EL AÑO 2020… UNA VORÁGINE DE SENTIMIENTOS PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Este es el artículo de la Dra. Adriana Torres Vega Médica General – Abogada, presentado a nombre de SOCOMEG sobre el talento humano en salud. Hace parte de la revista Formarsalud edición diciembre 2020
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Se conoce como vorágine a un remolino de gran intensidad que se produce en grandes masas de agua, provocando una gran confusión y caos. Así ha sido el 2020 para el mundo entero, principalmente para sus protagonistas: los trabajadores de la salud, quienes han tenido que cargar bajos sus hombros el peso de una pandemia que simplemente nadie vio venir, pero que ha afectado de múltiples formas a la humanidad.

Gracias a estos acontecimientos, se ha reconocido el papel fundamental que cumplen los profesionales de la salud en la sociedad, desenmascarando la condición precaria y olvidada en la que se tiene a este grupo poblacional; ha salido a la luz como las empresas prestadoras de la salud y sus instituciones prestadoras de salud, adscritas en gran medida, explotan al recurso humano, teniendo un alto porcentaje de condiciones no adecuadas de vinculación “laboral”.

Los contratos por prestación de servicios han permeado la vinculación del recurso humano, con lo cual las entidades se desentienden de las merecidas prestaciones laborales que acarrea su vinculación, como debería ser, por un contrato legal de trabajo. Es lamentable para la SOCOMEG recibir múltiples comunicados de sus asociados en calidad de médicos en servicio social obligatorio y médicos generales en ejercicio, quejarse insistentemente de este modo de contratación, la sobrecarga laboral, la escasez de insumos para prestar el servicio de una forma ética, profesional y oportuna como lo dicta la ley.

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El talento humano en salud necesita condiciones de trabajo equitativas

Los médicos generales se ven enfrentados a un medio laboral lascivo, que exige permanentemente de ellos, al parecer sin límites, y sin una contraprestación equitativa. Es ampliamente conocido como este año, en medio del contexto de esta pandemia, muchos profesionales no han contado con los elementos de protección personal adecuados y oportunos, teniendo en casos extremos que interponer tutelas a ARL e IPS para la consecución de los mismos. Muchos respaldándose en el hecho de vincular los profesionales por OPS, razón por la cual aseveraban no estar obligados a entregar estos importantes elementos para el ejercicio médico y de todos los profesionales de la salud.

Hemos tenido que despedir, con profunda tristeza, a muchos profesionales de la salud a todo nivel: enfermeros, jefes de enfermería, médicos y especialistas; duele ver cómo han partido prematuramente, dejando un gran vacío no solo en sus familias sino también en la sociedad que, aunque en muchos casos es indiferente, reconoce la gran pérdida que significa que fallezca un profesional de esta área.

Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció en el caso de una tutela interpuesta por una auxiliar de enfermería, quien fue retirada de su puesto de trabajo en una empresa social del estado, y donde estaba vinculada en calidad de contratista. El documento exalta como los auxiliares de enfermería son el 70% de los trabajadores de la salud, cuya labor es invaluable y no puede ser suspendida injustificadamente ya que pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Exalta, también, que su labor no puede ser contratada bajo esta figura toda vez que se precisa de cumplir la labor con un horario, bajo subordinación y percibiendo un salario, por lo cual se trata de un contrato de trabajo disfrazado, vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna.

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Pues este no es solo el caso de estos valiosos profesionales. Lo es de la misma forma el caso de los terapeutas, jefes de enfermería, médicos generales y especialistas, a quienes se les vulneran sus derechos en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el privado.

Nos queda una pregunta en mente… maravilloso concepto el de la Corte Constitucional, pero ¿por qué medio se va a obligar a las instituciones a vincular al talento humano en salud por medio de contrato de trabajo?, ¿cuándo se va a pronunciar el Ministerio de Salud al respecto?, ¿cuándo se va a legislar en el Congreso un proyecto de ley que proteja los derechos laborales del recurso humano de la salud? o todo esto continuarán como los sueños rotos de unos niños que solo quieren salvar vidas, a costa de la suya propia y la de sus familias.

Urge darle a cada quien lo que le corresponde, como un gesto inédito de justicia. Es un derecho más que merecido conceder a los profesionales una vinculación justa, sin contar con otras garantías en el ámbito académico y social, una verdadera deuda de la sociedad colombiana que permanece con aquellos que salvan vidas.

Proponemos que, como requisito de habilitación institucional, se incluya la vinculación por contratos de trabajo al talento humano en salud como única forma; para que esto sea una realidad, se requiere que a la resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, del Ministerio de Salud, se le adicione este requerimiento.

Mientras tanto, cada mañana y cada noche, miles de profesionales van a dejar en sus hogares a sus hijos, parejas y a sus padres, para ir a trabajar en la institución de salud que probablemente le debe su
sueldo, donde tienen una sobrecarga laboral, en muchos casos con elementos de protección personal inadecuados, con equipos de trabajo incompletos, ya que sus colegas están aislados o incapacitados a causa de la pandemia, con la zozobra de no saber si se es el próximo en enfermar o en el peor de los casos en fallecer.

Estas líneas buscan que cada actor vinculado a la proyección y desarrollo de políticas públicas de salud en nuestro país, involucrado en garantizar el goce del derecho fundamental a la vida, la salud, la dignidad humana, se concientice de fortalecer el talento humano en salud, que es la piedra angular del sistema, y que es quien puede traducir estos esfuerzos en una mejor prestación del servicio de salud.

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