El lunes 14 de julio de 2025, miles de empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) recibieron notificaciones oficiales de despidos. Esta decisión marca la implementación inmediata de una parte sustancial del plan de reorganización anunciado el 27 de marzo por la administración del expresidente Donald Trump, tras una resolución de la Corte Suprema que permite continuar con la reducción del personal en varias agencias federales.
El plan contempla la eliminación de 10.000 cargos en entidades como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Aunque parte del personal afectado ha sido reincorporado debido a medidas cautelares judiciales, la magnitud del recorte se mantiene en cifras que superan los varios miles.
La Corte Suprema y su rol clave en el desenlace
La medida había sido anunciada originalmente el 1 de abril de 2025, pero su ejecución fue suspendida por una batalla legal que culminó el 8 de julio con la intervención de la Corte Suprema. En ese fallo, el alto tribunal suspendió una orden previa que bloqueaba temporalmente al presidente de implementar cambios estructurales en agencias federales sin la aprobación del Congreso.
No obstante, los jueces aclararon que no emitían juicio sobre la legalidad sustantiva del plan. La Corte dejó abierta la posibilidad de fallar en contra en el futuro si las reducciones llegasen a obstaculizar el cumplimiento de las funciones legales de las agencias afectada
Áreas protegidas bajo medida cautelar
Una porción del personal despedido aún permanece en sus cargos debido a una orden judicial en el caso NY v. Kennedy, presentada por 19 estados y el Distrito de Columbia. Esta medida protege temporalmente a trabajadores de áreas críticas de los CDC y otras dependencias. Entre las unidades cobijadas por esta restricción judicial se encuentran:
- Centro Nacional para la Prevención del VIH, Hepatitis Viral, ETS y Tuberculosis
- Centro Nacional de Salud Ambiental
- División de Salud Reproductiva
- Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
- Oficina de Tabaquismo y Salud
- Centro Nacional de Defectos de Nacimiento y Discapacidades del Desarrollo
- Centro de Productos de Tabaco de la FDA
- Oficina de Head Start
- División de Análisis de Datos y Técnicos de la Subsecretaría de Planificación y Evaluación
La existencia de estas medidas cautelares subraya la complejidad legal del proceso y su fragmentación, en función de la dependencia y del estado donde opera el funcionario afectado.
Argumentos políticos y tensiones con el Congreso
El vocero del HHS, Andrew Nixon, confirmó que “todos los empleados notificados previamente el 1 de abril han sido separados, excepto aquellos” protegidos por NY v. Kennedy. El funcionario añadió que “HHS anunció previamente nuestros planes para transformar este departamento y hacer a EE. UU. saludable de nuevo, y tenemos la intención de hacerlo”.
Desde el gobierno federal se argumenta que la reestructuración tiene como objetivo modernizar y hacer más eficiente el aparato burocrático. Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos, gobiernos estatales y organizaciones civiles, que ven en estas acciones una “desinstitucionalización forzada” que pone en riesgo funciones esenciales de salud pública, vigilancia epidemiológica, control de enfermedades crónicas e investigación biomédica.
Implicaciones para el sistema de salud y la cooperación internacional
La supresión de miles de puestos técnicos y científicos dentro de las agencias más influyentes en salud pública tiene efectos inmediatos en la capacidad operativa nacional, así como en el liderazgo internacional de EE. UU. en vigilancia sanitaria, regulación de medicamentos y control de epidemias.
En particular, los recortes en divisiones clave de los CDC podrían ralentizar la respuesta frente a brotes infecciosos, comprometer la ejecución de programas de prevención de VIH, hepatitis y tuberculosis, y limitar la producción de estadísticas vitales para el diseño de políticas públicas. También se teme que disminuya el papel regulador de la FDA, especialmente en un contexto de innovación acelerada en terapias genéticas, vacunas y dispositivos médicos.
Un precedente jurídico para futuras reorganizaciones
Más allá del caso específico del HHS, esta decisión representa un precedente preocupante para la autonomía técnica de las agencias de salud pública frente al poder político. Aunque la Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad de los despidos en sí, al permitir su ejecución sin aprobación legislativa habilita a futuras administraciones a proceder con transformaciones estructurales profundas sin necesidad de un amplio consenso institucional.
Este escenario genera incertidumbre en la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y cuestiona los límites entre el poder ejecutivo y las competencias del Congreso en materia de control presupuestario y diseño institucional.