida y aislamiento social en población joven.
El proyecto busca transitar de un enfoque meramente punitivo o indemnizatorio hacia una justicia preventiva, fortaleciendo las capacidades institucionales para anticipar riesgos y establecer rutas claras de intervención, tanto a nivel escolar como sanitario.
Articulación entre salud, educación y justicia
Una de las principales innovaciones del proyecto es la intersectorialidad, ya que involucra a entidades prestadoras de salud (EPS), instituciones educativas, padres de familia y autoridades judiciales. El propósito es construir un sistema articulado que permita identificar signos de alerta temprana, brindar atención oportuna en salud mental, y desarrollar campañas pedagógicas que promuevan el uso seguro y responsable de las tecnologías.
El articulado también contempla capacitaciones especializadas para funcionarios públicos y docentes, con el objetivo de mejorar la detección de casos y su atención integral. Asimismo, se establece la obligación de formular proyectos de prevención desde el nivel territorial, adaptados a los contextos urbanos y rurales del país.
Salud mental y entorno digital: un binomio ineludible
En Colombia, la salud mental en menores de edad es una problemática creciente. Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, los trastornos mentales afectan a uno de cada cinco adolescentes, siendo el estrés escolar, los conflictos familiares y el uso excesivo de tecnologías los factores más comunes. La exposición a violencia digital exacerba esta situación, generando una sobrecarga emocional que muchas veces no es identificada ni tratada a tiempo.
Por ello, esta propuesta legislativa representa un paso clave en la consolidación de un sistema de protección integral, que no solo aborda las consecuencias de la violencia digital, sino que busca prevenirla mediante educación, regulación del entorno digital y cuidado psicosocial.
Un paso hacia la ley: balance y perspectivas
“La vulnerabilidad de nuestros menores de edad ante los peligros que cada día se encuentran en los entornos digitales, nos confirman la importancia de establecer políticas que los respalden y protejan”, afirmó la senadora Bitar al cierre del debate. Con la aprobación en la Comisión Séptima, el proyecto queda a la espera de su discusión en plenaria para convertirse en Ley de la República.
La comunidad académica y los profesionales de la salud mental han respaldado ampliamente la iniciativa, destacando su pertinencia en un contexto donde el acceso a internet ha crecido exponencialmente sin una regulación robusta sobre contenidos, interacciones y plataformas digitales dirigidas a menores.
En este sentido, Colombia se alinea con los compromisos internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices de la OMS y UNICEF, que insisten en el derecho de los niños a crecer en entornos digitales seguros, saludables y respetuosos. Ahora el Proyecto de Ley pasa a su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
