Después de un año y seis meses bajo intervención estatal, la Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció el inicio formal de una auditoría forense que busca establecer con precisión las irregularidades administrativas, financieras y operativas ocurridas entre los años 2019 y 2025. El proceso será liderado por la firma SAG Assessment & Consulting, con el apoyo técnico de RATSEL, especializada en gestión integral de riesgos corporativos.
Esta medida responde a las directrices de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, y pretende garantizar la trazabilidad total del uso de los recursos públicos asignados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), así como la identificación de posibles actos de corrupción o fraude.
La auditoría forense de Nueva EPS busca esclarecer las irregularidades en la gestión administrativa y financiera
La auditoría forense fue concebida como un instrumento de transparencia institucional, orientado a identificar malas prácticas financieras, desviaciones en el uso de recursos y deficiencias en los procesos internos. Según el anuncio oficial, el alcance de la auditoría comprenderá los ejercicios fiscales de 2019 a 2024 y el primer semestre de 2025, un periodo en el que se concentran los principales cuestionamientos sobre la gestión histórica de la entidad.
El mandato a las firmas auditoras contempla la trazabilidad completa del flujo de recursos públicos, la razonabilidad de la información contable y la elaboración de un dictamen probatorio que documente los riesgos y las posibles responsabilidades derivadas. De igual forma, el análisis incluirá la reconstrucción de hechos económicos y contractuales, para determinar el impacto real de los flujos financieros sobre los estados financieros auditados.
La agente interventora destacó que este ejercicio no tiene fines punitivos inmediatos, sino de diagnóstico integral. “Por primera vez y desde el inicio de la intervención de Nueva EPS que completa un año y seis meses, podemos anunciar que ya se tiene la empresa que se encargará del proceso de auditoría y que permitirá conocer a fondo la realidad de los temas administrativos y financieros”, subrayó la Dra. Polanía Aguillón.
¿Qué áreas serán objeto de investigación y control durante la auditoría?
El proceso forense abarcará ocho frentes operativos clave, seleccionados por su incidencia directa en el flujo de recursos y la sostenibilidad financiera de la EPS. En contratación, se revisarán las modalidades contractuales, la concentración de proveedores, los costos asociados y las variaciones tarifarias. En facturación, se auditará el ciclo completo del costo médico, desde la radicación y conciliación hasta las glosas y devoluciones.
En materia de pagos, se evaluará la razonabilidad de los giros efectuados desde distintas fuentes de financiación y su coherencia con el reconocimiento contable del gasto. La auditoría a cuentas médicas medirá la eficiencia y el cumplimiento normativo en la revisión de servicios prestados, mientras que el componente de control interno y gobierno corporativo examinará la solidez de los estándares institucionales frente a los riesgos de fraude.
La revisión también se extenderá a la tecnología, verificando niveles de seguridad, automatización y trazabilidad de los sistemas de información, así como a la contabilidad, donde se analizarán las implicaciones tributarias de las deficiencias detectadas. Finalmente, el componente de ingresos permitirá contrastar la razonabilidad de los registros financieros con la base real de afiliados, giros y extractos contables.
Un proceso de transparencia que no afectará la atención a los afiliados
La dirección interventora aseguró que la auditoría no tendrá impacto sobre la prestación de servicios de salud ni sobre la red de atención nacional. “La salud de nuestros afiliados está asegurada. Esta auditoría que anunciamos no afectará la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos; llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo que garantice la prestación de servicios y la transparencia”, afirmó la agente interventora.
En ese sentido, el equipo interventor enfatizó que la medida se enmarca dentro del proceso de recuperación institucional y busca fortalecer los mecanismos de control financiero, transparencia administrativa y eficiencia en el uso de recursos públicos. El objetivo de fondo es garantizar la sostenibilidad operativa de Nueva EPS y la confianza del sistema de salud en su red de servicios.
El resultado de la auditoría permitirá establecer un panorama claro sobre las causas estructurales que motivaron la intervención, generar correctivos administrativos y, de ser el caso, activar los procesos sancionatorios correspondientes.
Hacia un modelo de gestión con trazabilidad y control
El inicio de la auditoría forense marca una nueva etapa en la intervención de Nueva EPS, orientada a la recuperación de la gobernanza corporativa y al fortalecimiento del control de recursos públicos. Con la participación de firmas con experiencia en prevención de lavado de activos, análisis de fraude y gestión de riesgos, el proceso se perfila como una herramienta decisiva para depurar las prácticas internas y fortalecer la rendición de cuentas del sistema.
De acuerdo con el cronograma anunciado, los primeros resultados deberán presentarse en los próximos meses, permitiendo identificar posibles responsabilidades y definir las medidas de saneamiento financiero que correspondan. El éxito de este ejercicio será determinante para la reconfiguración institucional de Nueva EPS y su sostenibilidad dentro del sistema de aseguramiento colombiano.
Las cifras detrás de la auditoría forense de Nueva EPS
La auditoría forense que adelanta la agente interventora de Nueva EPS se desarrolla en medio de una coyuntura financiera crítica para el sistema de salud colombiano, caracterizada por el aumento sostenido del gasto en aseguramiento, los atrasos en pagos a prestadores y las medidas de intervención administrativa aplicadas a las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país.
Flujos financieros bajo revisión: giros y ejecución de recursos
De acuerdo con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), durante 2024 se ejecutaron $83,2 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este valor representa el total de los recursos transferidos a las EPS y Entidades Adaptadas para financiar los servicios cubiertos con la UPC.
En el marco de 2025, los boletines técnicos de la ADRES “Lupa al Giro” confirman que los desembolsos mensuales se han mantenido por encima de los $7 billones. En abril de 2025, la entidad reconoció $7,14 billones por UPC para los regímenes contributivo y subsidiado, y en mayo de 2025, la cifra ascendió a $7,80 billones, consolidando un flujo promedio mensual cercano a $7,5 billones. Estos recursos son objeto de revisión dentro del proceso de auditoría forense, particularmente en lo relacionado con la trazabilidad contable de los pagos a prestadores y la consistencia entre los giros recibidos y la ejecución reportada.
El valor de la UPC para 2025 fue definido mediante la Resolución 2717 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, fijando una prima anual de $1.521.489,60 para el régimen contributivo y $1.323.403,20 para el régimen subsidiado. El ajuste representa un incremento del 5,36 % frente a 2024, según los componentes técnicos de actualización por inflación y costos en servicios de salud. La auditoría forense deberá verificar la correspondencia entre los ingresos por UPC recibidos por la EPS y los costos reales de atención reportados, así como la coherencia entre el número de afiliados y los valores girados mensualmente por la ADRES.
Una EPS de alcance nacional y alta responsabilidad financiera
Nueva EPS es actualmente el mayor asegurador en salud del país, con más de 11,6 millones de afiliados y presencia en 1.102 municipios, lo que equivale al 99 % del territorio nacional. Su tamaño implica una alta responsabilidad sobre la continuidad de los servicios médicos y la estabilidad económica de más de 3.000 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) contratadas a nivel nacional.
Antes de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 3 de abril de 2024, la EPS acumulaba un número significativo de reclamaciones de prestadores por pagos atrasados, conciliaciones pendientes y controversias en la gestión de los componentes No PBS (servicios y tecnologías no financiadas con la UPC). La Superintendencia fundamentó la medida en incumplimientos financieros y deficiencias administrativas que comprometían la oportunidad en la atención, la solvencia patrimonial y la sostenibilidad del aseguramiento.
En abril de 2025, la intervención fue prorrogada por un año, manteniendo a la agente interventora al frente de la operación institucional.
El inicio de esta auditoría no solo busca determinar responsabilidades administrativas, sino también reconstruir las causas estructurales que llevaron al deterioro financiero de la EPS y al aumento de deudas con hospitales y clínicas. Si se confirman irregularidades o desviaciones significativas, los resultados podrían derivar en acciones judiciales, procesos sancionatorios y ajustes regulatorios que servirán como precedente para futuras intervenciones del sector.
