El país donde pagarle a un médico su salario se volvió un favor
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El país donde pagarle a un médico su salario se volvió un favor

Crisis en el sistema evidencia condiciones de inequidad e insatisfacción en el talento humano en salud.

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derecho laboral de los profesionales en salud

Según el artículo 25 de la Constitución Política colombiana, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado; nuestra normativa señala, además, que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Ahora, analicémoslo desde una perspectiva mucho más global, entendiendo el trabajo digno y decente, como uno de los puntos clave de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, siendo el octavo objetivo de desarrollo del milenio y, por si fuera poco, en materia de derechos humanos, la Declaración Universal acopia que “toda persona tiene derecho al trabajo, (…) con condiciones equitativas y satisfactorias”.

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¿Qué pasa con los derechos de los profesionales de la salud?

No obstante, y en lo que respecta al talento humano de la salud en Colombia, el panorama parece estar alejado de las declaraciones y las normativas de derechos humanos del mundo entero, aquí se ha vuelto un favor pagarle su salario al talento humano en salud. Y si bien es cierto, que este Gobierno se encuentra encaminando sus esfuerzos para la consecución de recursos y el saneamiento de las deudas del sistema de salud colombiano, a través de pactos como lo son el Acuerdo de Punto Final, siguen siendo los médicos, además de los pacientes, los actores que se encuentran en el eslabón más vulnerable y frágil de esta cadena.

talento humano en salud

Y para usar un contexto reciente, únicamente hay que irnos unos cuantos meses atrás, cuando se agudizo la problemática de la IPS Esimed, el vivo retrato de la crisis del sistema de salud colombiano; pleitos jurídicos, pacientes sin cobertura, reclamaciones administrativas, huelgas, médicos sin salarios y deudas que repuntaban los cuantos miles de millones de pesos. Algunos reportes indican que únicamente esa institución debía más de dos mil millones, trescientos ochenta mil pesos a médicos y especialistas de diferentes ciudades del país, personal en salud que después de varios meses y pleitos jurídicos continúan en el limbo y a quienes nadie les ha dado la cara.

No obstante, quién responde por estos pagos, quién vela y protege al talento humano de la salud, quién intercede por el trabajo digno y decente como lo enuncia la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y hasta la Constitución colombiana, en lo que respecta a los médicos y especialistas de la salud.

¿QUÉ DICE LA Ley 1164 de 2007?

Según la Ley 1164 de 2007 dignificar al talento humano de la salud representa uno de los elementos clave para el desarrollo del sistema, esta dignificación refiere a dar cumplimiento de la normatividad vigente y el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, garantizando el amparo por condiciones laborales justas y dignas; precepto que si bien ofrece un panorama favorable, flaquea en su práctica, puesto que aún hace falta mayor participación por parte de todos los actores involucrados, desde entidades reguladoras, gremios, asociaciones y el mismo Estado.

Cifras ‘aterradoras’ por las que nadie responde Según cifras recopiladas por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, entidad que ha centrado sus esfuerzos desde hace varios años en proteger las condiciones del personal en salud en Colombia, se han conocido algunas cifras ‘aterradoras’ que hoy se convierten en un espejo que refleja la difícil situación que atraviesa el gremio, con una crisis sectorial y económica que no da espera y una deuda que si bien ha comenzado a ser saneada por el gobierno de turno, aún deja a los médicos vulnerables ante decisiones y pleitos administrativos de muchas clínicas y hospitales en el país.

Se volvió un favor pagar y un delito cobrar

Aún le queda algo menos de tres años al gobierno de Duque para consolidar propuestas como el Acuerdo de Punto Final, que busca dar liquidez y disminuir el margen de deuda que hay en el sector salud o para regular y ejecutar la Ley de Residencias médicas que fue sancionada bajo el mandato de Santos y que bastante se ha dilatado entre gremios y empresarios; lo que si esta por sentado es que para el personal en salud se volvió un escenario común sentir que cuando le están pagando su salario le están haciendo un favor, pero que cuando busca por la ley lo que el derecho le confiere, parece recibir reclamaciones intimidantes de las instituciones y las entidades del sector quienes a través de glosas hacen lo posible por ponerle trabas a los médicos para dilatar el pago de sus honorarios o para simplemente no pagarles.

“Amanecerá y veremos” si las iniciativas mencionadas cobran el valor esperado y si por fin resucita este sistema de salud tan acaecido y en estado de coma, pero sobre todo si alguien al fin garantiza condiciones de trabajo dignas y justas para aquellos que dedican su vida a salvar vidas.

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Pandemia, cuarentenas y crisis del sistema de salud

La propuesta comenzó con una solicitud de requerimiento de una cuarentena total para Bogotá por dos semanas, con el objetivo de detener la propagación del virus.

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Estimaciones de precios de las vacunas covid-19 y escenarios del presupuesto nacional requerido para la vacuna de Pfizer

El Ministro de Salud de Colombia anunció que el presupuesto nacional incorporará recursos para vacunar a 6 millones de personas.

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El Covid-19 en los contratos de Riesgo Compartido en Salud

Hasta antes del inicio de la Pandemia, el manejo de estos contratos, por regla general para las IPS de mediana y alta complejidad, implicaba la atención general de afiliados según lo establecido conjuntamente en las notas técnicas y bajo los criterios de atención definidos

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El Covid-19 en los contratos de Riesgo Compartido en Salud

Dentro de la evolución estructural del Sistema de Salud Colombiano, se han incorporado figuras contractuales diversas, que velan por la optimización de los recursos y la eficiencia en la prestación de los servicios, en este sentido, el ordenamiento colombiano ha regulado a través de varias normas (Ley 1122 del 2007, Decreto 4747 del 2007 hoy compilado en el Decreto 780 de 2016 y la Ley 1438 de 2011) la forma en la cual los prestadores y las EAPB dirigen su relacionamiento y determinan la metodología de sus pagos.

Estas figuras van desde el pago por evento o servicio específico, hasta modelos más complejos que implican la distribución de riesgos en la prestación de servicios con pagos fijos, tales como los Contratos por Capitación, por Grupo de Riesgo y por Presupuesto Global Prospectivo.

Implicaciones de la pandemia en los Contratos de Riesgo Compartido

Hasta antes del inicio de la Pandemia, el manejo de estos contratos, por regla general para las IPS de mediana y alta complejidad, implicaba la atención general de afiliados según lo establecido conjuntamente en las notas técnicas y bajo los criterios de atención definidos.

Una vez decretada la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, la dinámica de la prestación de servicios de salud tuvo un vuelco a la atención prioritaria en la contención de la pandemia, reduciéndose drásticamente los servicios originados por diagnósticos o patologías diferentes al Covid-19, situación que cada día crece de forma directamente proporcional al pico de contagios.

Ante la falta de regulación tanto legal como contractual, los actores del Sistema comenzaron a cuestionarse sobre la inclusión o exclusión de la atención de pacientes con Covid-19 dentro de los modelos contractuales de riesgo compartido, pues algunos consideran que dichas atenciones pueden enmarcarse dentro de los códigos tradicionales de UCI y Hospitalización. y por lo tanto, pertenecer al conjunto de atenciones establecidas en dichos modelos, mientras que por otro lado, se considera que los CUPS y Tarifas definidas por el Gobierno Nacional a través de las Resoluciones 537 de 2020 que modifica la 3495 de 2019, la Resolución 914 del 11 de junio y la Resolución 1068 de 2020, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección social para las tecnologías relacionadas con la contención del virus, no se encontraban previamente pactados en los modelos por no ser patologías reconocidas en el PBS y por lo tanto, deben excluirse.

Si bien ambas posiciones pueden variar respecto de cada regulación contractual particular, lo cierto es que asumir una u otra tiene implicaciones asistenciales y jurídicas importantes de cara a la ejecución de las relaciones comerciales, teniendo especial consideración a que la normalidad de los servicios se encuentra temporalmente restringida y la mayoría de las atenciones se encuentra circunscrita, en mayor medida, a la atención de la pandemia.

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Alternativas contractuales para el manejo del COVID-19

Exclusión de los modelos de riesgo compartido: En este caso, se consideraría que todas las atenciones derivadas a pacientes con Covid-19 confirmado, deben ser prestadas y facturadas bajo figuras contractuales de evento o servicio específico, o en su defecto, bajo las tarifas fijadas por el Ministerio, en el entendido que las mismas no fueron previstas en la Nota Técnica. Esta hipótesis permitiría que las IPS recibieran dichos pagos y a su vez mantuvieran los pagos fijos derivados del modelo, aun cuando las frecuencias en los servicios se han visto reducidas drásticamente.

Inclusión en los modelos de riesgo compartido: Bajo esta idea, se parte de la premisa que todas las internaciones en hospitalización, UCE y UCI, independientemente del diagnóstico del paciente, hacen parte del modelo y la Nota Técnica y, por ende, su valor se encuentra comprendido en los pagos fijos pactados entre EPS e IPS para la atención de la población adscrita. Asumir esta postura, implica también una dificultad, pero esta vez para los prestadores, pues se verían avocados a asumir un riesgo desproporcional en la atención de pacientes con diagnostico confirmado de COVID-19, pues podrían ser insuficientes los recursos y tarifas destinadas originalmente en los modelos, de cara al crecimiento exponencial en la demanda de servicios especialmente de hospitalización y UCI.

Independientemente de la posición que se asuma, lo cierto es que ambas implican una carga desproporcionada y no prevista para los contratantes (Para las EAPB en la exclusión y para las IPS en la inclusión), lo cual, aunado al impacto y magnitud de las atenciones derivadas de la Emergencia Sanitaria, es indudable que originan una novedad contractual en cuanto al manejo, categorización y facturación de aquellos eventos y procedimientos relacionados con la atención del COVID-19.

Consecuencias jurídicas de las posiciones asumidas (Fuerza Mayor)

Esta novedad contractual permite que cada contratante afectado, acredite los presupuestos necesarios para configurarse una FUERZA MAYOR, entendida esta como una circunstancia irresistible, imprevisible y externa los contratantes, que bien impondrá circunstancias más onerosas de ejecución para los prestadores en caso tal de incluir las atenciones del virus en los contratos de riesgo compartido donde el pago fijo sea insuficiente para solventar las atenciones efectivamente prestadas, o en los casos de exclusión, genere que las EAPB cancelen valores fijos a pesar de las bajas frecuencias de servicios diferentes a la contención del virus y así mismo, se encuentren obligados a cancelar cada evento de atención de estos pacientes confirmados.

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