La Unión Argentina de Salud (UAS) se ha manifestado en uno de los momentos más críticos de la pandemia, asegurando que su funcionamiento está en manos del gobierno nacional. Palabras más, palabras menos, no cuentan con los recursos financieros que se necesitan para continuar con sus operaciones y necesitan un amparo que les autorice a subir las cuotas que cobran a sus afiliados.

Por tal razón y valiéndose de la Ley de Medicina Privada -regulación que aparentemente no se ha cumplido-, el gremio de prestadores privados convocó a una rueda de prensa en la que dejaron en claro que tomarán medidas judiciales ante los incumplimientos que hoy los hacen totalmente insostenibles. En Argentina, el 70% de personas son atendidas de forma privada, modalidad que reúne distintos tipos de servicios como obras sociales, prepagas con y sin fines de lucro, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico y tratamiento, servicios de emergencia, personal en relación de dependencia y profesionales independientes, entre otros.

Según fuentes del sector que se comunicaron con medios de comunicación, desde 2011 cuando se sancionó la Ley de Medicina Privada hasta finales de 2020, el aumento en esta área fue de 1.049%. El costo de la salud, por su parte, experimentó un aumento del 1.900%. “Desde el año pasado, los prestadores y financiadores de la salud venimos advirtiendo públicamente acerca de la escasez y las distorsiones que se están dando en los precios de medicamentos analgésicos, sedantes y relajantes musculares indispensables para el tratamiento de pacientes en terapia intensiva“, señaló la UAS en oportunidades anteriores.

En sus declaraciones a la prensa, la UAS enfatizó en que se ha advertido de la gravedad de la situación en distintos momentos, incluso antes de la pandemia. Pero, “no hubo forma de generar un marco de ordenamiento entre las autoridades y el sistema privado de salud, para que éste pudiese generar una planificación que le permitiera tener mínimas certezas hacia el futuro”. Ante tales razones, se ha catalogado a la situación que afecta a la medicina privada en Argentina como un rotundo fracaso del diálogo y la política, caminos que se habían contemplado para concretar soluciones a esta problemática.

La principal queja de los prestadores privados es el interés del gobierno actual hacia la estatización. Hablado del sistema de salud, la organización que denunció públicamente la crisis financiera expresó lo siguiente:

Si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria.

A lo anterior se añade, “Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias”. Los argumentos de las prepagadas también están sustentados en la falta de confirmación oficial sobre los cambios que se quieren hacer al sistema de salud en Argentina. Al respecto, solicitaron al Gobierno que eleven la petición al Congreso en caso de optarse por la estatización.

“Aun cuando sigamos repitiendo aquel lugar común de que ‘la salud no tiene precio’; sí tiene costo y más en medio de una pandemia donde no se interrumpe la ley de la oferta y la demanda, y los insumos y medicamentos adquieren una importancia tal que sus valores se disparan y sus existencias muchas veces escasean, por el aumento y la necesidad indispensable de su uso”, expresó enfáticamente Claudio Belocopitt, presidente de la UAS durante la rueda de prensa.

Por su parte, desde la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA) se mencionó que la evolución del gasto en salud en el país autral registró su propia inflación, debido a la pandemia y al acelerado incremento en el precio de los medicamentos e insumos para terapia intensiva. “Según nuestros cálculos el desfasaje es del 36%, sin embargo, lo que propusimos es que nos permitan modificar los montos a cobrar según la variación salarial. No es lo más certero porque está debajo de la inflación pero lo que no podemos es retrasarlo más. Tenemos que ser sustentables“, expuso Ricardo Lilloy, presidente de dicha cámara.

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¿Cómo respondieron las autoridades de salud de Argentina?

Antes de conocerse la petición que realizaron los representantes de la medicina privada en Argentina, el Ministerio de Salud reconoció que se trabaja en un cambio para el sistema actual. “Estamos trabajando en conjunto, viendo que los programas de calidad, acceso y equidad se puedan trabajar cerca de la seguridad social, del sector privado. La pandemia fue una oportunidad para entender que la salud es una sola. De toda crisis se genera una oportunidad”, indicó Carla Vizzotti, ministra de salud durante una breve rueda de prensa.

Debido a la fragmentación que experimenta el sistema de salud en Argentina, el gobierno busca alcanzar un sistema de salud integrado, para que las áreas pilares: sistema de salud pública, las obras sociales y la medicina privada trabajen con mayor organización y cooperación entre sí. Para el Ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, “el sistema requiere mejorías y una nueva mirada sobre la situación que hemos vivido. También es cierto que la complejidad del sistema de salud en Argentina es de tal magnitud que eso merece mesas amplias de dialogo y búsquedas de un camino en común para construir un sistema de salud mas potente y mas orientado a resolver los nuevos desafíos del futuro”.

Hasta el momento no se han realizado nuevos pronunciamientos sobre la crisis de la medicina privada en Argentina.

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Una vez más, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre las devastadoras consecuencias que tendrá América Latina y el Caribe si no se acelera el proceso de inmunización contra covid-19. De acuerdo con cifras oficiales de la entidad, en algunos países solo se ha vacunado al 3% de su población, mientras que en otros este porcentaje no supera el 1%.

Para su directora, Carissa F. Etienne, cada día es más evidente la desigualdad en la cobertura de vacunación. Hoy en día, a pesar de los múltiples llamados internacionales, el suministro de biológicos se mantiene concentrado en unas pocas naciones, en contraste con un número elevado de países que deben esperar la distribución. “Esta historia no lo es: la desigualdad ha dictado con demasiada frecuencia quién tiene derecho a la salud”, aseguró la funcionaria en su reunión semanal sobre los avances de la pandemia.

Durante su intervención, la Dra. Etienne solicitó con urgencia a los países con mayor capacidad económica y con dosis excedentes a seguir el ejemplo de EE.UU. y realicen donaciones de los biológicos contra covid-19 para que se amplíe el acceso a las vacunas contra covid-19 en la región. Otros países que han efectuado donaciones han sido Canadá, país que se comprometió a aportar 50 millones de dólares canadienses, y España que entregará 5 millones de dosis. Cabe resaltar que se requiere una inmunización del 70% de la población que no está cubierta con el mecanismo internacional COVAX.

Sin embargo, si en las Américas y el Caribe la situación permanece igual, el control de la crisis sanitaria generada por el Sars-CoV-2 tardará años y aislará a la región de los territorios que estén en proceso de recuperación. “Hoy estamos viendo el surgimiento de dos mundos: uno que vuelve rápidamente a la normalidad y otro en el que la recuperación sigue estando en el futuro lejano”, destacó.

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“La situación epidemiológica es peor que la del año pasado”: OPS

Entre otras estadísticas presentadas por la OPS esta semana son las siguientes: EE.UU. ha vacunado a más del 40% de sus habitantes. Pero, países como Bolivia, Ecuador y Perú, solo han vacunado a 3% de su población en América Latina; Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras, ubicados en Centroamérica, no llegan al 1%. A esto debe sumarse el deterioro que las autoridades internacionales de salud han identificado para esta región: “Las tendencias que estamos viendo son claras: en toda la región, este año ha sido peor que el anterior. En muchos lugares las infecciones son más altas ahora que en cualquier momento durante esta pandemia” .

Durante las últimas dos semanas se ha evidenciado un aumento en los fallecimientos por covid-19 en Colombia y Bolivia. En varias ciudades de nuestro país, señala la OPS, las camas UCI están al límite de su capacidad o sobrepasadas. En Argentina, Uruguay y Chile se reportó un aumento de casos, justo en el momento en el que Chile había decidido habilitar la movilización dentro del territorio. En cambio en Brasil, Ecuador y Perú se ha registrado una reducción en los contagios.

“A pesar de que se han duplicado — o hasta triplicado — las camas de los hospitales en toda la región, las camas de las UCI están al máximo, el oxígeno se está agotando y el personal sanitario está desbordado”, lamentó la directora de la organización.

La semana pasada en el continente americano se reportaron casi 1,2 millones de nuevos casos y más de 34 mil muertes en las estadísticas oficiales de la OPS. Actualmente, 4 de los 5 países con mayor índice de mortalidad relacionada al covid-19 se encuentran en las Américas. “Si las tendencias actuales continúan, las disparidades de salud, sociales y económicas en la región aumentarán aún más, y podrían pasar años antes de que podamos controlar este virus en las Américas”, aseguró la representante de la OPS.

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El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) dio a conocer hace pocos días los lineamientos para la vigilancia de la morbilidad y mortalidad materna extrema. De igual forma, esto podrá ser utilizado en la prevención de complicaciones durante la gestación, su detección o tratamiento oportuno. Cabe destacar que la norma técnica está diseñado para el acompañamiento de la mujer durante el embarazo, parto y pueperio. “La vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna busca ser parte de un sistema nacional para reducir la cifra de decesos que permita la mejora de las políticas públicas”, indicó el doctor Cesar Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC.

De acuerdo con una investigación del CHR Michelsen Institute, Perú experimentó un retroceso de 5 años o más en las estrategias de prevención de la mortalidad materna. Si bien este indicador había mostrado una reducción gradual y progresiva desde la década de los 90, en el año de la pandemia las cifras se elevaron y el país se convirtió en una de las naciones latinoamericanas con las tasas de mortalidad materna y su incidencia más altas de la región.

En el informe en mención, se afirma que “al inicio de la pandemia, la principal preocupación en torno a las mujeres embarazadas era prevenir la exposición del feto a la enfermedad. Las agencias de salud no consideraron la salud materna o el riesgo de mortalidad como un asunto central”. Con respecto a la presentación de esta norma técnica, las autoridades de salud consideran que puede ser de gran utilidad para los especialistas, quienes podrán actualizar sus conocimientos.

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Se desconoce el nivel de retroceso sobre la mortalidad materna

De acuerdo con el MINSA, la norma técnica se implementará en los hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios de forma progresiva, tanto para el sector público como para el sector privado. Aunque esto puede ser una solución a largo plazo, se necesitan estrategias de aplicación inmediata y cuyos resultados puedan beneficiar a las pacientes en el menor tiempo posible.

Durante la presentación de la norma técnica, el Dr. Bremen de Muncio, asesor regional de Salud Materna de Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó un plan de acción para acelerar la promoción y prevención de la mortalidad materna en Perú.

*Se actualizará la información con el documento con la normativa técnica cuando esté a disposición del público.

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