La Procuraduría General de la Nación obtuvo una decisión judicial clave para la protección de derechos fundamentales en el Amazonas. A través de una acción de tutela, el Juzgado Promiscuo de Familia de Leticia ordenó a la Nueva EPS garantizar de manera inmediata y prioritaria el acceso al tratamiento de diálisis para 40 pacientes que enfrentaban barreras críticas en la atención.
La tutela fue interpuesta por el Procurador Regional de Instrucción de Amazonas, quien solicitó medidas inmediatas ante el riesgo vital que enfrentaban los usuarios. El fallo obliga a la Nueva EPS a garantizar los procedimientos sin dilaciones ni obstáculos administrativos.
En caso de que los servicios no puedan prestarse en el municipio de Leticia, la orden incluye cubrir tiquetes aéreos de ida y regreso, así como el alojamiento, la alimentación y el transporte interurbano para los pacientes y sus acompañantes durante el tiempo de remisión.
El alcance de la decisión judicial no solo asegura el acceso a la diálisis, sino que también protege el derecho a una atención integral y digna, aspecto que la Procuraduría resaltó como fundamental para el respeto de los derechos constitucionales.
Instituciones del sector salud vinculadas al fallo judicial
El proceso judicial involucra directamente a la Unidad Renal del Amazonas, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud Departamental, quienes deberán articularse para garantizar la continuidad y calidad de los tratamientos.
La Procuraduría advirtió que la ausencia de mecanismos adecuados para garantizar la atención a pacientes renales constituye una violación de derechos fundamentales como la salud, la vida y la dignidad humana. De ahí que la tutela se orientara a restablecer de manera inmediata esas garantías.
Procuraduría alerta sobre riesgos clínicos por falta de diálisis
El Ministerio Público enfatizó a su vez que la no prestación oportuna de terapias de diálisis puede generar complicaciones graves e irreversibles, entre ellas desequilibrios metabólicos, acumulación de toxinas y falla multiorgánica, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de mortalidad.
En este sentido, la entidad destacó que la omisión de las EPS frente a estos procedimientos no solo vulnera derechos individuales, sino que compromete la responsabilidad del Estado frente a poblaciones en situación de especial vulnerabilidad, como las comunidades del Amazonas.
Fallo judicial refuerza derechos fundamentales en salud
Es clave mencionar que la tutela constituye un precedente importante en la defensa de los derechos fundamentales de los pacientes crónicos en regiones apartadas del país. La Procuraduría recordó que el artículo 49 de la Constitución Política establece la salud como un derecho fundamental y un servicio público a cargo del Estado, lo cual obliga a todas las EPS a garantizar su acceso sin importar las dificultades logísticas o territoriales.
El fallo también se enmarca en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los servicios de salud indispensables para preservar la vida y la integridad no pueden estar sujetos a barreras administrativas ni a trámites excesivos.
Nueva EPS deberá activar plan inmediato de cumplimiento
La decisión del juez obliga a la Nueva EPS a implementar un plan inmediato de acción para cumplir con el fallo. Esto incluye garantizar los cupos en las unidades de diálisis, cubrir los costos asociados y eliminar cualquier tipo de barrera de acceso que pudiera retrasar la atención.
La Procuraduría insistió en que no se trata únicamente de habilitar procedimientos médicos, sino de asegurar condiciones logísticas adecuadas, especialmente en un territorio donde las distancias, las limitaciones de infraestructura y la conectividad representan obstáculos permanentes para el acceso a servicios de salud especializados.
Amazonas evidencia fragilidad del sistema de salud
Este caso pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud en zonas apartadas como el Amazonas, donde la capacidad instalada es insuficiente para atender enfermedades crónicas de alta complejidad. La ausencia de centros especializados obliga a que muchos pacientes dependan de remisiones a ciudades del interior, lo que implica traslados costosos y desgastantes para ellos y sus familias.
Este escenario agrava la situación de las comunidades más vulnerables, que enfrentan barreras geográficas, económicas y culturales para acceder a una atención continua y de calidad. La tutela busca precisamente reducir ese impacto, garantizando que la carga no recaiga en los pacientes ni en sus acompañantes.
Derechos en salud, vida y dignidad en el centro del debate
La Procuraduría por otra parte argumentó que el desabastecimiento y la falta de acceso a la diálisis representan una violación directa de derechos fundamentales como:
- Salud: en tanto no se asegura un tratamiento esencial para la supervivencia.
- Vida digna: por la imposibilidad de recibir terapias que permiten preservar condiciones mínimas de bienestar.
- Igualdad: al generar inequidades territoriales y sociales que afectan de manera desproporcionada a las comunidades del Amazonas.
La acción de tutela, en este sentido, se convierte en un mecanismo eficaz de protección inmediata, reforzando el deber del Estado de garantizar cobertura y acceso equitativo en todas las regiones del país.
Fallo presiona a EPS y autoridades a revisar cobertura
Más allá de la atención puntual a estos 40 pacientes, el fallo tiene repercusiones para el sistema en su conjunto, dado que obliga a las EPS y a las autoridades de salud a revisar los mecanismos de cobertura en zonas apartadas, la suficiencia de la red de prestadores y las estrategias de transporte y alojamiento para pacientes que requieren tratamientos especializados.
La Procuraduría reiteró que la sostenibilidad del sistema no puede usarse como argumento para negar servicios vitales, pues el derecho a la salud y a la vida prevalece sobre consideraciones administrativas o financieras.
Tras la decisión judicial, la Procuraduría hará seguimiento al cumplimiento de la orden, evaluando que la Nueva EPS adopte medidas inmediatas y que las instituciones involucradas articulen esfuerzos para evitar nuevos episodios de vulneración.
La entidad insistió en que este tipo de acciones deben servir como alerta temprana para que el sistema ajuste sus capacidades en regiones críticas. En el Amazonas, donde las condiciones geográficas limitan la prestación de servicios especializados, garantizar la atención de los pacientes renales constituye un imperativo ético y legal.
