La Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud de Pamplona, Norte de Santander, emitieron un llamado urgente a la Nueva EPS, a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los dispensarios farmacéuticos de la región. La solicitud busca que las entidades adelanten procesos de conciliación de cuentas y garanticen el flujo de recursos financieros, a fin de asegurar la continuidad en la atención médica y la entrega oportuna de medicamentos a los afiliados.
El pronunciamiento institucional se produce en un contexto de crisis sanitaria que afecta a 15.377 personas afiliadas al régimen subsidiado de la Nueva EPS, lo que representa el 32,68% del total de 47.077 afiliaciones en el municipio. Estas personas quedaron sin acceso a los servicios de segundo nivel que presta la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, una institución que no solo atiende a la población local, sino también a usuarios provenientes de siete municipios de la provincia.
El llamado de la Defensoría busca frenar la interrupción de servicios básicos de salud y proteger los derechos de la población más vulnerable. Las entidades instaron a la EPS y a los prestadores a implementar medidas inmediatas para restablecer la atención, pues la falta de continuidad afecta directamente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, quienes dependen de tratamientos permanentes y de la entrega constante de medicamentos especializados.
¿Por qué el Hospital San Juan de Dios suspendió los servicios de segundo nivel?
El pasado 18 de octubre de 2025, el Hospital San Juan de Dios anunció oficialmente el cierre de todos los servicios de segundo nivel dirigidos a los afiliados de la Nueva EPS, decisión que entró en vigencia el 20 de octubre. La medida fue adoptada ante el incumplimiento reiterado de los pagos por parte del asegurador, situación que ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución y la calidad del servicio que presta a la comunidad.
Aunque el hospital mantuvo la atención en urgencias vitales, la suspensión generalizada implica que los usuarios no pueden acceder a consultas especializadas, procedimientos diagnósticos, cirugías programadas ni tratamientos de continuidad. Esta interrupción afecta gravemente el derecho fundamental a la salud y genera un impacto directo en la red hospitalaria del departamento, al sobrecargar los servicios de urgencias y los centros de atención de primer nivel.
La administración del hospital advirtió que la falta de pago por parte de la Nueva EPS pone en riesgo no solo su estabilidad financiera, sino también la prestación de servicios en los demás municipios que dependen de su red asistencial. En este contexto, la Defensoría del Pueblo destacó que el incumplimiento del asegurador no solo afecta a las instituciones prestadoras, sino que deteriora la confianza en el sistema de salud y agrava las brechas de acceso en regiones donde el hospital público es el principal proveedor de servicios.
¿Qué consecuencias enfrenta la comunidad y qué medidas exigen las autoridades?
El impacto de la suspensión de servicios en Pamplona ha sido profundo, dado que la Dirección Local de Salud reportó 785 quejas de usuarios por deficiencias en la atención y 150 acciones de tutela interpuestas por ciudadanos que buscan la protección de sus derechos fundamentales. Estas cifras reflejan un deterioro sostenido del servicio y la insuficiencia de los mecanismos administrativos de respuesta por parte de la EPS.
Las autoridades locales recordaron que durante la presente vigencia se realizaron múltiples acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar la atención a la comunidad. Sin embargo, la Nueva EPS habría desatendido los llamados y requerimientos oficiales, persistiendo en el incumplimiento de sus obligaciones financieras. Por esta razón, la Dirección Local de Salud solicitó de manera formal y urgente la intervención de las entidades de control para que adopten las medidas necesarias dentro de sus competencias legales.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que su llamado busca prevenir una crisis mayor en el sistema y garantizar que no se interrumpan los tratamientos médicos de las personas con enfermedades crónicas o de alto costo. Asimismo, advirtió que la acumulación de deudas entre la EPS y los prestadores compromete la sostenibilidad de la red pública hospitalaria y puede desencadenar un efecto dominó en otras regiones del departamento.
El organismo de control también pidió a los dispensarios farmacéuticos fortalecer la entrega de medicamentos, asegurando que la población reciba sus tratamientos sin demoras. La falta de acceso a fármacos esenciales genera complicaciones médicas, aumenta los costos del sistema y debilita la respuesta sanitaria local. Por ello, se reiteró la importancia de priorizar el derecho fundamental a la salud por encima de las disputas contractuales o financieras entre entidades.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de reforzar la coordinación institucional entre la Nueva EPS, el Hospital San Juan de Dios, la Secretaría de Salud municipal y los organismos de control nacionales. Solo mediante la conciliación de cuentas y la transparencia en la gestión de recursos será posible garantizar una atención integral, oportuna y de calidad para los más de 15.000 usuarios afectados, restableciendo la confianza en el sistema de salud y la sostenibilidad de la red hospitalaria pública en Pamplona y sus municipios aledaños.
