Supersalud ajustará resolución sobre suspensión del giro directo a la red prestadora de la Nueva EPS y asegura continuidad de pagos

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) anunció que actualmente realiza ajustes jurídicos a la resolución que había suspendido el giro directo desde la ADRES a la red prestadora de la Nueva EPS. Esta modificación se produce tras la controversia generada por el impacto que podría tener la medida en clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud.

Según la entidad, la nueva versión de la resolución será publicada el 5 de agosto de 2025. El cambio más relevante es la eliminación de la instrucción que ordenaba “suspender temporalmente el giro directo programado por la Nueva EPS S.A., a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución”. En su lugar, se establecerá una medida que no detiene los pagos, pero ordena a la EPS abstenerse de postular facturas y cuentas por pagar hasta que el contralor designado verifique y certifique el cumplimiento de los requisitos definidos por la Superintendencia.

Este nuevo enfoque apunta a un modelo de control previo del flujo de recursos, en lugar de una interrupción directa, con el objetivo de proteger la red de atención mientras se mantienen los mecanismos de vigilancia reforzada.

Prioridad en red pública y gestión territorial

Del mismo modo, la Supersalud emitió un parte de tranquilidad a los prestadores y proveedores vinculados a la Nueva EPS, tras las recientes medidas cautelares impuestas durante su intervención forzosa administrativa.

El superintendente Giovanny Rubiano García aseguró que los pagos que se vienen realizando desde Nueva EPS a su red de prestadores se mantendrán con normalidad durante el mes de agosto, y que las revisiones técnicas y administrativas que se desarrollen posteriormente no interferirán con la regularidad del flujo de recursos.

“El propósito de la medida es proteger a los usuarios de Nueva EPS, manteniendo pagos regulares a la red e incrementando los que corresponden para el mejoramiento de las carteras”, indicó el Superintendente.

Rubiano explicó que las decisiones adoptadas también buscan mejorar el flujo de recursos hacia la red de proveedores, con énfasis en la red pública hospitalaria y complementaria que responda a la gestión territorial. El objetivo es asegurar una red funcional que cubra todos los niveles de atención asistencial.

“Los usuarios no tienen por qué saturar los servicios de urgencias buscando citas médicas o servicios de baja y mediana complejidad, si cuentan con una red prestadora que garantice la prestación oportuna y eficiente en todos los niveles de atención”, afirmó el Superintendente.

Suspensión inicial del giro directo por riesgos críticos

La resolución original (N.º 20253200300006237-6 del 31 de julio de 2025) había establecido como medida cautelar la suspensión del giro directo de recursos de la ADRES a la Nueva EPS, ante la persistencia de omisiones y fallas que, según el ente de control, “representan un riesgo cierto y actual para la vida y la integridad física de los afiliados, así como para la adecuada destinación y trazabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)”.

La decisión también incluía seguimiento especial presencial y permanente en la sede principal de la EPS, así como múltiples órdenes al representante legal para mitigar los riesgos identificados y corregir deficiencias estructurales técnico-científicas, financieras y jurídicas.

Deficiencias estructurales que motivaron la intervención

De acuerdo con el concepto técnico del 30 de julio de 2025 emitido por la Dirección de Medidas Especiales de Supersalud, se identificaron graves fallas en la operación de la EPS, entre ellas:

• Persistencia de muertes maternas atribuibles a una respuesta ineficaz ante el riesgo obstétrico.
• Alta mortalidad en menores de cinco años por enfermedades prevenibles como desnutrición y afecciones infecciosas.
• Cobertura deficiente en tamizajes de cáncer de cuello uterino y de mama.
• Atención inoportuna a pacientes con diabetes, incluyendo barreras en la entrega de medicamentos e insumos.
• Más de 39.000 reclamaciones abiertas y vencidas por medicamentos y servicios, junto a 1.451 quejas sin gestión efectiva de pacientes crónicos y trasplantados.
• Rezago de 15,5 millones de facturas sin procesar, por un valor superior a 11,56 billones de pesos.
• Aumento del 199% en anticipos no legalizados, que pasaron de 3,6 a 7,1 billones de pesos entre diciembre de 2023 y febrero de 2025.
• Crecimiento exponencial de tutelas e incidentes de desacato por fallas en la garantía del servicio.
• Red insuficiente por cierres de IPS, fallas en contratación y deficiencias en la gestión farmacéutica.