La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que el pasado 28 de julio de 2024 interpuso formalmente una solicitud de aclaración y un incidente de nulidad ante la Corte Constitucional, en relación con la Sentencia SU-277 de 2025, la cual anuló las resoluciones de intervención emitidas contra la EPS Sanitas.
Según la entidad, las acciones legales se presentan en defensa del derecho fundamental a la salud, el interés general y las funciones institucionales conferidas legalmente. El objetivo de la solicitud es obtener claridad sobre los trámites, procesos y procedimientos que deben desarrollarse como consecuencia del fallo, mientras que el incidente de nulidad pretende asegurar el respeto al debido proceso de la Supersalud como parte accionada dentro de la acción de tutela.
Supersalud – Corte anuló la intervención a Sanitas por violación al debido proceso
La acción de la Superintendencia se da tras la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia SU-277 de 2025, dejó sin efectos las resoluciones de intervención administrativa sobre la EPS Sanitas S.A.S., al considerar que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del grupo Keralty, propietario de la EPS.
La decisión fue adoptada por mayoría, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, dentro del expediente T-10.477.327. La Corte amparó los derechos de Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Keralty S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Juan Pablo Rueda Sánchez, quienes argumentaron que la Supersalud actuó sin ofrecer garantías procesales adecuadas.
Como parte del fallo, el alto tribunal dejó sin efectos tres resoluciones clave:
- Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenaba la toma de posesión de la EPS Sanitas por un año.
- Resolución No. 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corregía formalmente la anterior.
- Resolución No. 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, que prorrogaba la intervención por un año adicional.
La Corte consideró que estas decisiones violaron los principios de contradicción, defensa y legalidad, afectando el núcleo esencial del debido proceso. Además, ordenó remitir el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, con el fin de verificar si las actuaciones de la Supersalud se ajustan a los estándares constitucionales vigentes.
Ante este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene firme su posición institucional, defendiendo la legalidad de sus actos y solicitando a la Corte un pronunciamiento complementario que despeje cualquier incertidumbre jurídica respecto al curso de la supervisión y vigilancia sobre las EPS.