Procuraduría exige a Comfachocó restablecer servicio de ambulancia para garantizar el derecho a la salud en Bahía Solano

En una nueva acción orientada a salvaguardar los derechos fundamentales en zonas vulnerables, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Caja de Compensación Familiar Comfachocó explicar las acciones administrativas adoptadas para restablecer el servicio de ambulancia en el municipio de Bahía Solano, Chocó, suspendido desde diciembre de 2024. La medida busca garantizar la prestación oportuna, segura y digna del servicio de salud a los habitantes de esta región, mayoritariamente conformada por comunidades étnicas.

Según varias denuncias, desde hace cinco meses los pacientes están siendo trasladados en vehículos inadecuados como camiones y motocarros, lo que incrementa los riesgos médicos y vulnera su derecho a una atención en salud eficiente y efectiva.

Urgencia sanitaria y enfoque étnico

Ante este escenario crítico, la Delegada para Asuntos Étnicos del Ministerio Público instó también a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Superintendencia del Subsidio Familiar a tomar medidas concretas para garantizar el traslado de pacientes en condiciones que respeten su dignidad humana. Para el órgano de control, es imperativo que la prestación del servicio de salud en territorios como Bahía Solano se ajuste a los principios de eficiencia, equidad y enfoque diferencial, especialmente tratándose de poblaciones históricamente marginadas.

“La ambulancia del municipio está fuera de servicio desde diciembre de 2024”, señala el comunicado oficial, lo que evidencia una omisión grave en la garantía del derecho a la salud para esta comunidad costera del Pacífico colombiano.

Acción preventiva en defensa de los pueblos étnicos

La Procuraduría enmarca esta actuación dentro de su política preventiva para la protección y defensa de los pueblos étnicos, la cual tiene como finalidad el reconocimiento, la promoción y la protección tanto de los derechos individuales como colectivos de las comunidades autóctonas del país. En este caso, el objetivo es prevenir consecuencias graves derivadas del incumplimiento en la prestación de un servicio público esencial.

Finalmente, el Ministerio Público recordó que su rol como articulador institucional le permite extender recomendaciones y hacer llamados al cumplimiento de la normatividad vigente. “La Procuraduría actúa como articuladora, extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de su acción, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar solución a las situaciones que puedan afectar la prestación de los servicios públicos en territorio”, puntualizó la entidad.

Esta situación destaca, una vez más, la necesidad de asegurar infraestructura básica y servicios esenciales en zonas apartadas del país, donde la precariedad de la atención en salud pone en riesgo permanente la vida de sus habitantes.