Gobierno recorta en $10 billones el Presupuesto General de la Nación 2026; salud se mantiene como gasto inflexible

El Gobierno Nacional presentó ante las comisiones económicas del Congreso el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, en medio de lo que denominó una “coyuntura fiscal excepcional”. El Gobierno destinó un recorte de $10 billones al Presupuesto, que pasa de $556,9 billones a $546,9 billones, junto con una reducción de la ley de financiamiento de $26,3 billones a $16,5 billones. La decisión busca facilitar acuerdos con el Congreso sin desestructurar los rubros sociales esenciales.

El Ministerio de Hacienda precisó que la decisión responde a presiones excepcionales derivadas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el aumento de las obligaciones de servicio de deuda pública, los compromisos de subsidios en energía y gas y otros gastos obligatorios que presionan las finanzas del Estado.

El Ejecutivo también destacó que este ajuste se diseñó para no afectar los rubros sociales catalogados como inflexibles, como salud, educación y pensiones, que representan el núcleo del gasto público social. El mensaje central fue claro; la sostenibilidad fiscal debe lograrse sin debilitar la red de protección social que sostiene al país.

Activación de la cláusula de escape de la regla fiscal

Para evitar un ajuste abrupto que comprometa la dinámica de la economía, el Ejecutivo decidió activar la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que le permite distribuir la corrección de la brecha fiscal en un horizonte de tres periodos fiscales. Según el Gobierno, aplicar el ajuste en un solo año habría implicado “paralizar el Estado” y generar una recesión indeseable.

La medida busca garantizar la sostenibilidad de la inversión pública y mantener el crecimiento económico como principal herramienta para estabilizar las cuentas fiscales. En este sentido, el Ministerio de Hacienda recalcó que no se superarán los límites de endeudamiento previstos por la normativa de la regla fiscal, aunque se adoptará una estructura más flexible para la ejecución presupuestal.

El Ejecutivo sostuvo que el presupuesto presentado no constituye un gasto desproporcionado, sino una propuesta “prudente, conservadora y responsable” que asegura la continuidad de programas sociales y de inversión, al tiempo que responde al contexto de un déficit creciente.

Ingresos: prudencia en proyecciones y mayor peso de capital

El marco de ingresos del presupuesto, tras el recorte, queda así:

• Ingresos corrientes: $303 billones, con ingresos tributarios por $301 billones y un crecimiento proyectado de 1,8% frente a 2025 (proyección “prudente” tras la revisión de -$18 billones efectuada en 2025 por las desviaciones de 2023–2024).
• Recursos de capital: $176 billones, desagregados en crédito interno $85 billones, crédito externo $57 billones y dividendos/utilidades $20 billones.
• Ley de financiamiento: ajustada a $16,5 billones (desde $26,3 billones).
• Establecimientos públicos: $29,6 billones.

El Gobierno destacó operaciones de deuda que permiten reducir en $10 billones el costo del servicio en 2026, apalancadas en emisiones recientes (incluido mercado en euros) con buena respuesta del inversionista internacional.

Presupuesto General de la Nación 2026: funcionamiento, deuda e inversión

Con el nuevo techo, la estructura del gasto mantiene los tres grandes componentes:

• Funcionamiento: $365,7 billones.
• Servicio de la deuda: $102 billones (con la reducción de costo prevista).
• Inversión: $88,7 billones, +5,7% frente a 2025.

Dentro de gasto de personal (total $66 billones), la Rama Ejecutiva pesa $14 billones; Fiscalía y órganos autónomos, $20 billones; y Defensa, $31 billones.

Salud: gasto inflexible de $51,3 billones dentro del PGN

Uno de los apartados más relevantes del presupuesto corresponde al sector salud, que mantiene un gasto inflexible de $51,3 billones destinado al aseguramiento. El Ministerio de Hacienda enfatizó que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el gasto público social no puede disminuirse porcentualmente en relación con el año anterior, lo que blinda los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

Este blindaje implica que, pese al recorte global, el sistema de aseguramiento en salud cuenta con una asignación estable, garantizando la continuidad de los servicios. El Gobierno reconoció que se trata de una de las partidas más sensibles del presupuesto y aseguró que no será objeto de ajustes discrecionales.

Además, precisó que buena parte de los egresos en salud son transferencias obligatorias, lo que limita la capacidad de reasignación. El mensaje es que los recursos de salud, junto con los de pensiones y transferencias territoriales, son intocables en medio de la coyuntura fiscal.

Inflexibilidades que alcanzan el 91,4% del presupuesto

El Ejecutivo resaltó que el PGN presenta un nivel de inflexibilidad del 91,4%, equivalente a $509 billones de los $556,9 billones originalmente proyectados. Dentro de este bloque se incluyen gastos de deuda, pensiones, transferencias territoriales, aseguramiento en salud y otras obligaciones ineludibles.

Los principales rubros inflexibles son: servicio de la deuda ($102 billones), Sistema General de Participaciones ($88,3 billones), pensiones ($87,4 billones), gasto de personal ($66,7 billones), aseguramiento en salud ($51,3 billones) y universidades públicas ($12,1 billones). El resto corresponde a fondos especiales, vigencias futuras y rentas con destinación específica.

Según el Ministerio, esta estructura demuestra que el margen real de maniobra para reasignar recursos es muy reducido, por lo que cualquier ajuste debe hacerse sobre una fracción pequeña del gasto total.

Gasto: funcionamiento, deuda e inversión

La distribución del gasto para 2026 mantiene tres grandes componentes. El gasto de funcionamiento se ubica en $365,7 billones, el servicio de la deuda en $102 billones y los recursos de inversión en $88,7 billones, con un incremento del 5,7% frente a 2025.

En lo relacionado con gasto de personal, que totaliza $66 billones, la Rama Ejecutiva concentra $14 billones, la Fiscalía y organismos autónomos $20 billones y el sector defensa $31 billones. El Gobierno advirtió que los comentarios sobre posibles recortes de hasta $40 billones en esta materia desconocen que el margen real de ajuste en la rama ejecutiva es de apenas $14 billones.

El Ejecutivo defendió que, en precios constantes, el gasto primario proyectado para 2026 ($373,9 billones) es similar al de 2020 ($367,2 billones), lo que demuestra que el presupuesto no está desbordado, sino ajustado a los niveles históricos.

Gasto tributario y ajustes a la ley de financiamiento

El Gobierno también detalló que el gasto tributario, exenciones y beneficios fiscales, asciende a $135 billones, cifra que equivale al actual déficit fiscal. De este total, IVA representa $88,4 billones, renta de personas jurídicas $21,3 billones y renta de personas naturales $25,5 billones.

La ley de financiamiento, ahora reducida a $16,5 billones, se concentrará en medidas con mayor progresividad. Entre ellas se contempla la revisión de beneficios asociados a vehículos híbridos, ajustes en impuestos a la gasolina, ACPM, tabaco y licores, y mayores cargas a juegos de suerte y azar.

El Ejecutivo aclaró que en materia de espectáculos, solo se afectará la boletería con costo superior a $500.000, mientras que el cine, el deporte y los eventos culturales de menor precio permanecerán excluidos.

Llamado a un pacto fiscal y diálogo con el Congreso

Finalmente, el Gobierno reiteró su llamado a construir un pacto fiscal con la sociedad y a tramitar en paralelo el PGN y la ley de financiamiento para garantizar coherencia entre ingresos y gastos. “Queremos que el presupuesto y la ley de financiamiento sean resultado de un acuerdo con el Congreso, no de una imposición unilateral”, indicó el Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo advirtió que, aunque está dispuesto a escuchar y ajustar, existen límites constitucionales que obligan a respetar la prioridad del gasto social. Entre ellos, el mandato de que la inversión social no se reduzca porcentualmente frente al año anterior.

Con el recorte de $10 billones y la reducción de la ley de financiamiento, el Gobierno busca abrir espacio de consenso con el Congreso, al tiempo que asegura la continuidad de los programas sociales, en especial los recursos de salud, educación y pensiones, que se mantienen como intocables en la estructura del presupuesto nacional.