Procuraduría formula cargos a exdirectivos de la Nueva EPS y Mallamas EPS Indígena por presunto uso indebido de recursos de la salud

La Procuraduría General de la Nación abrió procesos disciplinarios contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y contra el exgerente general de la EPS Indígena Mallamas, Segundo Libardo Tapié Alpala, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del aseguramiento en salud. Los hallazgos involucran más de $1.000 millones en el caso de la Nueva EPS y más de $73 millones en Mallamas.

Según el ente de control, en ambos procesos se habrían comprometido recursos de la salud en usos distintos a los legal y constitucionalmente permitidos, lo que constituye un posible quebrantamiento del principio de moralidad administrativa y una presunta falta disciplinaria gravísima.

Caso Nueva EPS: presunta destinación irregular de más de $1.000 millones

El pliego de cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente ejecutivo de la Nueva EPS, se relaciona con la autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario denominado “Plan Semilla” en la vigencia de 2020.

De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, los recursos que se utilizaron para financiar esta iniciativa provinieron de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), dineros que, según la normativa vigente, tienen destinación exclusiva para el aseguramiento en salud.

El órgano de control señaló que Cardona Uribe habría intentado justificar la ejecución clasificando este gasto dentro del componente administrativo, lo que podría haber implicado la transgresión de varias disposiciones.

Para la Procuraduría, esta actuación vulneraría principios básicos de la función pública. En su decisión provisional, calificó la conducta del exdirectivo como “falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

Frente a la formulación de cargos de la Procuraduría, el exdirectivo José Fernando Cardona Uribe emitió un comunicado en el que aclara:

• Dentro del periodo en que fue presidente de Nueva EPS se aprobó el Plan Semilla como un beneficio a los trabajadores de la entidad.
• El Plan Semilla consistía en el aporte que hacía la empresa de seis días de salario al colaborador por el ahorro voluntario de doce días que realizaban al año.
• Recordó que en Colombia es legal que las empresas otorguen beneficios para los empleados como apoyo a la educación de hijos, subsidios de vivienda, primas extralegales o bonos. En Nueva EPS, el único beneficio de este tipo era el Plan Semilla.
• En 2021, la Contraloría General de la República auditó la vigencia financiera de 2020 y reportó un hallazgo sobre el Plan Semilla. El caso fue trasladado a la Procuraduría.
• Tras la revisión de los elementos probatorios, mediante auto del 17 de agosto de 2022, la Contraloría delegada para el sector salud ordenó el cierre y archivo de la indagación preliminar.

Caso Mallamas EPS Indígena: pago de indemnizaciones con recursos de salud

De manera paralela, la Procuraduría formuló cargos contra Segundo Libardo Tapié Alpala, exgerente general de la EPS Indígena Mallamas, por presuntamente ordenar el pago de indemnizaciones laborales con cargo a los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud – Administración Régimen Subsidiado.

Los hallazgos indican que más de $73 millones fueron debitados de la cuenta destinada exclusivamente a la atención en salud. Con ello, según la Procuraduría, se habría vulnerado la normatividad vigente sobre el uso de estos dineros públicos.

El Ministerio Público precisó que el exgerente, al permitir esta operación, posiblemente “no actuó con la diligencia esperada frente a sus deberes”, quebrantando principios de economía y eficacia. Al igual que en el caso de la Nueva EPS, la conducta fue calificada de manera provisional como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Implicaciones para el sistema de salud

Cabe destacar que ambos procesos disciplinarios ponen nuevamente en el centro del debate la correcta destinación de los recursos públicos del aseguramiento en salud. La UPC y los fondos del régimen subsidiado constituyen la base financiera para garantizar servicios a millones de usuarios.

El desvío de estos dineros a usos no autorizados, como ahorros voluntarios o pagos de indemnizaciones, amenaza la estabilidad del sistema y afecta directamente la garantía del derecho fundamental a la salud. Entre tanto, la Procuraduría recordó que este tipo de conductas, de comprobarse, constituyen un serio atentado contra la moralidad administrativa y contra los principios que rigen la gestión de recursos públicos en el sector.

Próximos pasos en los procesos disciplinarios

Con la formulación de pliegos de cargos, ambos exdirectivos deberán responder en el marco de los procesos adelantados por la Procuraduría. El ente de control continuará la etapa probatoria para determinar si las presuntas irregularidades configuran responsabilidad disciplinaria y si corresponden sanciones en el marco legal.

Mientras tanto, el sector salud sigue enfrentando un escrutinio cada vez más riguroso sobre el uso de sus recursos. La Procuraduría enfatizó que este tipo de procesos buscan garantizar que los dineros destinados al aseguramiento en salud se utilicen únicamente para el propósito definido en la Constitución y la ley.