Déficit en presupuestos máximos pone en riesgo medicamentos y cuidados para enfermedades huérfanas – Así Vamos en Salud

El sistema de salud colombiano enfrenta un déficit estructural en la financiación de los presupuestos máximos, mecanismo creado en 2019 mediante el artículo 240 de la Ley 1955 para cubrir medicamentos y servicios no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Estos incluyen tratamientos para enfermedades huérfanas, alimentos para propósitos médicos especiales (APME), medicamentos off-label y servicios complementarios como cuidadores y pañales.

Antes de 2020, estos gastos eran reconocidos mediante la figura de recobro, que generó una presión creciente sobre el sistema. Entre 2006 y 2011 el valor aprobado para pago aumentó 12 veces, hasta que en 2012 se estabilizó, aunque sin resolver la brecha financiera.

Presupuestos máximos: apropiación y rezagos

Desde 2020, la ADRES comenzó a girar de manera anticipada los recursos a las EPS. Sin embargo, a partir de 2022 el mecanismo evidenció rezagos y desfinanciación.

• En 2022, el presupuesto reconocido fue de 3 billones, pero la apropiación resultó insuficiente. La deuda de 820 mil millones fue cubierta en 2025 con cargo a vigencias futuras, tras el Auto 2049 de 2024 de la Corte Constitucional.
• En 2023, el presupuesto reconocido fue de 3,9 billones, frente a una apropiación de solo 2,7 billones.
• En 2024, se reconocieron más de 4 billones, pero solo se apropiaron 3,1 billones, quedando pendiente una brecha de liquidación que alcanzó los 3,7 billones.
• Para 2025, el déficit se amplía: el presupuesto máximo requerido se estima en 4,4–4,6 billones, pero a julio solo se habían apropiado 2,1 billones, con 1,2 billones ejecutados, lo que significa un faltante del 50–55 %.

Composición del gasto: medicamentos y servicios complementarios

La composición del presupuesto máximo cambió tras la actualización integral de la Resolución 2292 de 2021. En 2021, los medicamentos representaban el 78,7%, pero en 2022 bajaron al 53,1%, mientras que los servicios complementarios subieron del 10% al 30% del gasto.

Dentro de los servicios complementarios, el gasto en pañales representó el 39% en 2022 (401 mil millones) y el servicio de cuidadores el 24%. En total, este componente alcanzó 1 billón en 2022, 1,2 billones en 2023, y se estima que llegará a 1,5 billones en 2025.

Por otra parte, la actualización de 2023–2024 migró algunos APME y procedimientos a la UPC, pero aún 96,5% de la oferta farmacéutica autorizada sigue financiada con presupuestos máximos. Entre 2020 y 2024, las prescripciones de medicamentos cayeron de más de 5 millones a alrededor de 1 millón debido a estas migraciones.

En términos de personas beneficiarias, antes de 2022 alrededor de 2,7 millones recibían prescripciones con cargo a presupuestos máximos, cifra que bajó a 1 millón tras la actualización integral.

Economía del cuidado: un reto estructural

El boletín resalta que el déficit afecta especialmente a los cuidadores, quienes son esenciales para la atención de pacientes crónicos, personas mayores o en condición de discapacidad. Según el DANE, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) representó en promedio 32.458 millones de horas anuales entre 2022 y 2023, de las cuales más del 85% fue asumido por mujeres.

Este valor equivale a cerca del 20% del PIB nacional, lo que refleja la importancia del cuidado en la economía y la urgencia de financiarlo con enfoque intersectorial.

Lineamientos de política pública

El documento también resalta los avances normativos:

• Ley 1413 de 2010: incorporó el trabajo de cuidado no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales.
• PND 2018–2022: incluyó la equidad de género y la creación de un sistema intersectorial de cuidado.
• PND 2022–2026: estableció formalmente el Sistema Nacional de Cuidado, liderado por la Vicepresidencia y el Ministerio de Igualdad y Equidad.
• CONPES de Política Nacional del Cuidado (2025): definió un plan de acción con costo indicativo de 25,6 billones de pesos en 10 años, priorizando el reconocimiento de derechos de cuidadores y la redistribución de cargas de cuidado.

Entre tanto, el Observatorio concluye que los presupuestos máximos, concebidos como mecanismo de contención, hoy enfrentan problemas de liquidez y rezago, comprometiendo derechos fundamentales en salud. Además, reitera que el financiamiento de la política nacional del cuidado no debe depender solo del sistema de salud, sino del Presupuesto General de la Nación, con participación de entidades como Prosperidad Social, ICBF y el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Reconocer y financiar el cuidado es, según el informe, una inversión en bienestar, equidad y productividad, clave para la sostenibilidad del sistema de salud y el desarrollo social del país.

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