La Corte Constitucional de Colombia ordenó la suspensión inmediata de la mesa de trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) encargada de revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024, tras evidenciar irregularidades en su conformación, falta de participación efectiva y omisión de su propósito principal. La medida, contemplada en el Auto 504 de 2025, representa una advertencia seria sobre las consecuencias de dilatar decisiones que inciden directamente en el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
La decisión del alto tribunal fue recibida con respaldo, pero también con alarma, por parte del movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones del país. Para sus representantes, el fallo pone en evidencia lo que consideran una “mesa de papel” que no cumplió su mandato constitucional ni respondió a la gravedad del contexto que enfrenta el sistema de salud.
“Como sociedad civil, celebramos esta decisión de la Corte, pero nos preocupa que los retrasos en el tiempo obstaculicen la toma de decisiones. Hoy han terminado las mesas y, si el Gobierno cita unos nuevos espacios, se podría ir todo el 2025 sin lograr los ajustes. Las víctimas de hoy serán los muertos del mañana. Esta es nuestra principal preocupación. Nuestro derecho a la salud no puede esperar”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
Crisis silenciosa y vidas en riesgo
La UPC es el valor que el Estado paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado para financiar servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Desde 2021, organizaciones de pacientes han advertido que la UPC es insuficiente para cubrir los costos reales del sistema, especialmente en tratamientos de alto costo y enfermedades crónicas o huérfanas.
“Hoy en día, millones de colombianos se enfrentan a una crisis humanitaria silenciosa: desabastecimiento de medicamentos, barreras para acceder a tratamientos, citas retrasadas y servicios cerrados. La razón fundamental es la falta de recursos debido a la UPC rezagada desde 2021”, añadió Silva.
El fallo de la Corte responde a las denuncias acumuladas de distintos actores del sistema: pacientes, gremios, el Congreso y la Procuraduría. El tribunal encontró que el Ministerio de Salud había impuesto normas restrictivas, excluido a actores relevantes y desvirtuado el espíritu técnico y participativo con el que fue creada la mesa de revisión de la UPC mediante la Resolución 370 de 2025.
Incumplimientos reiterados
Pacientes Colombia, junto con la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) y el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU), participó como perito voluntario en la mesa técnica, haciendo seguimiento al cumplimiento del Auto 007 de 2025, que fijaba las condiciones para revisar y ajustar la UPC de forma urgente. Las organizaciones reportaron oportunamente los incumplimientos, entre ellos la falta de pluralismo, ausencia de información técnica suficiente y desconocimiento de los rezagos acumulados en la financiación del sistema.
“La Corte evidenció que dicha mesa no garantiza una participación efectiva, desconoce las directrices judiciales y omite el propósito principal de su existencia: revisar y ajustar con urgencia la UPC de 2024, que ha sido declarada insuficiente para financiar los servicios y tecnologías en salud”, señala el pronunciamiento de Pacientes Colombia.
Llamado a corregir de fondo
La Corte ordenó la suspensión de la mesa durante 30 días mientras se corrigen sus lineamientos. Si la notificación de esta decisión ocurre cuando las sesiones ya hayan culminado, el Ministerio de Salud deberá reiniciarlas cumpliendo estrictamente los parámetros establecidos.
“Exigimos al Gobierno nacional que cumpla de inmediato las órdenes de la Corte Constitucional, que garantice una mesa de trabajo realmente participativa, plural y técnica y que defina sin más dilaciones el reajuste justo de la UPC de 2024 y su mecanismo de corrección”, expresó Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo del ENHU.
Urgencia frente a la crisis del sistema
La insuficiencia de la UPC ha sido uno de los puntos críticos del debate sobre el financiamiento del sistema de salud en Colombia. Las organizaciones alertan que mientras no se tomen decisiones técnicas y participativas para corregir este desbalance, los prestadores seguirán viendo afectada su operación, y los pacientes, su derecho a la vida y a la atención digna.
“No podemos seguir dilatando las decisiones contundentes sobre la suficiencia de la UPC. La difícil situación financiera del sistema de salud, exacerbada por la falta de recursos, pone en riesgo la atención y la vida de los pacientes”, advirtió Diego Gil, director ejecutivo de FECOER.
El movimiento Pacientes Colombia insiste en que esta es una oportunidad clave para corregir el rumbo de la política pública en salud y reorientarla con base en principios de sostenibilidad, justicia y participación efectiva.
“Es hora de garantizar una participación real y efectiva que permita construir soluciones técnicas y sostenibles para financiar la salud. El tiempo se agota. La crisis humanitaria no puede esperar. Cada día de aplazamiento profundiza el sufrimiento de los pacientes. La salud es un derecho, no una opción”, concluyó Gil.