La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) dio a conocer los primeros resultados de la Oficina Regional Caribe, cuya sede se ubica en Riohacha. Desde allí, se radican y atienden las peticiones o solicitudes de los usuarios residentes en Cesar, Magdalena y La Guajira.
Durante estas primeras seis semanas de trabajo, la Supersalud ha llevado a cabo acciones de inspección en los diferentes actores bajo vigilancia, con el fin de identificar los puntos críticos que ponen en riesgo la adecuada prestación de los servicios de salud y la protección de los usuarios. Se ha enfocado principalmente en el departamento de La Guajira debido a la crítica situación identificada, especialmente en la población infantil y en las gestantes.
“Nuestro objetivo con la puesta en marcha de la Regional Caribe es garantizar presencia permanente y funcional para brindar soluciones efectivas y formular los correctivos necesarios ante hechos que vulneren los derechos de los usuarios, brindando más y mejores servicios a los ciudadanos”, aseguró el superintendente Ulahí Beltrán López al pronunciarse sobre el balance de la Oficina Regional Caribe.
Balance de las reclamaciones presentadas por la ciudadanía a la Oficina Regional Caribe
Según el monitoreo realizado a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentados entre el 25 de marzo y el 30 de mayo en la Oficina Regional Caribe, se ha registrado un total de 626 reclamaciones en La Guajira. De estas, el 34% corresponden a situaciones de riesgo de vida, lo que equivale a 213 casos.
Además, el ente de vigilancia y control sectorial manifestó su preocupación por la reapertura del 22% de quejas regulares; este porcentaje asciende al 25% de reclamaciones relacionadas con riesgo de vida. Al respecto, las EPS que acumulan el mayor número de quejas asociadas con el indicador mencionado son Nueva EPS, Cajacopi y Sanitas, las cuales, en su mayoría se encuentran abiertas y en seguimiento permanente.
En cuanto a los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, éstos concentran más del 90% de las reclamaciones presentadas en la Regional Caribe, desde La Guajira. Específicamente, Riohacha representa el 96% de las quejas, Maicao el 2%, y Uribia y Manaure el 1% restante.
“Hacemos un seguimiento a la gestión realizada uno a uno de los casos diariamente, con el propósito de evidenciar una respuesta efectiva a las solicitudes de los usuarios y de esta manera brindar garantías para el goce efectivo del derecho a la salud”, enfatizó el Supersalud.
Estos son los hallazgos de la auditoría hecha en La Guajira
Vale la pena recordar que, desde el 23 de marzo, la Supersalud ha estado verificando el cumplimiento de las responsabilidades de las Secretarías de Salud departamentales y municipales en relación con sus funciones y competencias. En el caso específico de La Guajira, la entidad llevó a cabo acciones de inspección del 5 al 11 de abril para evaluar el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias (CRUE).
Se encontró que el CRUE no cuenta con una estructura administrativa que garantice la prestación continua e ininterrumpida de sus servicios. El radio de comunicaciones se encontraba fuera de funcionamiento y no cuenta con un software que permita la sistematización de la información. Además, no dispone de un centro de reserva ni de un plan de contingencia activo en caso de ser necesario.
Por otra parte, se adelantaron mesas de inspección con la Asociación Indígena del Cauca – AIC, Salud Total, Familiar de Colombia, Dusakawi, Anas Wayuu, Coosalud, Cajacopi, Nueva EPS y Sanitas. Previo a los encuentros, la Supersalud solicitó información detallada sobre el numero de afiliados desglosados por municipio, detalle de la red de proveedores de servicios de salud, composición y relación de los equipos de respuesta inmediata, copia de los acuerdos de voluntades o contratos vigentes con la red de proveedores y los proveedores de tecnología en salud.
Como resultado, el ente de control ha emitido las siguientes alertas:
- Existe una deficiente caracterización y georreferenciación de la población por municipios y corregimientos, lo cual dificulta el acceso efectivo a los servicios de salud.
- Los acuerdos de voluntades no cumplen con los indicadores establecidos por la normativa vigente (Resolución 2350 de 2020 y el incremento del 16,23% de la UPC).
- Es preocupante que los equipos extramurales sean compartidos por la mayoría de las EPS que operan en el departamento, lo que resulta en una baja cobertura para la población.
- En los contratos de las EPS no se evidencian las condiciones definidas para la atención de servicios de urgencias, así como los servicios requeridos posteriormente sin egreso hospitalario. Además, la atención integral de la desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años y de las madres gestantes con complicaciones durante el embarazo no se encuentra adecuadamente especificada en dichos contratos.
Estas alertas fueron emitidas, durante la presentación del balance de la Regional Caribe, con el propósito de resaltar las deficiencias identificadas y promover mejoras en la prestación de servicios de salud en la región. De igual manera, se detectó desconocimiento de la población asignada, mediante la formalización contractual con la red prestadora de servicios; deficiencias en la captación temprana y seguimiento de grupos de riesgo; notificación tardía en relación a la mortalidad materna extrema y muerte perinatal y neonatal tardía.
