En el marco de la actuación iniciada por la Procuraduría General de la Nación, que en su boletín 1288 del 16 de noviembre informó haber recibido una denuncia por presuntas afiliaciones y traslados de población indígena sin consentimiento previo, libre e informado, y que por esa razón solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud verificar los hechos reportados en Córdoba, la EPS Familiar de Colombia entregó a CONSULTORSALUD un conjunto de documentos oficiales con los cuales sostiene que no realizó traslados, afiliaciones irregulares ni gestiones no autorizadas durante la vigencia 2025.
Los oficios expedidos por la Secretaría de Salud de Montería, la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba y las comunicaciones firmadas por cabildos zenúes coinciden en descartar cualquier movimiento poblacional colectivo en la vigencia, y además señalan que la denuncia que originó la actuación habría sido presentada por una persona sin legitimidad para representar a las comunidades indígenas.
La EPS asegura que no adelantó traslados y respalda su postura con documentos institucionales
En oficio fechado el 20 de noviembre de 2025, la representante legal de la EPS Familiar de Colombia, Erika Janneth Ahumada Rodríguez, afirma de manera categórica que “durante la vigencia 2025 la EPS Familiar de Colombia NO ha adelantado procesos de traslados de poblaciones indígenas en el departamento de Córdoba, tal y como se evidencia en los archivos históricos de la Base de Datos Única de Afiliados”.
La EPS sostiene igualmente que la denuncia inicial no provino de autoridades indígenas legítimas. En la misma comunicación advierte que “la queja presentada por el señor Antonio Villalba fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por las propias autoridades indígenas zenúes del departamento de Córdoba, por presunta falsedad en documento público al haberse pronunciado en su nombre sin autorización”.
De acuerdo con la EPS, los documentos anexos desvirtúan el fundamento de la acusación, al demostrar que no existió participación ni consentimiento de los cabildos en su presentación.
Montería descarta traslados: “no existe proceso alguno”
Asimismo, el 3 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud Municipal de Montería respondió al requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud mediante el oficio SSM-1166-2025. Tras la revisión de los archivos de la EPS, la autoridad fue concluyente: “La vigencia actual del año 2025, no existe procesos de traslados algunos con relación a pueblos indígenas, por tanto, no es susceptible de adoptar medida alguna al respecto.”
El análisis se fundamenta en los criterios de inspección, vigilancia y control establecidos por la Ley 715 de 2001 y en las obligaciones de la Ley 691 de 2001, que exige que cualquier traslado indígena sea decidido en acta formal por autoridades tradicionales, respetando sus usos y costumbres. Ningún registro de esta naturaleza fue identificado por el municipio.
Córdoba confirma tendencia decreciente y ausencia total de movimientos irregulares
El segundo bloque documental proviene de un oficio, emitido por la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba también el 3 de septiembre de 2025. La entidad realizó una verificación técnica basada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y los reportes del Consorcio ADRES, consolidando la evolución poblacional de la EPS entre enero y agosto de 2025. El registro muestra una reducción constante de afiliados:
- Enero: 11.472
- Agosto: 10.927
Una diferencia de 545 afiliados menos, sin incrementos abruptos o señales que pudieran asociarse a traslados masivos, por lo que la Secretaría concluyó que “Esta disminución progresiva refleja la ausencia de incrementos significativos que pudieran asociarse a procesos masivos de afiliación”.
En su conclusión principal, el documento es explícito: “No existió incremento ni movimiento irregular de la población indígena en el departamento”.
La autoridad departamental también anexa la respuesta oficial enviada por la EPS, donde se ratifica que no adelantó procesos de traslado de poblaciones indígenas durante 2025, confirmación registrada en el expediente.
Los cabildos zenúes niegan la denuncia y señalan posible falsedad
Por otra parte, el documento “Requerimiento de mesa de trabajo y gestión sobre derecho a la salud de comunidades indígenas zenúes”, suscrito por gobernadores, capitanes y autoridades tradicionales, fue uno de los soportes más relevantes entregados por la EPS. En él, las autoridades indígenas afirman que “no existe vínculo alguno entre Antonio Villalba y nuestras comunidades indígenas, para asuntos de salud”. Y añaden que la Fiscalía ya ha sido notificada: “ha tenido conocimiento de incluso muchos hechos de falsedad documental, así como hechos de suplantación”.
El documento contiene firmas de los representantes indígenas, quienes certifican que la denuncia no surgió de sus cabildos ni refleja su voluntad colectiva.
Con estos soportes, la EPS Familiar de Colombia expone su posición formal frente a la denuncia que originó la actuación institucional.
