De acuerdo con la información consolidada por la Gerencia Nacional de Tesorería de Nueva EPS, el 30 de septiembre de 2025 se confirmaron giros por $27.364.515.782 a diversas instituciones de salud del departamento del Cesar. Estos recursos corresponden a la facturación del mes de agosto y fueron postulados ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), cumpliendo con el cronograma de pagos establecido.
Los prestadores que recibirán estos recursos son: Grupo Clínica Médicos, Clínica Alta Complejidad de Aguachica, Empresa Multiactiva de Salud SERMULTISALUD, Clínica Valledupar, Clínica del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar y Clínica San Juan Bautista (La Guajira).
Con esta postulación, la EPS busca garantizar la continuidad de los servicios de salud en el departamento y cumplir con los compromisos financieros adquiridos con los diferentes entes e instituciones sanitarias.
Mesas de conciliación y limitaciones judiciales
En paralelo, Nueva EPS viene implementando una estrategia de saneamiento financiero en el Cesar y en otros departamentos del país. Durante septiembre se realizaron mesas de conciliación de pagos con prestadores de salud, lo que permitió establecer acuerdos orientados a saldar obligaciones pendientes.
No obstante, la entidad reconoció que algunos de los recursos comprometidos se han visto afectados por embargos judiciales aplicados a varias IPS. Esta situación, derivada de procesos legales propios de cada institución, dificulta temporalmente la ejecución de los giros, en cumplimiento de la circular 00000032 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, emitida el 29 de septiembre.
Frente a este escenario, la EPS hizo un llamado a las IPS del Cesar y del resto del país para mantener la participación activa en los procesos de conciliación y comprender las limitaciones que imponen los embargos.
Más de 3,5 billones girados a nivel nacional
Desde que la Dra. Gloria Libia Polanía Aguillón asumió la intervención de la Nueva EPS, se ha puesto en marcha un plan nacional para garantizar los pagos a prestadores por servicios de salud, especialmente aquellos relacionados con la cartera corriente.
Según la información oficial, entre agosto y la postulación de octubre, se han girado $3,567,557,800,000 (tres billones quinientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y siete millones ochocientos mil pesos) en los 32 departamentos del país.
Este esfuerzo se enmarca en la política institucional de transparencia, legalidad y recuperación financiera, buscando fortalecer la red de prestación de servicios de salud y asegurar la atención de los usuarios afiliados a la EPS más grande de Colombia.
Compromiso con la red hospitalaria y los usuarios
La agente interventora, Gloria Libia Polanía Aguillón, destacó que el proceso de saneamiento no solo apunta a regularizar la situación financiera con los prestadores, sino también a mejorar la calidad del servicio:
“Reiteramos nuestro llamado a los prestadores de salud, tanto públicos como privados, para continuar trabajando de manera articulada en beneficio de los usuarios. Seguiremos en la búsqueda de la mejor salud para cada colombiano afiliado a Nueva EPS. Para ello, es clave el compromiso de toda la red de atención”.
Este enfoque busca generar confianza en los actores del sistema de salud, en un contexto en el que la estabilidad financiera de las EPS y el flujo oportuno de recursos hacia los hospitales y clínicas son esenciales para la sostenibilidad del sistema.
Lo anunciado por la EPS contrasta con advertencias de la Procuraduría
Lo anunciado por Nueva EPS sobre los giros en el Cesar contrasta con la advertencia emitida por la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre el riesgo de suspensión de servicios médicos en el departamento a partir de octubre. Varios prestadores han señalado presuntos incumplimientos en los pagos, lo que motivó al Ministerio Público a exigir medidas inmediatas al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías de salud locales.
La Procuraduría exhortó a “realizar las gestiones pertinentes para que se cumplan con las obligaciones a la fecha con las instituciones prestadoras en el territorio”, señalando que la falta de pago podría derivar en barreras de acceso para miles de usuarios. El requerimiento incluye información detallada sobre las deudas acumuladas, planes de contingencia y acuerdos de pago en curso.