El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2026, por un total de $557 billones, cifra equivalente al 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB). De ese total, $26,3 billones están condicionados a la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento. Este presupuesto se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el cumplimiento del programa de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
El PGN 2026 incluye una activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, de acuerdo con la Ley 1473 de 2011 y su modificación por la Ley 2155 de 2021, en coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025. Esta herramienta, contemplada en sistemas fiscales modernos, busca mitigar riesgos macroeconómicos y permitir flexibilidad en contextos de presión sobre las finanzas públicas. El proyecto busca evitar “un ajuste fiscal que asfixie el crecimiento”, advirtiendo que “podría poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública”.
Según el MinHacienda, este proyecto propone un ajuste gradual, con responsabilidad macroeconómica, que preserve el nivel de gasto social sin deteriorar el equilibrio fiscal. En esa línea, se indica que un ajuste abrupto, que reduzca el gasto público en forma drástica, podría precipitar “una contracción económica significativa, con graves consecuencias sobre el empleo, la inversión y la calidad de vida de los colombianos”.

Un enfoque estratégico en el gasto para transformar el modelo productivo – Presupuesto General 2026
La apuesta del PGN 2026 no se limita a cumplir compromisos heredados, sino también redefine prioridades. Según el documento, “mientras otros financian la guerra, nosotros financiamos la vida, la paz, la seguridad y la modernización productiva con justicia social”.
El presupuesto busca redireccionar los recursos tradicionalmente concentrados en subsidios a combustibles fósiles y concesiones viales, los cuales, se argumenta, no han generado impactos estructurales en la reducción de la desigualdad regional ni en la transición hacia una economía diversificada. En su lugar, se priorizan sectores como salud preventiva, educación superior gratuita, transición energética solar, acceso al agua potable, movilidad férrea e implementación del Acuerdo de Paz.
Inversión pública: $88,8 billones programados para 2026
Pese a las restricciones presupuestales por vigencias futuras y deudas derivadas de la pandemia, el proyecto asegura una inversión pública de $88,8 billones, cifra equivalente al 4,6% del PIB. Esto representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2025 (4,3%).
La estructura del gasto se desglosa así:
Concepto | 2025 (billones) | 2026 (billones) | Variación % | % del PIB 2026 |
Funcionamiento | $329,3 | $365,7 | 11,1% | 18,1% |
Servicio de la deuda | $112,6 | $102,4 | -9,0% | 5,3% |
Inversión | $84,0 | $88,8 | 5,7% | 4,6% |
Total PGN | $525,8 | $557,0 | 5,9% | 28,9% |
Total sin deuda | $413,2 | $454,5 | 10,0% | 23,6% |
La reducción en el pago de intereses (de $59,3 billones a $41,2 billones, una caída del 30,4%) es resultado de operaciones de manejo de deuda en mercados financieros, lo que libera recursos para otras prioridades.
Gasto rígido y cumplimiento de mandatos constitucionales
El gasto de funcionamiento permanece como el componente más rígido del PGN, ascendiendo a $365,7 billones en 2026 (18,1% del PIB). Cinco rubros explican cerca del 80% del crecimiento:
- Sistema General de Pensiones, incluidas asignaciones de retiro
- Aseguramiento en salud
- Educación Superior Pública
- Gastos operacionales de Defensa, Policía, Rama Judicial, Fiscalía y órganos autónomos (Congreso, Contraloría, Procuraduría y Registraduría)
Esta composición deja un margen estrecho para programación de nuevo gasto, por lo que el proyecto “programa el pago de esas inflexibilidades del gasto” y garantiza “niveles de inversión pública y gasto social, en un marco de sostenibilidad fiscal”.
Supuestos macroeconómicos para 2026: inflación a la baja y recuperación moderada
Por otra parte, el proyecto se sustenta en supuestos macroeconómicos presentados al Congreso el pasado 13 de junio de 2025:
Indicador | 2025 | 2026 |
Inflación (%) | 4,5 | 3,2 |
Devaluación promedio (%) | 4,7 | 3,4 |
Tasa de cambio (promedio) | $4.265 | $4.408 |
Crecimiento PIB real (%) | 2,7 | 3,0 |
PIB nominal (billones) | 1.815 | 1.929 |
Importaciones (millones US$) | 63.544 | 65.873 |
Cuenta corriente (% PIB) | -2,3 | -2,5 |
MinHacienda hace un llamado a establecer un “Pacto Fiscal”, que permita alcanzar consensos sociales y políticos para viabilizar las reformas estructurales necesarias. Estas reformas deben aumentar los ingresos corrientes de la Nación y garantizar “niveles de gasto público financieramente sostenibles, dentro de altos estándares de calidad y eficiencia”. Asimismo, advierte que sin este acuerdo “las reformas económicas y sociales que requiere el país para afrontar sus retos estructurales quedarían truncadas”.
Distribución del gasto por sectores proyectadas para 2026
En el caso de salud y protección social, el presupuesto pasa de $67,2 billones en 2025 a $78,1 billones en 2026, lo que representa un aumento de $10,9 billones y una variación positiva del 16,2%. Este incremento refuerza el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema de salud pública, la atención primaria, la protección social y la implementación de los acuerdos de paz.
Por su parte, el sector de ciencia, tecnología e innovación registra un crecimiento aún más notable en términos relativos, al pasar de $302 mil millones en 2025 a $385 mil millones en 2026, equivalente a un incremento del 27,5%. Este aumento, aunque modesto en valor absoluto, evidencia un esfuerzo por dinamizar la transformación productiva, la digitalización y la generación de conocimiento como motores del desarrollo nacional.
