Pacientes de la Nueva EPS alertan colapso en la atención: Defensoría del Pueblo exige medidas urgentes

En medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano por la falta de pagos de las EPS a hospitales y clínicas, la Nueva EPS se ha convertido en los últimos meses en una de las entidades más mencionadas por usuarios y autoridades. Los retrasos en los giros, la acumulación de deudas y la afectación directa en la atención han generado un creciente malestar entre pacientes y prestadores.

En este contexto, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió con una delegación de asociaciones de pacientes y personas usuarias, principalmente de la Nueva EPS, para escuchar sus reclamos relacionados con la garantía del derecho fundamental a la salud. El encuentro, realizado el 15 de octubre de 2025, evidenció la gravedad de la situación y la urgencia de medidas institucionales.

Al finalizar la reunión, Marín Ortiz reiteró la profunda preocupación de la Defensoría ante la coyuntura actual: “Acabamos de terminar una reunión donde pudimos escuchar los reclamos y preocupaciones urgentes que se encuadran en aquello que ya la Corte Constitucional ha definido: una crisis del derecho a la salud en Colombia, que consiste en una vulneración de este derecho a múltiples personas a nivel nacional”.

Un sistema de salud bajo presión financiera

La Defensora del Pueblo recordó que los reclamos de la ciudadanía se enmarcan en la crisis estructural del sistema sanitario, señalada también por la Corte Constitucional, la cual ha advertido sobre la vulneración generalizada del derecho a la salud en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, Marín Ortiz explicó que la Defensoría ha constatado a través de su trabajo misional que los problemas estructurales que afectan la atención se han agravado en los últimos años. “Esta crisis, que se gesta desde hace tiempo, se ha agravado notablemente en los últimos años. Este año ha resultado particularmente crítico, porque hemos evidenciado una preocupante regresividad en la garantía y la atención en salud”, manifestó.

La funcionaria insistió en que la situación actual refleja una regresividad en la protección del derecho a la salud, lo que se traduce en demoras, interrupciones de tratamientos y mayores barreras para los usuarios, especialmente aquellos pertenecientes a entidades intervenidas como la Nueva EPS.

¿Qué acciones adelantará la Defensoría del Pueblo frente a los reclamos?

Ante los reclamos de los pacientes, la Defensora Marín Ortiz aseguró que la entidad acompañará las solicitudes presentadas ante la interventora de la Nueva EPS y respaldará la creación de una mesa de trabajo que permita atender los reclamos prioritarios de los usuarios.

“Ellos han pedido la atención especialmente de la interventora de la Nueva EPS. Vamos a estar acompañando su solicitud y eventualmente una mesa de trabajo que se pueda establecer para atender sus reclamos”, afirmó la funcionaria.

La Defensora reiteró que la entidad seguirá ejerciendo sus competencias para garantizar el derecho a la salud de todas las personas que habitan el territorio nacional, en coordinación con las instituciones responsables del sistema y con acompañamiento permanente a las comunidades afectadas.

Coordinación institucional para superar la crisis

Durante su intervención, Marín Ortiz enfatizó la importancia de trabajar de manera articulada para enfrentar los problemas estructurales del sistema de salud. “Lo más importante es trabajar de manera articulada para resolver los problemas estructurales que afectan el derecho a la salud en Colombia”, señaló.

La Defensora subrayó que la entidad continuará ejerciendo su rol de vigilancia y protección, promoviendo el diálogo entre autoridades, entidades del sistema y usuarios, con el fin de generar soluciones sostenibles. Además, ratificó el compromiso institucional de la Defensoría con la observancia y defensa del derecho a la salud como principio fundamental del Estado Social de Derecho.

¿Cómo está impactando esta situación en el sistema de salud colombiano?

La crisis denunciada por los pacientes y reconocida por la Defensoría del Pueblo está generando consecuencias graves y crecientes en la operación del sistema de salud. Si la situación persiste, podría derivar en un deterioro progresivo de la red hospitalaria, aumento de la mortalidad evitable y un debilitamiento irreversible del modelo de aseguramiento.

En el plano asistencial, los retrasos en la atención y la suspensión de servicios están provocando interrupciones en tratamientos oncológicos, terapias de diálisis y suministro de medicamentos esenciales. Esto se traduce en riesgos clínicos directos para pacientes con enfermedades crónicas, quienes dependen de una continuidad terapéutica que actualmente no está garantizada. El colapso de los flujos de atención amenaza con incrementar las tasas de complicaciones, hospitalizaciones evitables e incluso muertes asociadas a la falta de oportunidad médica.

A nivel institucional, los hospitales y clínicas, particularmente los públicos, enfrentan un escenario de inviabilidad financiera. La falta de pagos por parte de las EPS ha obligado a suspender cirugías programadas, reducir horarios de atención e incluso cerrar temporalmente algunos servicios de urgencias o unidades de cuidado intensivo. De mantenerse esta tendencia, el país podría experimentar cierres definitivos de hospitales regionales y pérdida de capacidad instalada en servicios de alta complejidad, afectando la atención en zonas rurales y municipios intermedios.

En el componente sistémico y de política pública, la crisis erosiona la sostenibilidad del modelo de aseguramiento y limita la capacidad del Estado para responder a emergencias sanitarias o contingencias epidemiológicas. Si las EPS intervenidas no recuperan su equilibrio financiero, la presión sobre la ADRES y la red pública aumentará, obligando al Gobierno a realizar traslados de recursos que podrían desfinanciar programas de salud preventiva, vacunación o atención primaria.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo advierte sobre la necesidad de acciones urgentes y coordinadas para evitar un colapso funcional del sistema. Su llamado busca prevenir una crisis humanitaria silenciosa que afecte de manera directa la vida y la salud de millones de colombianos, y garantizar que el derecho a la salud se mantenga como un compromiso real del Estado y no como una promesa incumplida.

Un llamado a recuperar la garantía del derecho fundamental a la salud

El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo pone de relieve la magnitud de la crisis que atraviesa el sistema sanitario y reafirma la necesidad de una respuesta estatal coordinada. Los reclamos de los usuarios de la Nueva EPS se suman a las múltiples alertas sobre la regresividad en la atención y el debilitamiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud.

En un contexto de alta presión financiera y creciente desconfianza ciudadana, la Defensoría reitera su compromiso de acompañar a los pacientes, supervisar el cumplimiento de los compromisos institucionales y promover un enfoque de garantía real y efectiva del derecho fundamental a la salud en Colombia.