¿Falta de recursos o falta de control? Supersalud lanza alerta en mesa técnica con 27 EPS

En una mesa de trabajo que reunió a 27 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) elevó un llamado urgente a revisar la ejecución de los recursos del sistema, en medio de un escenario de crisis financiera estructural. El superintendente Giovanny Rubiano García coincidió con el diagnóstico de la Contraloría General de la República sobre el deterioro fiscal del sector, pero enfatizó que el problema puede estar más relacionado con una mala gestión que con la escasez de fondos.

“Revisemos si la cuestión es de falta de recursos o falta de control en la ejecución de los recursos”, cuestionó Rubiano García ante los representantes de las EPS.

Diagnóstico compartido con la Contraloría: crisis estructural y urgencia de control

Durante el encuentro, el Superintendente recalcó que las condiciones financieras del sistema de salud colombiano han mostrado signos de agotamiento estructural desde hace más de dos décadas. Sin embargo, invitó a que el análisis no se limite a la insuficiencia de recursos, sino que también contemple el control, la vigilancia y la transparencia en la ejecución del gasto.

El pronunciamiento ocurre días después de la publicación del informe de la Contraloría General de la República, en el que se advierte que el sistema está en riesgo si no se adoptan medidas correctivas. El informe insiste en que las EPS enfrentan crecientes deudas con prestadores y proveedores, además de deficiencias en la gestión financiera y operativa.

No se trata de liquidar: el Gobierno apuesta por administrar

Rubiano García aclaró que el enfoque del Gobierno Nacional frente a las EPS no ha sido el de liquidar, sino el de intervenir para salvar las instituciones y estabilizar la operación del sistema. “El gobierno no ha elegido liquidar, esperando una reforma estructural al sistema que permita la incorporación de recursos y estrategias de gestión en salud pública eficientes en el territorio nacional”, afirmó el Superintendente.

En este sentido, la Supersalud ha venido liderando procesos de intervención administrativa sobre EPS que presentan incumplimientos financieros o barreras de acceso para los usuarios, apostando por estrategias de mejoramiento antes que por cierres abruptos.

Uno de los puntos más enfáticos del pronunciamiento del Superintendente fue la exigencia a las EPS de fortalecer sus procesos de verificación y auditoría de las facturas presentadas por prestadores. Según Rubiano García, las inconsistencias en los procesos de facturación son un foco crítico de ineficiencia y de potencial corrupción.

“Lo que se radica es lo que se prestó y la EPS no puede seguir el proceso sin antes haber verificado y auditado. Esos controles eficientes desde la misma radicación de la factura, los necesitamos desarrollar todos”, enfatizó. El mensaje busca frenar la cadena de errores e incumplimientos que se originan desde la facturación mal soportada y que terminan afectando la liquidez del sistema y la oportunidad en la atención.

Hacia un plan conjunto para mejorar el acceso a tecnologías en salud

Más allá de los señalamientos, la Supersalud convocó a las 27 EPS presentes a construir un plan de trabajo conjunto y participativo que impulse soluciones innovadoras para mejorar el acceso a medicamentos y tecnologías en salud.

Uno de los instrumentos clave mencionados fue la Resolución No. 35379 de 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que autoriza a las EPS a negociar colectivamente con la industria farmacéutica. Esta medida busca generar economías de escala, mejorar precios y garantizar mayor disponibilidad de medicamentos.

En la misma línea, se abordó la Circular 019 de 2025, una directriz que prohíbe la imposición de barreras administrativas al acceso a tecnologías en salud, en especial para personas con enfermedades crónicas no transmisibles y de alto costo. A pesar de su vigencia, Rubiano García advirtió que su cumplimiento aún es insuficiente.

“La Circular 019 no es nueva, pero su implementación sigue siendo limitada. Las EPS, prestadores y gestores farmacéuticos deben eliminar trabas administrativas que vulneran el derecho a la salud”, alertó.

El Superintendente finalizó su intervención advirtiendo que las deudas acumuladas por las EPS con clínicas, hospitales y proveedores terminan afectando de forma directa a los pacientes, al generar retrasos en la atención, desabastecimiento de insumos y sobrecarga en los servicios.

“La deuda la termina pagando el usuario, y eso es inaceptable. Debemos lograr mayores eficiencias y mejores prácticas en todo el sector”, aseguró Rubiano.