El 98,2 % de la población que se autorreconoce negra, afrodescendiente, raizal o palenquera manifestó estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 2025. Entre quienes reportaron afiliación, el 74,2 % estaba cubierto por el régimen subsidiado y el 25,7 % por el contributivo, categoría que para esta medición incluye los regímenes especiales.
Los resultados, publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— el 20 de agosto de 2026, también muestran que el 35,9 % de esta población vivía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave. El indicador disminuyó 5,4 puntos porcentuales frente a 2024, pero mantuvo una diferencia importante entre las cabeceras municipales y los centros poblados y rural disperso.
Más de cuatro millones de personas se autorreconocen como población NARP
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 estimó que 4,016 millones de personas se autorreconocen negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras en Colombia. Esta cifra corresponde al 7,5 % de la población nacional.
Debido a que el resultado procede de una encuesta por muestreo probabilístico, el DANE señaló que la estimación tiene un margen de error. El número se encontraría entre 3,802 millones y 4,229 millones de personas, mientras que su proporción dentro de la población nacional oscilaría entre el 7,1 % y el 7,9 %.
La encuesta incluyó 87.060 hogares con información completa, conformados por 235.350 personas. Dentro de la muestra, 20.063 participantes se autorreconocieron como personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras.
Del total estimado de esta población, aproximadamente 2,556 millones residían en cabeceras municipales y 1,460 millones en centros poblados y rural disperso. En términos relativos, representaban el 6,2 % de la población de las cabeceras y el 11,7 % de quienes habitaban fuera de ellas.
El régimen subsidiado predomina especialmente en las zonas rurales
El porcentaje de personas que manifestó estar afiliada al sistema de salud pasó del 97,1 % en 2023 al 98,0 % en 2024 y al 98,2 % en 2025. Frente al último cambio, el DANE indicó que el resultado se mantuvo en un nivel similar al registrado el año anterior.
Por área de residencia, la afiliación alcanzó el 98,1 % en las cabeceras y el 98,6 % en centros poblados y rural disperso. La principal diferencia se presentó en la distribución por regímenes.
En las cabeceras, el 66,3 % de las personas afiliadas estaba en el régimen subsidiado y el 33,6 % en el contributivo. En centros poblados y rural disperso, el subsidiado concentró el 88,0 % de los afiliados, mientras que el contributivo representó el 11,9 %.
Estos porcentajes se calcularon únicamente sobre quienes manifestaron estar afiliados. La diferencia necesaria para completar el 100 % corresponde a la respuesta “no sabe, no informa”, según la precisión metodológica incluida por el DANE.
En la comparación departamental presentada en el boletín técnico, San Andrés fue el único territorio donde predominó el régimen contributivo, con el 68,2 % de los afiliados analizados. En los demás departamentos incluidos en la comparación prevaleció el régimen subsidiado.
La distribución por regímenes describe la modalidad de aseguramiento, pero no permite establecer diferencias en la calidad, oportunidad o efectividad de la atención recibida.
La inseguridad alimentaria disminuyó, pero afectó al 35,9 %
La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población negra, afrodescendiente, raizal o palenquera pasó del 41,3 % en 2024 al 35,9 % en 2025. La reducción se observó tanto en las cabeceras como en las áreas rurales.
En las cabeceras, el indicador disminuyó del 36,4 % al 32,1 %, lo que representó una reducción de 4,3 puntos porcentuales. En centros poblados y rural disperso pasó del 49,7 % al 42,6 %, una caída de 7,1 puntos.
Pese a la reducción, la prevalencia rural superó en 10,5 puntos porcentuales el resultado de las cabeceras durante 2025.
Sucre presentó el nivel departamental más alto de inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población analizada, con 66,5 %, seguido por Nariño, con 61,8 %. Los resultados más bajos señalados por el DANE correspondieron a San Andrés, con 5,1 %; Guaviare, con 20,4 %, y Valle del Cauca, con 22,4 %.
Las comparaciones departamentales deben leerse junto con las medidas de precisión publicadas en los anexos. Algunos resultados cuentan con coeficientes de variación superiores al 15 %, por lo que no es apropiado utilizarlos para elaborar clasificaciones adicionales sin considerar esa limitación.
¿Qué diferencias se observan en las fuentes de agua utilizadas por los hogares?
El informe también examinó las fuentes de agua utilizadas para preparar alimentos. En este apartado, las cifras corresponden específicamente a hogares cuyo jefe o jefa se autorreconoce negro, afrodescendiente, raizal o palenquero. Por tanto, no representan automáticamente a todos los hogares donde habita al menos una persona perteneciente a esta población.
En las cabeceras, el 78,8 % de los hogares estudiados utilizaba principalmente agua proveniente del acueducto público. En centros poblados y rural disperso, esa proporción fue del 16,9 %.
En estas últimas áreas, el agua lluvia fue la fuente principal para el 29,5 % de los hogares. Le siguieron el acueducto comunitario o veredal, con 19,1 %; el acueducto público, con 16,9 %; los ríos, quebradas, manantiales o nacimientos, con 13,7 %, y los pozos con bomba, con 12,0 %.
La encuesta identifica la fuente utilizada, pero no evalúa directamente su calidad microbiológica. En consecuencia, los resultados no permiten afirmar que todas las fuentes diferentes al acueducto público sean necesariamente no potables o inseguras.
¿Qué permiten concluir los resultados del DANE?
La medición confirma una afiliación elevada al sistema de salud entre la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. También evidencia que el régimen subsidiado es la modalidad predominante, especialmente fuera de las cabeceras municipales.
De manera paralela, el DANE identificó diferencias territoriales en seguridad alimentaria y en las fuentes de agua utilizadas por los hogares analizados. Estas variables permiten caracterizar condiciones de vida, pero no demuestran relaciones causales entre el régimen de afiliación, la alimentación y el acceso a servicios domiciliarios.
La encuesta tampoco mide directamente el acceso efectivo a consultas, medicamentos o tratamientos, ni la oportunidad y calidad de la atención. Por ello, sus resultados deben entenderse como una caracterización estadística de la población y no como una evaluación integral del funcionamiento del sistema de salud.
