La administración de Joe Biden ha propuesto una norma que permitiría a los programas Medicare y Medicaid cubrir medicamentos utilizados para tratar la obesidad. Medicamentos como Wegovy y Zepbound, que han mostrado ser eficaces para ayudar a las personas a perder peso, estarían disponibles para más pacientes si la norma es aprobada.
La propuesta, aunque beneficiosa para el acceso a estos tratamientos, tendría un costo significativo de aproximadamente 40 mil millones de dólares durante los próximos diez años. Este gasto podría generar un impacto considerable en los presupuestos de los gobiernos federales y estatales si la norma se mantiene bajo la administración entrante de Trump.
Impacto socio-económico de la obesidad en Estados Unidos
La ley actual impide que Medicare cubra los medicamentos para bajar de peso, mientras que solo algunos programas estatales de Medicaid financian estos tratamientos. En una reciente declaración, Chiquita Brooks-LaSure, administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, subrayó que “las personas obesas merecen tener acceso asequible a medicamentos y apoyo”, destacando la creciente preocupación por la obesidad en Estados Unidos, que afecta a más del 40% de la población y se espera que llegue al 50% en 2030.
El tratamiento con agonistas del GLP-1 ha demostrado ser altamente eficaz, permitiendo a los pacientes perder entre un 15% y un 25% de su peso corporal. Además, estos medicamentos han mostrado mejoras en la salud cardiovascular y en enfermedades crónicas como la apnea del sueño. No obstante, su costo elevado, que supera los 10,000 dólares anuales, ha limitado su accesibilidad para muchos, a pesar de los programas de ahorro ofrecidos por las farmacéuticas. Según datos recientes, menos de uno de cada cinco planes patrocinados por empleadores incluye cobertura para estos medicamentos.
El acceso a los medicamentos para la obesidad, específicamente los GLP-1, ha sido limitado para los 72 millones de estadounidenses que tienen Medicaid, ya que solo 13 estados los cubren. Con la nueva interpretación de la ley, los reguladores buscan reconocer la obesidad como una enfermedad crónica, lo que permitiría una cobertura más amplia para los tratamientos. Este cambio responde a la creciente aceptación dentro de la comunidad médica de que la obesidad no es solo un problema de peso, sino una condición médica compleja. Según Meena Seshamani, directora de Medicare, “no se trata solo de perder peso, sino de tratar una enfermedad crónica”. Si se aprueba esta norma, se ampliaría el acceso a los medicamentos a 3,4 millones de personas en Medicare y 4 millones en Medicaid.
La nueva propuesta permitiría a las personas con un índice de masa corporal de 30 o más calificar para la cobertura de medicamentos para bajar de peso a través de Medicare, aunque los pacientes con sobrepeso más leve no estarían incluidos en esta ampliación. Además, se modifica el enfoque de Medicaid, garantizando que los medicamentos contra la obesidad no sean excluidos del programa de red de seguridad. Esta medida se percibe como positiva, sobre todo porque se espera que no genere aumentos en las primas o los costos de bolsillo, gracias a las protecciones que la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 ha implementado. Aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los ahorros anuales derivados de la cobertura de GLP-1 serán modestos, entre 50 millones y 1.000 millones de dólares, el impacto en la salud de los pacientes podría generar ahorros indirectos significativos.
El gobierno federal prevé un gasto de 11 mil millones de dólares en Medicaid durante los próximos diez años, con una contribución adicional de 3.8 mil millones de dólares por parte de los estados. A pesar de que aún no se sabe cómo responderán los estados, especialmente dado el impacto significativo de Medicaid en los presupuestos locales, la medida ha sido positiva para las farmacéuticas que producen medicamentos GLP-1. Empresas como Novo Nordisk y Eli Lilly, que venden Wegovy y Zepbound, respectivamente, han visto un incremento en sus acciones, lo que resalta el potencial financiero de este cambio. No obstante, los pagadores podrían enfrentar presiones para incluir estos tratamientos en sus planes de medicamentos de la Parte D de Medicare, lo que podría tener un impacto financiero considerable.
