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EPS no están obligadas a practicar fecundación in vitro: Corte Constitucional

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La Corte Constitucional negó la petición de una mujer de 33 años que buscaba que su EPS costeará una fertilización in vitro porque cuando tenía 17 años le extirparon sus ovarios, y argumentaba que la imposibilidadde procrear le afectó no solo su autoestima sino sus relaciones de pareja, así como le implicó síntomas secundarios que afectan su vida normalmente. Con este fallo, la corte estableció las reglas para que estas entidades sepan cuándo están obligadas a aprobarlos.

En este caso, su EPS Famisanar, le negó el procedimiento porque es una paciente sana, estable y no existe riesgo inminente para su vida, lo cual apoyó la Corte Constitucional, argumentando que los costos de estos procedimientos no deben ser asumidos por las EPS o por el Estado cuando no se cumplen con los requisitos básicos para que se paguen procedimientos que están fuera del POS, es decir, que no se demuestre que hay un riesgo para la vida o la salud de la persona que lo solicita.

La Fecundación in Vitro es una técnica de laboratorio que permite fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero. Existen 4 posibilidades de FIV: la FIV con óvulos propios y semen de la pareja, la FIV con óvulos propios y semen de donante, la FIV con óvulos de donante y semen de la pareja y la FIV con óvulos de donante y semen de donante. Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), en Colombia se tendría un promedio de 20 mil parejas que podrían acudir a la fertilidad asistida, lo que representaría un gran gasto teniendo en cuenta que cada procedimiento tendría un valor superior a los 15 millones de pesos.

Para el tribunal la fecundación in vitro plantea una serie de cuestiones legales, éticas y sociales que deben ser debatidas y que los limita para actuar.

De acuerdo con la Corte, son tres los escenarios en los que no podrán ser rechazados estos tratamientos, en los cuales se tendrá en cuenta la vida y la salud de la mujer y lo avanzado que esté el procedimiento:

CUANDO SE PRETENDE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD

Las Eps no pueden suspender tratamientos dirigidos a tratar la infertilidad que se encuentren en una etapa ya avanzada. Es decir, si ya fueron autorizados y la mujer inició el mismo, no se podrá suspender el pago por parte de la Entidad Promotora de Salud que lo esté ejecutando.

CUANDO SE BUSCA GARANTIZAR LA VIDA Y LA SALUD DE LA MUJER

Las Eps deben propender por la protección a la integridad personal, incluyendo la salud sexual y reproductiva, en los casos en los que se requiera. Las entidades de salud del Estado deben costear la práctica de exámenes o procedimientos diagnósticos necesarios, para precisar una condición de salud asociada a la infertilidad; además de garantizar el suministro de medicamentos.

CUANDO LA PATOLOGÍA DE LA INFERTILIDAD ES UNA ENFERMEDAD SECUNDARIA

Para el Alto Tribunal, una enfermedad secundaria es un síntoma o una consecuencia de otra enfermedad, en este sentido, las EPS deben costear y autorizar los procedimientos, tratamientos o medicamentos para tratar la enfermedad que afecta el aparato reproductor de la mujer.

La Corte señaló que si el caso de estudio, no presenta alguno de los anteriores requisitos, el Estado no está obligado a costear tratamientos de embarazo, “el derecho a la maternidad no genera, prima facie, una obligación estatal en materia de fertilidad asistida”.

Este es un tema que genera mucho debate. La magistrada ponente, Cristina Pardo hizo una aclaración de voto en el que señaló que el Congreso no ha definido al menos ocho puntos que se deben regular.

  • La donación de óvulos.
  • La congelación de embriones sobrantes.
  • La filiación legal que resulta de la utilización de embriones después de la muerte de los padres.
  • La inexistencia de limitaciones o protocolos para la implantación de óvulos fecundados en vientres distintos de las madres biológicas, lo que es conocido también como “maternidad subrogada” o “maternidad sustituta”.
  • Lo relativo al registro de la identidad de los donantesde espermatozoides u óvulos.
  • El número de descendientes de cada donante.
  • La obligatoriedad en que estarían las entidades promotoras de salud de conseguir óvulos cuando quien solicita la fecundación in vitro no los produce.
  • La posibilidad de comercio de óvulos, entre otras. Incluso, no hay una respuesta legal frente a un cambio de paradigma en la reproducción humana a través de la actividad de transferencia de genes”.

Por su parte Acemi, destacó decisión de la Corte, expresando que las entidades no están obligadas a realizar los tratamientos y procedimientos de fertilización asistida y que esta decisión es muy importante, porque el Estado tampoco deberá adelantar estos requerimientos de los usuarios, si no logran demostrar que está en riesgo su salud: : “Este fallo nos deja tranquilos, aunque nos hubiéramos querido que el país tuviera los recursos para hacerlos, pero como nos los tiene, este es un fallo respetuoso y muy responsable”, afirmó su director.

 

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Tribunal confirma liberta del expresidente de Saludcoop

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) por vencimiento de términos.

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) días antes de que comience un nuevo juicio en su contra. Tras la decisión del tribunal, Palacino solamente tendrá dos restricciones mientras se lleva a cabo su juicio: no podrá relacionarse con las directivas de las empresas que anteriormente dirigía y tampoco podrá salir del país.

Recordemos que, el caso contra Palacino  se hizo efectivo hace más de un año, cuando la Fiscalía encontró méritos suficientes para ordenar la captura del hombre que fue el ‘zar’ de las EPS durante casi dos décadas.

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Hallazgos presentados por la Fiscalía en el caso “Palacino Saludcoop”

Según los hallazgos encontrados en su momento por el ente acusador, el desvío de recursos habría sido de 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de la Unidades de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se le reconoce por cada afiliado y donde los investigadores encontraron anomalías en las bases de usuarios, como 240 afiliados mayores de edad registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil, además de rentas parafiscales  que fueron el detonante para enviarlo preso.

Sin embargo, es importante resaltar también que entre los hallazgos de la fiscalía esta lo ocurrido entre 2000 y 2004 cuando se descubrió que la EPS Saludcoop, estaba  incrementado presuntamente su  patrimonio con el dinero que solo podía dirigirse a la salud.  Además, según la fiscalía esas irregularidades habrían orquestado incluso inversiones en el exterior, para aumentar la planta de la EPS y para hacer préstamos a socios y trabajadores.

De acuerdo con el ente acusador, la libertad de Palacino fue otorgada tras el  vencimiento de los términos en su caso, esto como consecuencia de la dilatación en la audiencia de la lectura de la acusación.

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Cartera laboral contará para el 2020 con un presupuesto de $27,8 billones

Por segunda vez, fue sustentado presupuesto para los programas y proyectos de la cartera laboral. El total asignado para este año es de $24,9 billones y para 2020 será de $27,8 billones.

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Hace unos días, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, sustentó por segunda vez, el presupuesto del presente año y lo asignado para 2020, para los programas y proyectos de la cartera laboral.

En esta ocasión, lo hizo ante la Comisión Séptima del Senado de la República y la titular de la cartera reiteró que el presupuesto total asignado para este año es de $24,9 billones y para 2020 será de $27,8 billones, dentro de los cuales se destacan las asignaciones para las pensiones y para la implementación del programa Colombia Mayor.

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La ministra aseguró: “Esto representa un crecimiento del 12 por ciento frente a 2019 y cuyo crecimiento está concentrado para funcionamiento”.

En el tema de inversión dijo que para 2020 el presupuesto será de 1.66 billones para temas misionales, el Fondo de Solidaridad y para las víctimas, entre otros.

Esquemas de generación y formalización del empleo

Por consiguiente, indicó la funcionaria, en temas misionales, se trabajará en esquemas de generación y formalización del empleo y reducción de brechas entre hombres y mujeres; robustecimiento de los derechos fundamentales y el diálogo social; equidad laboral; fortalecimiento de la gestión del sector trabajo, en donde está el cumplimiento de los compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, la Comunidad Andina y la OCDE.

Finalmente, Arango Olmos recalcó la importancia de programas de protección social para las personas menos favorecidas y la destinación del presupuesto para formación para el trabajo, en donde los jóvenes se puedan formar en las empresas porque conservan más el empleo, que las que se forman por fuera, aseguró.

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En el debate también intervinieron el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez; la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa; y entidades como el SENA y el ICBF.

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La “JIFE” hace ajustes a la agroindustria del cannabis en Colombia

La JIFE lanza seminario en Quito, organizado por el Gobierno de Ecuador, para el control de drogas en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lanzó un seminario de capacitación en Quito, organizado por el Gobierno de Ecuador, para más de 40 funcionarios de control de drogas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Perú.

El seminario de capacitación es la primera actividad del proyecto global de aprendizaje de la JIFE que se implementará en América del Sur y cuenta con el apoyo de una contribución de los Estados Unidos. 

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Objetivos para el monitoreo de cannabis

El objetivo del seminario de capacitación es ayudar a los países participantes a mejorar el monitoreo y la presentación de informes, y a garantizar que el cannabis estén disponibles para fines médicos y al mismo tiempo evitar la desviación hacia canales ilícitos, el abuso o el tráfico.

Ajustes de la industria del cannabis en Colombia

Así mismo, la JIFE confirmó que en Colombia el consumo interno de cannabis con fines medicinales e investigación no podrá superar las 1,2 toneladas y los 750 kilos para este año.

Para Colombia en el periodo anterior la JIFE había determinado una provisión de 40 toneladas. Sin embargo, Rodrigo Arcila, presidente de Asocolcanna, gremio que reúne a las principales industrias de cannabis medicinal en el país, dio un parte de tranquilidad al señalar que el ajuste obedece a las dinámicas propias del mercado en Colombia, pues si bien tiene altas de expectativas, los componentes de producción y consumo están apenas naciendo y a la espera de ajustes reglamentarios.

En ese sentido, el líder gremial consideró que la noticia más que una preocupación se convierte en una motivación para ajustar las cargas de cara al 2020, “cuando las empresas estarán mejor alineadas para responder a los retos que exige esta agroindustria del cannabis medicinal”. 

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