En el acompañamiento realizado por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) se evidenció un avance en los diferentes componentes de los hospitales para la prestación de los servicios médicos y se encuentran al día con el pago del personal.
Como parte de la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y proteger los recursos públicos, la Supersalud decidió terminar la medida de intervención forzosa que regía hace varios años en los hospitales Julio Méndez Barreneche y Alejandro Próspero Reverend. La Gobernación de Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta serán las encargadas de asumir la administración de estas dos entidades.
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Durante el acto de entrega de los dos hospitales al Gobernador Carlos Caicedo y a la Alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, mencionó que se generaron actas para restituir la gobernanza territorial y “ahora esperamos la consolidación de la red territorial de salud para que se asegure el proceso de atención en salud que requiere la población en concordancia con las políticas públicas de salud”.
Acordes con las decisiones de la Superintendencia, les corresponde a las entidades territoriales designar a los nuevos representantes legales y miembros de las juntas directivas de los hospitales.
El hospital Julio Méndez Barreneche permaneció en intervención durante 2 años y medio. La Superintendencia señaló que al finalizar el mes de agosto de 2022 el hospital logró garantizar el mantenimiento a la infraestructura, a los equipos biomédicos e industriales. Supersalud también indicó que es necesario agilizar los procesos de depuración de facturas y realizar actividades para solventar las fallas que generan retraso en esa área.
Los datos económicos evidencian que existe una pérdida operacional por un valor de $ 5.290 millones, una cartera por venta de servicios de $112.021 millones a agosto de 2022 y un pasivo por $67.466 millones de pesos. En las cifras se observa que el patrimonio del hospital bajó, al pasar de $211.263 millones en 2020 a $177.165 millones en 2022.
En la resolución se dejó constancia que “se debe continuar con la evaluación y valoración de los procesos judiciales, toda vez que existe riesgo derivado del número de demandas en contra, teniendo en cuenta que el valor a corte agosto de 2022 asciende a $74.808 millones”. Esto se debe a que los procesos judiciales son una “circunstancia que atenta contra la sostenibilidad financiera y que puede causar repercusiones en la prestación de los servicios en salud”.
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Por su parte, 3 años y 5 meses fue el período acumulado por el hospital Alejandro Próspero Reverend durante el proceso adelantado por la Superintendencia. En el documento de su resolución se resalta que la entidad logró garantizar la prestación de sus servicios en el 75% de sus sedes habilitadas. Además, el hospital mejoró su reacción oportuna de atención a los usuarios.
Al comienzo de las medidas tomadas, la entidad tenía su facturación mensual en 2.687 millones de pesos, no obstante para el mes de agosto del 2022 la facturación se ubicó en 3.213 millones. Los pasivos totales del hospital para 2022 fueron de $21.401 millones, lo cual muestra un incremento del 14% entre mayo del 2019 y agosto de 2022. Finalmente, su patrimonio tuvo una disminución en la etapa de intervención pasando de $23.885 millones en 2019 a $10.373 millones en agosto de 2022.
En ambos hospitales, los agentes interventores designados por la Supersalud del Gobierno anterior deberán hacer entrega de los bienes y quehaceres a los nuevos representantes que se designe, realizando un respectivo empalme para garantizar la prestación del servicio de salud. También se darán por terminada la designación hecha de las firmas contraloras.
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