A través de una carta conjunta, la Procuraduría General de la Nación -PGN- y la Defensoría del Pueblo le piden al Gobierno garantizar los derechos laborales y de salud del personal sanitario del país. La misiva dirigida al Ministro de salud Fernando Ruiz y al Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera recuerda que con la Sentencia de Tutela N° 1100131100012020-000221 emitida por el Juzgado Primero de Familia se ordenó proteger los derechos fundamentales a la salud, a la vida y al trabajo digno del personal de salud.
Este fallo señala que el Ministerio de Salud y las ARL públicas y privadas deben junto con los empleadores garantizar de manera integral, constante y permanente el suministro de Elementos de Protección Personal -EPP- hasta que se de por superada la pandemia.
Sin embargo, la carta menciona que pese a lo establecido en la tutela se han presentado varios hechos lamentables como dificultades en la remisión de médicos a servicios de salud, quejas por el no pago de honorarios, salarios y seguridad social. A esto se le suma la incertidumbre por el precario flujo de recursos a las IPS que dificulta la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud.
Derechos de los trabajadores de la salud
Por lo tanto, la carta pide que al personal de salud les sean protegidos sus derechos, especialmente en los siguientes aspectos:
Protección contra riesgos particulares en materia de seguridad y salud en el trabajo:
- Prestaciones Económicas en el caso de incapacidad como consecuencia del contagio o aislamiento preventivo obligatorio.
- Atención en salud con oportunidad y calidad a través de las ARL en el evento de requerirla.
- Garantías y protección para sus familias en el caso de que ocurra su deceso.
- Protección para el ejercicio laboral, es decir, disponibilidad de EPP en cantidad y calidad como responsabilidad primaria de los empleadores y las ARL.
Trabajo en condiciones dignas y trato digno
- Vinculación laboral justa, dejando de lado la tercerización laboral como contratos sindicales que han precarizado la vinculación laboral.
- Pagos oportunos: la queja es persistente, por mora, retraso y rezago en los pagos de la remuneración al personal de salud.
“El país ha conocido sobre la existencia de un escenario formal de discusión relacionado con las condiciones laborales del sector salud, instancia a la que solicitamos ser convocados como garantes de los derechos de los trabajadores y de la formulación de la política pública en la materia” concluye la carta respecto a los hallazgos en materia de precarización laboral.
Teniendo en cuenta las pobres condiciones y garantías con las que se presume cuenta el personal de la salud, los dos órganos piden a Minsalud y Mintrabajo a:
- Garantizar la efectividad y realidad de las medidas adoptadas respecto de la declaratoria de enfermedad laboral del Covid-19 e implementar estrategias efectivas para resolver la situación de desprotección de algunos profesionales y las dificultades en la atención. No es suficiente la expedición de la norma y las instrucciones. La garantía cierta de la protección de los derechos es inaplazable.
- Fomentar el cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Covid-19, lo que incluye la entrega de los elementos de protección personal (EPP) con calidad, suficiencia, capacitación y entrenamiento, incluyendo los protocolos de atención y seguimiento a personal afectado por la atención a casos sospechosos o confirmados de Covid-19.
- Asignar los recursos y realización de gestiones efectivas -previstos por el Gobierno Nacional para atender la Emergencia- para el pago de las obligaciones salariales, honorarios y otras formas de prestación de servicio, aspecto en el que ya se ha avanzado. Se conoce que existen deudas laborales, incluidos los parafiscales en las instituciones públicas. Por lo que los gremios del personal sanitario, los trabajadores de la salud y las entidades que integran el Ministerio Público, requieren tener un panorama cierto y claro de estas realidades.
- Consolidar los esfuerzos para la implementación de estrategias de formalización laboral incluyente, justa y equitativa de todo el personal al servicio del sector de la salud, que propenda por la estabilidad laboral y asegure el bienestar físico, mental y social del mencionado talento humano en salud, dada la importancia que representa su labor para toda la comunidad.
- Involucrar en los escenarios de discusión a las diversas agremiaciones y a las distintas profesiones que tienen directa relación con la atención en salud de los enfermos.
Finalmente, la misiva resalta que el cumplimiento de estas necesidades es imperativo, ya que urge el cumplimiento de las acciones requeridas basados en la normatividad y las instrucciones dadas en diferentes leyes. El Ministerio Público continuará vigilando los avances en la implementación de medidas que mejoren los aspectos señalados.
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