Ante la crisis emergente en el sistema de salud colombiano, caracterizada por la posible salida masiva de Entidades Promotoras de Salud (EPS), el gobierno podría contemplar la declaración de un estado de excepción o emergencia. Esta medida permitiría gobernar el sistema de salud mediante decretos, buscando una solución inmediata y efectiva a la situación crítica.
¿Bajo qué circunstancias se podría declarar un estado de emergencia sanitaria en Colombia?
La declaración de un estado de emergencia sanitaria se basa el artículo 215 de la constitución política y está regida por la ley 137 de 1994, por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 215, permite al Presidente de la República declarar estados de excepción, incluyendo la emergencia económica, social y ecológica, ante situaciones que perturben o amenacen el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. Esta declaración habilita al gobierno para expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha establecido que dichos estados de excepción deben ser utilizados de manera restrictiva, proporcional a la magnitud de la crisis y orientados a la protección de los derechos fundamentales y el orden constitucional.
Antecedentes Jurisprudenciales
Colombia ha recurrido a la declaración de emergencia en varias ocasiones, como en la crisis energética de los años noventa y más recientemente en la pandemia de COVID-19. Estos precedentes muestran que la declaración de emergencia se ha utilizado para adoptar medidas extraordinarias que permitan al gobierno actuar de manera rápida y eficiente frente a crisis de gran magnitud.
¿Cómo podría declararse la Emergencia Sanitaria, Económica y Social?
La actual crisis en el sistema de salud podría justificar la declaración de emergencia sanitaria, económica y social. Para ello, el Presidente debe demostrar, con soporte en informes técnicos y científicos, que la situación actual pone en riesgo la salud pública, la estabilidad económica y el bienestar social, y que las medidas ordinarias son insuficientes o ineficaces para enfrentar la crisis.
Una vez declarada la emergencia, el gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley para adoptar medidas temporales que incluyen la reasignación de recursos del Estado, la modificación de procesos administrativos, y la implementación de políticas específicas para manejar la crisis.
La Revisión Constitucional de una Declaración de Emergencia en Colombia: Un Equilibrio entre Autonomía Ejecutiva y Vigilancia Judicial
La posibilidad de una declaración de emergencia económica, social y ambiental en Colombia, ante una crisis inminente, plantea un escenario donde el ejercicio del poder presidencial encuentra su contrapeso en la revisión constitucional por parte de la Corte Constitucional. Aquí exploramos el papel de la Corte en tal revisión y las circunstancias bajo las cuales una declaración de emergencia podría ser derogada por exceder los límites constitucionales.
El Marco de la Revisión Constitucional
La Constitución de Colombia en su artículo 215 otorga al Presidente la facultad de declarar estados de excepción, incluida la emergencia económica, social y ambiental. Sin embargo, esta potestad no es absoluta y está sujeta a la revisión de la Corte Constitucional, la cual tiene la tarea de garantizar que dicha declaración y los decretos legislativos expedidos bajo su amparo cumplan con los requisitos constitucionales y legales. La Corte evalúa:
- La pertinencia y necesidad de la declaración.
- La proporcionalidad de las medidas adoptadas.
- El estricto cumplimiento de los procedimientos legales.
- La no violación de los derechos fundamentales.
Causas de la Revocación de una Declaración de Emergencia
Una declaración de emergencia podría caerse o ser derogada por la Corte Constitucional por varias razones:
- Inexistencia de una situación que realmente amerite el estado de excepción: La Corte puede determinar que las circunstancias que motivaron la declaración no representan una amenaza inminente o un grave peligro para el orden económico, social y ambiental del país.
- Medidas desproporcionadas o irrelevantes: Si las acciones implementadas por el gobierno son desmesuradas respecto a la gravedad de la situación o no guardan relación directa con la crisis, la Corte puede declararlas inconstitucionales.
- Incumplimiento de los procedimientos: La omisión en el seguimiento de los procedimientos legislativos y reglamentarios establecidos para la declaración y ejecución de los estados de excepción puede ser causal de revocatoria.
- Violación de derechos fundamentales: Las medidas que restringen derechos fundamentales más allá de lo estrictamente necesario pueden ser revocadas por ser contrarias a la Constitución.
Consecuencias Políticas y Sociales
La caída de una declaración de emergencia podría tener serias implicaciones políticas y sociales:
- Desconfianza institucional: La revocación puede afectar la credibilidad del gobierno y la confianza en su capacidad para manejar crisis.
- Pérdida de herramientas de gestión: El ejecutivo podría verse privado de instrumentos clave para abordar la crisis, aumentando su gravedad y complicando su resolución.
- Implicaciones para la gobernanza: La derogación puede resultar en una revisión de las políticas y la necesidad de buscar alternativas dentro del marco legal ordinario.
Once (11) Posibles Consecuencias de una potencial declaratoria de emergencia económica, social y ecológica sobre la Institucionalidad Sectorial
La declaración de una emergencia sanitaria, económica y social en Colombia podría catalizar una transformación profunda en la estructura y funcionamiento del sistema de salud. Más allá de una reorganización temporal o permanente de las entidades del sector, esta situación extraordinaria ofrece una oportunidad para redefinir el modelo de salud hacia una perspectiva más preventiva y predictiva, en línea con las aspiraciones ejecutivas de mejorar la eficiencia y calidad del sistema.
- Hacia un Modelo Preventivo y Predictivo: Impulsar un modelo preventivo y predictivo implica una evolución significativa en la atención sanitaria, poniendo mayor énfasis en la prevención de enfermedades y la anticipación de riesgos para la salud pública. Este enfoque busca minimizar la incidencia de enfermedades crónicas y agudas, reducir la demanda en servicios de emergencia y optimizar el uso de recursos en el sistema de salud.
- Nacimiento de los CAPS: La emergencia podría acelerar la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), diseñados para fortalecer la atención primaria como pilar del sistema de salud. Los CAPS serían fundamentales en la detección temprana de condiciones de salud, la promoción de estilos de vida saludables y la descongestión de hospitales y clínicas especializadas.
- Transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida: En este nuevo panorama, las EPS podrían transformarse en Gestoras de Salud y Vida, centrando su gestión en el cuidado integral y continuo de los individuos. Esta evolución implicaría un cambio en su modelo de negocio, pasando de un enfoque principalmente financiero a uno orientado al bienestar y la prevención, gestionando recursos y servicios de manera que se maximice la calidad de vida y la salud de la población.
- Surgimiento de un Pagador Único: La crisis actual plantea la necesidad de simplificar y eficientar el flujo de recursos financieros en el sistema de salud. Esto podría concretarse en la figura de un pagador único (ADRES), unificando a los actuales, que asumiría la responsabilidad de centralizar y administrar los pagos dentro del sistema de salud, garantizando una distribución más eficiente y equitativa de los recursos, y de alguna manera asumiendo el riesgo integral del sistema de salud.
- Implementación de un Manual Tarifario de Salud Obligatorio: La adopción de un manual tarifario de salud obligatorio sería otra medida fundamental, estableciendo tarifas estandarizadas para los servicios de salud a nivel nacional con variantes territoriales. Esto contribuiría a eliminar las disparidades en los costos de los servicios y aseguraría una compensación justa y transparente para los prestadores de servicios de salud.
- Eliminación de los Contratos de Prestación de Servicios de Salud: Finalmente, se podría contemplar la eliminación de los contratos de prestación de servicios de salud en su forma actual, reemplazándolos por acuerdos más integrados que reflejen el enfoque preventivo y predictivo del sistema, y que estén alineados con los objetivos de salud pública.
- Compra y Distribución de Medicamentos Genéricos: La situación de emergencia podría enfatizar la importancia de los medicamentos genéricos dentro del sistema de salud. Al ser más económicos y accesibles, representan una estrategia viable para garantizar el suministro de medicamentos esenciales a la población. Se promoverían políticas de negociaciones y compras centralizadas para adquirir estos fármacos, buscando mejores precios y asegurando una distribución equitativa. Este enfoque no solo optimizaría los recursos limitados, sino que también mejoraría la accesibilidad a los tratamientos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
- Negociaciones y Compras Centralizadas: La centralización de la negociación y adquisición de tecnologías en salud se presenta como una alternativa estratégica para mejorar la eficiencia del gasto público. Mediante compras masivas y directas, se evitaría la fragmentación en la adquisición de insumos y servicios médicos, lo cual permitiría al Estado obtener mejores condiciones de mercado, como precios más bajos por volumen y mejores plazos de entrega.
- Distribución Pública de Tecnologías en Salud: La emergencia también podría abrir la puerta a un sistema de distribución pública más robusto y eficiente para las tecnologías en salud. Esto implica la creación de canales de distribución estatales o la fortalección de los ya existentes para manejar de manera centralizada el abastecimiento de medicamentos y otros insumos críticos, garantizando así su disponibilidad en todo el territorio nacional.
- Surgimiento del SPUISS: El Sistema de Información en Salud (SPUISS) surgiría como una plataforma centralizada para recopilar, procesar y analizar datos de salud en tiempo real, facilitando una toma de decisiones más informada y ágil en todos los niveles del sistema de salud. Este sistema sería crucial para la monitorización de la salud pública, el seguimiento de epidemias y la asignación oportuna de recursos sanitarios.
- Aceleración del SIIFA: El Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial (SIIFA) se convertiría en el mecanismo central para la trazabilidad de la información financiera del sector salud. Su implementación acelerada permitiría agilizar la transmisión y evaluación de datos financieros, acelerando el flujo de recursos y mejorando la transparencia en las transacciones entre las entidades participantes. La eficacia del SIIFA en la integración y análisis de información financiera y asistencial sería fundamental para la prevención de la corrupción, la reducción de la evasión y el aumento de la eficiencia administrativa.
Aspectos Económicos de una potencial declaratoria de emergencia económica, social y ecológica
Económicamente, la emergencia podría justificar la inyección de fondos estatales para estabilizar las EPS en crisis y mantener la prestación de servicios de salud. Sin embargo, esto podría aumentar el déficit fiscal y presionar las finanzas públicas, requiriendo un manejo cuidadoso para evitar efectos negativos a largo plazo como la inflación o el endeudamiento excesivo.
Aspectos Asistenciales
En el ámbito asistencial, la emergencia permitiría implementar medidas para asegurar la continuidad y calidad de la atención médica, como la movilización de recursos y personal entre regiones, la implementación de sistemas de atención temporal y la adquisición de insumos médicos de manera expedita.
Aspectos Administrativos de una potencial declaratoria de emergencia económica, social y ecológica
Administrativamente, la emergencia podría flexibilizar los procesos y procedimientos para agilizar la respuesta a la crisis, como la contratación de servicios, la adquisición de bienes, y la implementación de sistemas de información y gestión más eficientes.
Aspectos Políticos
Políticamente, la declaración de emergencia es una decisión que debe manejarse con sensibilidad, ya que puede ser vista como una medida extrema. Es fundamental que el gobierno mantenga una comunicación transparente y constante con la población, explicando las razones y los objetivos de las medidas adoptadas, para asegurar el apoyo y la comprensión de la ciudadanía.
Que dicen algunos líderes del país sobre el particular
De hecho, el exsuperintendente de industria y comercio y exviceministro de justicia, Pablo Felipe Robledo, por medio de su cuenta oficial de X dio a conocer la posible declaratoria de un estado de emergencia ante el colapso inminente del sistema que se está dando por las intervenciones administrativas (Nueva EPS – EPS Sanitas) por parte de la Supersalud a las EPS y por la liquidación voluntaria de algunas entidades de salud (EPS Compensar).
“Fuentes cercanas a mí en el “Alto Gobierno” me confirman que presidente Gustavo Petro ordenó en Palacio preparar declaratoria de un estado de excepción o de emergencia para gobernar con Decretos sastre el sistema de salud ante la crisis por él mismo provocada en las últimas horas”, escribió Robledo.
