Todos los días, en Estados Unidos mueren 150 personas por sobredosis de opioides sintéticos, con el fentanilo como responsable de más de dos tercios de estos fallecimientos. Este alarmante panorama refleja una crisis que trasciende fronteras y que ha sido calificada como una amenaza global para la salud pública.
Un informe reciente de la Junta de Fiscalización Internacional de Estupefacientes (JIFE) advierte sobre el auge de las drogas sintéticas ilícitas, cuyo poder adictivo y letalidad superan a las drogas tradicionales. La organización insta a los gobiernos a adoptar estrategias coordinadas para frenar su producción y tráfico, ya que el fenómeno se ha convertido en un problema global de seguridad sanitaria.
“El consumo no médico de drogas sintéticas y los trastornos conexos por consumo de drogas se han convertido en un problema de consecuencias mortales, que provoca cientos de miles de muertes y daños personales y a la comunidad incalculables”, explicó el presidente de la Junta, Jallal Toufiq. El uso de estas sustancias no solo causan dependencia física y psicológica; los efectos sobre la salud pueden ser irreparables.
Regulación y acceso de medicamentos: ¿las políticas públicas deben explorar otros caminos en beneficio de la población?
Las autoridades globales han reconocido que uno de los principales desafíos en la lucha contra las drogas sintéticas es su capacidad de mutar constantemente. Con las restricciones que se han impuesto sobre varios compuestos, los fabricantes ilegales desarrollan nuevos compuestos, modificando las estructuras químicas de los medicamentos originales. A ello se suma el uso de aditivos químicos enmascarados, que permiten a los productores seguir operando fuera de los marcos de fiscalización nacional e internacional.
En los países de ingresos bajos y medios, la situación es peor ante la incapacidad para detectar, fiscalizar e incautar sustancias ilícitas. La falta de laboratorios especializados, personal capacitado y recursos adecuados limita la posibilidad de realizar inspecciones rutinarias, dificultando el desmantelamiento de redes de narcotráfico y la implementación de estrategias eficaces de reducción del consumo. En el informe, la JIFE advierte que las campañas de sensibilización son mínimas y que las comunidades más vulnerables carecen de información sobre los riesgos y consecuencias del consumo de estas sustancias.
Por otra parte, la desigualdad en el acceso a medicamentos esenciales prevalece en el mundo. Mientras que en Europa Occidental, América del Norte y Oceanía el uso de opioides para el tratamiento del dolor es considerablemente elevado, en regiones como Asia Meridional, África, Centroamérica y el Caribe los niveles de consumo son insuficientes para atender las necesidades médicas. La falta de acceso a opioides en estas regiones representa un grave problema de inequidad en salud, dejando a millones de pacientes con dolores crónicos o enfermedades terminales sin acceso a tratamientos adecuados. En 2023, esta problemática se hizo especialmente evidente en países con sistemas de salud frágiles, donde la disponibilidad de estos medicamentos es mínima o nula.
INCB Learning, iniciativa dirigida a los gobiernos:
La JIFE insta a los países productores de opioides a aumentar la fabricación de preparados de morfina, con el objetivo de ampliar su disponibilidad y reducir su costo, garantizando el acceso a tratamientos efectivos para el dolor en países de ingresos bajos y medios. De acuerdo con la organización, garantizar un equilibrio entre la fiscalización de sustancias sujetas a control internacional y el acceso a medicamentos esenciales es una tarea urgente que requiere cooperación global, inversiones en infraestructura sanitaria y políticas de salud pública más inclusivas.
Por ello, la Junta lanzó la estrategia INCB Learning, una iniciativa destinada a fortalecer la capacidad de los gobiernos para anticipar sus necesidades de sustancias fiscalizadas con fines médicos y científicos, en cumplimiento con los tratados internacionales sobre el control de drogas. El programa busca garantizar que los estupefacientes y sustancias psicotrópicas estén disponibles en las cantidades necesarias para atender a los pacientes, al mismo tiempo que refuerza los mecanismos de prevención del uso indebido y el desvío ilegal.
Además, los gobiernos han comenzado a utilizar las plataformas digitales y herramientas en línea de la JIFE para verificar la legitimidad de las remesas sospechosas y mejorar el intercambio de información sobre el tráfico de opioides sintéticos no médicos y precursores químicos. Esta colaboración ha permitido fortalecer las investigaciones y la lucha contra el crimen organizado, facilitando la detección y desarticulación de redes delictivas que operan en el comercio ilegal de estas sustancias.
