La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que devolverá la EPS Sanitas a sus propietarios, en cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos las resoluciones de intervención. La decisión judicial obliga a la entidad de control a entregar la administración de la aseguradora, bajo advertencia de incurrir en desacato si no se acata lo dispuesto.
El alto tribunal, en decisión del 26 de junio de 2025, determinó que debían quedar sin efecto tres resoluciones emitidas por la Supersalud que habían ordenado, corregido y prorrogado la intervención forzosa de Sanitas. La Corte fue enfática en señalar que la EPS debía ser entregada nuevamente a sus dueños, bajo la advertencia de que el incumplimiento de la orden implicaría un desacato judicial.
Rubiano subrayó que, aunque se procederá con la devolución, existen cuestionamientos técnicos sin resolver: “No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios (…) Pero, por supuesto, aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces, se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos dueños”.
Viabilidad financiera en entredicho
El superintendente también manifestó su preocupación frente a la situación patrimonial de la EPS, al indicar que EPS Sanitas no cumple con los requisitos técnicos mínimos exigidos por la normatividad: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión de reservas técnicas. Estos indicadores, según la Supersalud, son esenciales para garantizar la sostenibilidad de las entidades y la protección de los usuarios.
Aseguró, además, que los requerimientos enviados a la Corte para obtener claridad sobre los fundamentos técnicos de la decisión no han recibido respuesta. Entre los argumentos que sustentan el fallo, el tribunal mencionó la supuesta insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), aspecto que Rubiano señaló “aún carece de soporte técnico”.
Acatamiento de la medida y análisis en curso
Pese a las dudas, Rubiano enfatizó que la Superintendencia Nacional de Salud debe cumplir estrictamente la orden judicial. “Finalmente, se procederá a devolver la EPS Sanitas a sus propietarios, subrayando que se trata de un mandato judicial que la Superintendencia debe acatar mientras continúan los procesos de análisis técnico y jurídico alrededor de la situación financiera de la entidad”, puntualizó.
De esta manera, el futuro inmediato de la EPS Sanitas queda marcado por el retorno a sus propietarios bajo la sombra de cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera, lo que reabre el debate en torno al modelo de aseguramiento, la suficiencia de la UPC y el papel de la intervención estatal en el sistema de salud.
