En ejercicio de su función preventiva y con el objetivo de proteger el derecho fundamental a la salud de los pacientes, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección directa a las instalaciones de la EPS Sanitas, como parte de su estrategia para vigilar de manera detallada la gestión técnica, jurídica y financiera de esta entidad promotora de salud.
La actuación estuvo liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, y se orientó a identificar los factores estructurales y operativos que estarían generando el aumento considerable de tutelas, peticiones, quejas y reclamos (PQRS) por parte de los afiliados de Sanitas en todo el país.
Diagnóstico sobre acceso efectivo, red prestadora y estados financieros
Durante la visita, el equipo de la Procuraduría recolectó información técnica, administrativa y financiera con el propósito de elaborar un diagnóstico que permita establecer las causas de los inconvenientes reportados por los pacientes y sus familias para acceder oportunamente a los servicios de salud.
Según informó la entidad de control, el análisis se concentrará especialmente en:
- El estado actual de las rutas de atención en salud.
- La suficiencia y funcionalidad de la red de prestadores, con especial atención a la atención de enfermedades de alto costo.
- La situación financiera de la EPS, incluyendo sus estados contables, la facturación y otros indicadores relevantes.
Esta evaluación busca determinar si existen fallas sistémicas en la operación de la EPS Sanitas que puedan estar vulnerando derechos fundamentales en materia de salud, y establecer las acciones correctivas necesarias desde el punto de vista disciplinario e institucional.
Información será contrastada con fuentes institucionales
Como parte del procedimiento, la información recolectada será contrastada con datos de otras entidades institucionales relevantes, lo que permitirá a la Procuraduría construir un diagnóstico integral, basado en evidencia verificable y criterios técnicos.
El objetivo final del Ministerio Público es garantizar que las EPS cumplan con su obligación legal de prestar servicios oportunos, continuos, integrales y de calidad a sus afiliados, y de esa manera contribuir a la realización efectiva del derecho a la salud en Colombia.