La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó recientemente dos proyectos de ley que marcan un giro en la agenda sanitaria del país y que buscan responder a problemas estructurales del sistema de salud. El primero plantea medidas para cerrar la brecha de más de 770 mil unidades de sangre que Colombia deja de recolectar cada año, situación que compromete la atención en emergencias, cirugías y tratamientos de alto impacto.
El segundo reconoce al cáncer como un problema de salud pública y establece cobertura universal con tiempos máximos para diagnóstico, acceso a medicamentos y cuidados paliativos. Ambas iniciativas, que avanzan hacia la plenaria de la Cámara, representan un paso decisivo para transformar la respuesta institucional frente a dos de los mayores desafíos en salud: la insuficiencia de insumos vitales y las demoras en la atención integral de pacientes oncológicos.
Déficit de sangre: un problema que compromete la atención en salud
El déficit de sangre en Colombia supera las 770 mil unidades anuales. De acuerdo con estimaciones oficiales, el país requiere cerca de 1,6 millones, pero apenas recolecta unas 830 mil. Este panorama deja a los hospitales en una situación crítica: sin reservas suficientes para atender emergencias, realizar cirugías o responder a la creciente demanda de pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.
El proyecto aprobado plantea una reestructuración profunda de la política de donación. La iniciativa prohíbe exclusiones basadas en prejuicios o estigmas, de modo que los donantes serán seleccionados únicamente bajo criterios médicos y científicos. Además, obliga a los bancos de sangre a realizar pruebas confirmatorias en cada unidad recolectada, reforzando la seguridad transfusional.
Otro punto clave es la ampliación de la red de bancos en regiones apartadas, donde la falta de infraestructura acentúa la desigualdad en el acceso. Para lograrlo, se promoverán campañas educativas que incentiven la donación habitual como un acto voluntario, solidario y necesario. “Donar sangre es salvar vidas, y no puede haber barreras injustas para quienes quieren hacerlo. La ley busca que sea un proceso seguro e incluyente, en beneficio de todos”, advirtió la representante Martha Alfonso, ponente de la iniciativa.
Cáncer: cobertura universal y tiempos máximos de atención
El cáncer registra más de 100 mil nuevos casos al año en Colombia y se mantiene como una de las principales causas de mortalidad. Frente a esta realidad, la Comisión Séptima aprobó un proyecto de ley que lo reconoce expresamente como un problema de salud pública, con garantías de cobertura universal para todos los pacientes.
La propuesta fija un plazo máximo de 30 días para el diagnóstico y de seis meses para la entrega de medicamentos, lo que busca reducir las demoras que históricamente enfrentan los pacientes oncológicos. También otorga un rol reforzado al INVIMA para agilizar la aprobación de terapias innovadoras y plantea un énfasis en prevención y detección temprana, con programas de tamizaje poblacional.
El articulado incluye, además, la obligación de garantizar cuidados paliativos, de manera que los pacientes cuenten con un acompañamiento integral en todas las fases de la enfermedad. Para el representante Hugo Archila, el mensaje es claro: “Reconocer el cáncer como un problema de salud pública es dar un mensaje contundente: ningún paciente debe quedar atrás. Esta ley fija tiempos y garantías para que la atención sea rápida y digna”.
Implicaciones para el sistema de salud
Ambos proyectos se alinean con recomendaciones internacionales. La OMS insiste desde 2010 en que los países deben promover la donación voluntaria y habitual como base de la seguridad transfusional. En el caso del cáncer, la OPS ha llamado a los Estados a consolidar planes de control que aseguren cobertura universal y reduzcan la mortalidad prematura.
De ser aprobadas en plenaria, las dos iniciativas representarían un avance normativo con alto impacto social. Sin embargo, su implementación exigirá enfrentar obstáculos estructurales. En el caso de la donación de sangre, el reto será aumentar la capacidad instalada en regiones apartadas y sostener campañas permanentes de concienciación. Para el cáncer, los desafíos se concentran en la financiación del acceso a terapias de alto costo, la reducción de brechas regionales en infraestructura hospitalaria y el cumplimiento real de los tiempos de diagnóstico y entrega de medicamentos.
Congreso define la ruta para el último debate
La aprobación en primer debate de estas dos iniciativas legislativas refleja la urgencia de actuar frente a los vacíos más sensibles del sistema de salud colombiano. El déficit crónico de sangre y las demoras en la atención oncológica no son asuntos administrativos, sino problemas que se traducen en vidas en riesgo y familias afectadas.
El debate en la plenaria de la Cámara definirá si el país avanza hacia un marco normativo que garantice insumos vitales y atención integral para quienes enfrentan enfermedades de alto impacto. El reto ahora no solo está en la aprobación final de los proyectos, sino en la capacidad del Estado de dotar de recursos, infraestructura y control efectivo a su implementación, de modo que los compromisos legislativos se conviertan en soluciones reales para miles de pacientes en todo el territorio nacional.
