Defensoría del Pueblo exige soluciones inmediatas ante graves fallas en la entrega de medicamentos en Montería

En medio de un panorama de creciente inconformidad ciudadana por las fallas en el acceso a medicamentos esenciales, la Defensoría del Pueblo alertó este lunes sobre deficiencias estructurales en los servicios farmacéuticos en Montería, Córdoba. Las irregularidades fueron documentadas durante una serie de visitas de verificación a gestores farmacéuticos, con el objetivo de proteger los principios de dignidad, igualdad y continuidad en la atención en salud.

Los hallazgos se producen en un contexto nacional marcado por la intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, entre ellas Nueva EPS, Coosalud y Sanitas, las cuales han presentado serias dificultades para garantizar la entrega oportuna de medicamentos. Esta situación ha generado un incremento significativo de tutelas e incidentes de desacato por parte de los usuarios, lo que evidencia una creciente judicialización del acceso a la salud.

Fallas operativas y medicamentos pendientes en farmacias de Montería

Durante la inspección a las sedes de la farmacia Audifarma, ubicadas en el centro de la capital cordobesa, la Defensoría constató que el sistema de turnos (digiturno) no se encuentra en funcionamiento, lo que obligó a implementar un mecanismo manual sin tiquetes numerados. Esta medida improvisada ha generado desorden, confusión y molestia entre los usuarios. A ello se suma la inoperancia del tablero electrónico de llamados, lo cual ralentiza aún más el flujo de atención.

Además del colapso organizativo, se reportó un elevado número de medicamentos pendientes por entregar, muchos de ellos dirigidos al tratamiento de enfermedades crónicas y de base como hipertensión, diabetes, cáncer, patologías cardíacas y huérfanas. Los retrasos no solo comprometen la adherencia terapéutica, sino que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

En la farmacia Logifarma, los funcionarios de la regional Córdoba verificaron una situación igualmente preocupante. El alto número de pendientes en la entrega de medicamentos se suma a condiciones físicas deficientes del establecimiento, que resultan inadecuadas para la atención al público. En esta sede se identificaron como no entregados medicamentos fundamentales como insulina, fenitoína, vildagliptina, levotiroxina, olmesartán + amlodipino, valsartán + amlodipino, atorvastatina, ezetimiba, carvedilol y pregabalina, todos esenciales para pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamiento continuo.

En la farmacia Profharma, ubicada en la calle 32 con carrera 5, también se documentaron múltiples pendientes. El patrón se repite: demoras en la entrega, usuarios inconformes y una carga creciente sobre los mecanismos judiciales para exigir el cumplimiento del derecho fundamental a la salud.

Llamado urgente a EPS y operadores farmacéuticos

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las EPS, a los operadores farmacéuticos y a las entidades territoriales de salud para que tomen medidas inmediatas y eficaces que garanticen la entrega completa, oportuna y digna de los medicamentos. El organismo fue enfático al señalar que “el desabastecimiento o la entrega fragmentada pone en riesgo la vida y la integridad de miles de personas, y constituye una vulneración directa del derecho fundamental a la salud”.

En palabras de la Defensoría, destacó que “la entrega de medicamentos no puede estar sujeta a excusas administrativas ni a retrasos logísticos. Estamos hablando de personas que requieren sus tratamientos para sobrevivir, para estabilizar sus enfermedades y para evitar complicaciones mayores”.

La entidad de derechos humanos advirtió que continuará ejerciendo vigilancia sobre el sistema de salud en Córdoba y en otras regiones del país donde se presenten quejas similares. “Reiteramos nuestro compromiso con la vigilancia del sistema de salud y continuaremos elevando alertas institucionales, acompañando a la ciudadanía y promoviendo las acciones necesarias para que el goce efectivo de los derechos sea una realidad en el departamento cordobés”, concluyó el comunicado oficial.

Un reflejo de un problema estructural nacional

El caso de Montería no es aislado. En diversos puntos del país se han venido documentando fallas recurrentes en la cadena de suministro farmacéutico, especialmente en EPS intervenidas o en situación financiera crítica. La fragmentación del modelo de atención, la tercerización de la entrega de medicamentos y los problemas en los contratos con gestores farmacéuticos son parte del problema de fondo que afecta la garantía del derecho a la salud en Colombia.

Organizaciones de pacientes, veedurías ciudadanas y líderes regionales han denunciado que muchos de los medicamentos pendientes o desabastecidos son insustituibles y que su ausencia prolongada puede derivar en descompensaciones, hospitalizaciones e incluso fallecimientos. Los medicamentos listados por la Defensoría, como la insulina, el carvedilol o la levotiroxina, son utilizados en enfermedades de alto riesgo y deben ser administrados de manera ininterrumpida.

Necesidad de soluciones integrales

La exigencia de la Defensoría pone sobre la mesa la necesidad de una revisión urgente del modelo de atención farmacéutica, que contemple mecanismos de seguimiento, control y sanción más eficaces ante incumplimientos por parte de operadores logísticos o EPS. También llama a fortalecer la red de inspección, vigilancia y control de las secretarías de salud departamentales, muchas veces desbordadas por la magnitud del problema.

Además de las medidas correctivas inmediatas, se requieren políticas públicas que fortalezcan el sistema de distribución de medicamentos, garanticen el abastecimiento continuo y aseguren el cumplimiento contractual por parte de todos los actores responsables.

En un país donde más del 50% de la población afiliada al sistema de salud presenta al menos una condición crónica, la entrega oportuna de medicamentos es una piedra angular de la atención integral. La situación denunciada en Montería es un llamado de atención para todos los actores del sistema: el derecho a la salud no puede seguir dependiendo de la paciencia del usuario, ni del azar logístico de los operadores farmacéuticos.