Luego de la intervención de la Superintendencia de Salud (Supersalud) a la EPS Sanitas, en la tarde del miércoles 3 de abril de 2024, mientras también se daba la intervención de la Nueva EPS, el grupo Keralty, quien es dueño de la segunda EPS más grande del país rechazó de forma energética y contundente la medida, catalogándola como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.
Es importante mencionar que la EPS Sanitas, la cual tiene a 5.7 millones de personas afiliadas en todo el país, fue intervenida por el plazo de un año. Según Supersalud, entre las principales razones que motivaron al ente veedor a toma esta medida refiere al caso del patrimonio adecuado, el cual registra incumplimiento en la vigencia 2023; y en el indicador de reservas técnicas, la entidad no cumple desde el cierre de la vigencia 2020 a 2023.
“Los resultados del indicador de siniestralidad PBS financiada con la UPC del Régimen Contributivo y la Movilidad del Régimen Subsidiado entre el cierre de la vigencia 2019 a 2023 aumentó en 11%, pasando del 92,9% al 103,9%”, señaló el ente de vigilancia y control en la resolución. Adicionalmente, con corte a enero de este año, la EPS tiene una tasa de reclamaciones en salud de 26.07. Y se cuentan 15.070 reclamaciones que corresponden a enero de 2024.
Ante la gravedad de la situación y del riesgo que representa para los usuarios, la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud recomendó la intervención de la EPS Sanitas “con la finalidad de realizar otras operaciones que garanticen la prestación de los servicios de salud de los usuarios y desarrollar el objeto social de la entidad”.
No obstante, Keralty indicó que la falta de sostenibilidad financiera de la EPS se debe principalmente a la inacción gubernamental, evidenciada en la falta de análisis adecuados sobre aspectos críticos como la insuficiencia de la UPC, la acumulación de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. A pesar de las alertas emitidas en diversos foros ante el Ministerio de Salud, la ADRES y otras entidades, no se han encontrado soluciones efectivas.
Igualmente, la entidad manifestó que no se consideró que en diciembre de 2023 la EPS Sanitas presentó ante la Supersalud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna; de tal manera que el acto administrativo emitido para la intervención desconoce esto.
Frente a los indicadores de quejas que hace referencia el acto administrativo de la intervención de la Supersalud, Keralty explicó que este argumento refleja un análisis parcializado que no corresponde con la realidad del servicio de la entidad de salud dado que afirma que el promedio de quejas durante el 2023 “supera significativamente el promedio nacional” cuando el indicador es similar a la medida del sector. En cuanto a las reservas técnicas, la entidad dio claridad en que a la fecha la EPS Sanitas cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos.
De otro lado, la entidad puso sobre la mesa que esta medida de intervención forzosa puede “comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”.
EPS Sanitas tomará medidas ante la intervención forzosa de la Supersalud
Dadas las consideraciones expuestas por el grupo Keralty, señalaron que analizarán las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando así la administración de la EPS Sanitas en beneficio a los afiliados y colaboradores.
A su paso, también manifestaron su compromiso y trabajo continuo para seguir cumpliendo con el rol de excelencia que los ha caracterizado, teniendo un “interés genuino y permanente con la salud y el bienestar de nuestros usuarios”.
