CONSULTORSALUD da a conocer el informe que presentó “Así vamos en Salud” donde abarcan aspectos fundamentales del sistema de salud colombiano, sus desafíos, el compromiso que debe asumir el Ministerio de Salud, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, la ADRES, al igual que el IETS para fortalecer el liderazgo sobre la conducción del sistema, Eficiencia y sostenibilidad financiera y los cambios tecnológicos existentes.
Modelo de salud colombiano
El modelo previsto de competencia regulada entre pagadores no se ha visto materializado de manera convincente en la práctica, resultando nulos los incentivos para mejorar la calidad en la atención en salud.
Entonces, una meta debería ser la de asegurar la prestación de los servicios de salud de una forma más eficiente y efectiva, entendiendo además las necesidades en salud de la población y que estén orientados además hacía el mejoramiento de la calidad con resultados en salud.
Liderazgo y gobernanza del sector salud
El principal reto para preservar y fortalecer el liderazgo y la gobernanza del Sistema de Salud se encuentra en mantener y acrecentar las capacidades técnicas de las entidades que hacen parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. Los avances que se han dado durante los últimos ocho años requieren sostenerse e incrementarse. El Ministerio de Salud, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, la ADRES, al igual que el IETS, deben consolidar un servicio civil de alto perfil profesional y técnico que fortalezca el liderazgo sobre la conducción del sistema, que permita una alta calidad en la regulación, module adecuadamente el financiamiento, garantice el aseguramiento, armonice la provisión de servicios, asegure la inspección, vigilancia y control pertinentes, y satisfaga las funciones esenciales de salud pública. Los agentes del sector deben establecer un pacto social y político mediante el cual se asegure que se preservará y defenderá el carácter técnico de las entidades que hacen parte de la Autoridad Sanitaria Nacional (MSPS, ADRES, INVIMA, INS, Supersalud, Secretarías de Salud). De esta manera, los avatares del ejercicio tradicional de la política colombiana deben estar alejados, lo más posible, de ese proceso de consolidación institucional que requiere el sector.
Con ello, el sector podría solucionar tres de sus mayores retos: los excesivos costos de operación que se derivan de ineficiencias de procesos y/o actividades redundantes; el mayor volumen de requerimientos de normas y procedimientos sobre temas fiscales, comerciales y de servicio; y la exposición a riesgos e incertidumbres que las entidades no están en condiciones de identificar y mucho menos de medir para mitigar.
Eficiencia y sostenibilidad financiera del sistema de salud
A medida que el sistema de salud avanza en cobertura poblacional, las personas demandan mayor acceso efectivo a los servicios con calidad en la atención. Hay que tener en cuenta que el aumento en la esperanza de vida, la transición demográfica, la expansión de la sobrevivencia y la suma de las enfermedades crónicas, son avances sociales que generan presión en el sistema de salud. Este incremento en la demanda de servicios, y la interacción entre oferta y demanda de servicios de salud genera mayor presión fiscal y solicita del sistema innovación en la consecución de recursos, a la par que mejora el rendimiento y productividad del personal.
De esta forma se concluye que la sostenibilidad depende de la interacción de cinco factores que incrementan el gasto en salud, como son, la transición demográfica, los cambios tecnológicos, el incremento en la utilización de servicios de salud, el aumento en las expectativas en salud y la legitimidad del sistema.Estos cinco factores son los que principalmente hacen presión en el sistema de salud colombiano afectando su sostenibilidad financiera y sobre los que se presentan las siguientes alternativas de solución.
1. Transición Demográfica
- Se requiere establecer una Política Nacional de Cuidado, Cuidadores y Redes de Apoyo, con fuentes de financiación propia que cubran, entre otros, los servicios sociales complementarios a la salud.
- Mejorar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) (la prima de financiamiento anual que el Sistema de Salud paga por cada afiliado), teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, así como las necesidades de las entidades territoriales, de acuerdo con las diferencias por zonas urbanas, rurales y con poblaciones dispersas, de conformidad con el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), y de otras variables adicionales que permitan un mejor cálculo de esta prima.
- En un plan de medidas de transparencia del gasto en salud, de las cuentas y transacciones entre los agentes del sistema, se requiere depurar las bases de datos del Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN), así como de otras bases de datos de personas con subsidios, contrastando esa información con la información financiera de los ciudadanos. Determinando así con mayor precisión las personas que realmente deben ser beneficiarias del régimen subsidiado de salud.
- El avance en la implementación de políticas públicas de envejecimiento y vejez en las entidades territoriales debe ser sostenido en el tiempo, con enfoque de cuidado de la salud a lo largo de la vida y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
- Se debe insistir en que las entidades territoriales fortalezcan la implementación de estas políticas con mayor asignación presupuestal, proveniente de recursos propios o de su gestión.
- Establecer mediante incentivos financieros y no financieros, un enfoque estratégico en la planeación de la infraestructura pública y privada de los servicios de salud que responda a las necesidades del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS).
2. Cambios Tecnológicos
- Es necesario avanzar en la reglamentación de la evaluación de tecnologías en salud, (acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC) teniendo en cuenta que, a la luz de la Ley Estatutaria de Salud, las exclusiones se deben determinar con criterios presupuestales y de costo-efectividad incremental, definidos mediante un proceso institucional robusto, transparente y colectivo.
- Se debe garantizar que cada nueva tecnología en salud que pretenda entrar al país sea evaluada y ajustada a precios definidos, con base en su capacidad de mejora de la salud de las personas.
3. Sistema de atención y utilización de servicios en salud
- Impulsar modalidades de contratación y pago de servicios de salud que respondan al reconocimiento de la calidad y de los resultados en salud en todos los niveles de atención, con especial énfasis en los servicios esenciales o primarios.
- Se requiere fortalecer la asistencia técnica del Ministerio de Salud y Protección Social a las entidades territoriales para avanzar en la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS).
- Crear incentivos financieros y no financieros para la excelencia operativa de EPS, IPS, Clínicas, Hospitales y Secretarías de salud, con la que se permita mejorar los resultados y la calidad en salud.
- Establecer incentivos financieros y no financieros que premien el autocuidado de la salud.
4. Expectativas en salud
- Toda persona debe aportar al Sistema de Salud independientemente de la condición laboral y de acuerdo a sus ingresos. Para ello, hay que establecer los controles que se requieran.
- Se recomienda implementar de manera gradual y sostenida los recursos provenientes de la reforma tributaria de 2016, efectivos a partir del período gravable de 2017, los cuales son considerados nuevas fuentes de financiación para el sistema.
- La operación de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, ADRES, debe mejorar el flujo de recursos desde el nivel central a los demás actores del sistema.
- La ADRES necesita avanzar en su fortalecimiento institucional para convertirse en la tesorería del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- El Gobierno Nacional debe hacer mayores esfuerzos para incrementar la formalización laboral, con el fin de erradicar la evasión y la elusión al sistema de salud.
- Se requiere fortalecer procesos de rendición de cuentas y de transparencia en las relaciones comerciales entre los aseguradores, prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud. Cada plan de salud debe asumir la totalidad del costo de sus prestaciones.
- Con base en el principio de solidaridad y preservando la protección financiera, la cofinanciación del sistema debe aumentar el gasto privado acorde con los ingresos económicos de cada ciudadano y a expensas del cruce de bases de datos financieros de los afiliados.
- Se debe incentivar la creación de seguros voluntarios en salud, que formalicen e incrementen el gasto privado hasta llevarlo a un nivel de 30% del gasto total en salud. Este ajuste debe tomarse en cuenta en la discusión de la revisión de copagos.
- Se debe hacer un análisis a profundidad de gasto de bolsillo en Colombia, con el fin de desarrollar políticas públicas de gastos complementarios como micro seguros por grupos de riesgo, con miras a reducir la carga financiera del sistema.
- El Ministerio de Salud y Protección Social debe priorizar el ajuste del proyecto de resolución de copagos de servicios no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC.
- Se requiere incrementar los recursos del sector salud originados en fuentes fiscales con base al cumplimiento de normas establecidas. Es necesario que por parte del Ministerio de Salud y Protección Social se ejerza el debido seguimiento sobre los compromisos de giro oportuno por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de modo que no haya lugar a acumulación de deudas entre los dos ministerios por este concepto.
- De igual forma, es necesario incrementar los recursos del sistema vía impuestos generales orientados a aumentar la bolsa común destinada al cuidado de la salud. Estos recursos adicionales deberían provenir del impuesto a los azúcares refinados, la denominada comida “chatarra” y sustancias de consumo masivo que impactan negativamente la salud de la población, como el alcohol y el tabaco, sin que con ello se excluyan otras posibles fuentes.
- La Ley debe definir el porcentaje especifico de aportes del presupuesto general de la nación que asigna anualmente para la salud.
5. Legitimidad del sistema
- Establecer un pacto social y político mediante el cual se asegure que se preservará y defenderá el carácter técnico de las entidades que hacen parte de la Autoridad Sanitaria Nacional (Ministerio de Salud y Protección Social, ADRES, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, Supersalud, Secretarías de Salud).
- A partir de la Instancia de Coordinación y Asesoría del Ministerio de Salud y Protección Social, se requiere incrementar la participación ciudadana y de los diferentes agentes del sector en las deliberaciones sobre temas que les incumbe y donde sus criterios deben ser tenidos en cuenta, en particular en el proceso de priorización de nuevas tecnologías en salud.
- Fortalecer la participación ciudadana, en especial en lo relacionado con la rendición de cuentas y el control social.
- Estimular las iniciativas de comunicación transparente y directa entre las entidades de la Autoridad Sanitaria Nacional, las EPS, las IPS y los usuarios, con el propósito de que estos reconozcan sus derechos y deberes frente a su salud y al sistema y, de esta manera este último se legitime.
- Se propone que se realice un acto público del Estado y de los agentes del sector que reconozca la deuda en salud y que resuelva el lastre de lo no POS y los compromisos financieros entre los diferentes agentes del sistema, como también hacer compromisos de no repetir la deuda.
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