Procuraduría extiende investigación contra exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal por intervención a EPS Sanitas

La Procuraduría General de la Nación anunció el pasado 27 de junio de 2025 la prórroga por tres meses de la investigación disciplinaria contra el exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades en el proceso de intervención de EPS Sanitas. Esta medida se produce apenas horas después de que la Corte Constitucional dejara sin efecto la intervención administrativa sobre esta entidad promotora de salud, alegando vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

El órgano de control también extendió la indagación a otros funcionarios involucrados en la decisión, incluyendo a Beatriz Noguera, superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud y esposa del ministro de Salud, así como a miembros del Comité de Medidas Especiales y asesores del despacho que participaron en la adopción de la medida.

Presuntas irregularidades en la toma de posesión

De acuerdo con la Procuraduría, la decisión de prolongar el proceso investigativo responde a la necesidad de practicar nuevas pruebas, recabar testimonios clave de testigos y quejosos, y esclarecer si la conducta de los funcionarios implicados configura una falta disciplinaria.

La intervención a EPS Sanitas, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 2 de febrero de 2024, generó desde el inicio controversia técnica y jurídica, tanto por los fundamentos financieros invocados como por la omisión de pronunciamientos previos de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Dichos autos advertían sobre la insuficiencia estructural de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el retraso en el giro de los Presupuestos Máximos, factores que debían ser considerados al evaluar la solvencia de las EPS.

Decisión de la Corte Constitucional: el punto de inflexión

Recordemos que la Sentencia SU-277 de 2025, emitida el 26 de junio, anuló las resoluciones de intervención y su prórroga contra EPS Sanitas, argumentando que la Superintendencia Nacional de Salud no valoró debidamente los pronunciamientos judiciales previos sobre el contexto financiero del sistema. Y aunque aún no se conoce el fallo como tal, el alto tribunal determinó que la medida vulneró el derecho al debido proceso de la entidad, sus accionistas y exrepresentante legal, lo que obligó al retorno inmediato de la EPS a control de su grupo empresarial, Keralty.

Esta medida representa un hito jurídico sin precedentes en la historia reciente del sistema de salud colombiano, y ha generado un ambiente de incertidumbre legal y política, tanto por el precedente que sienta sobre el alcance de las facultades del ente de vigilancia, como por las posibles repercusiones para los funcionarios involucrados.

En juego, la responsabilidad disciplinaria y la credibilidad institucional

La prórroga decretada por la Procuraduría pone en foco la responsabilidad disciplinaria de los altos funcionarios que participaron en la intervención y permitirá determinar si hubo exceso de poder, omisiones procedimentales o una desviación del marco legal aplicable.

El proceso también será determinante para restablecer la confianza institucional en los organismos de vigilancia del sistema de salud, así como en el papel que deben jugar frente a la protección del interés público y el respeto por las garantías jurídicas de los actores del sistema.