La Red hospitalaria del Valle del Cauca enfrenta niveles críticos de sobreocupación y presión financiera, con una demanda que triplica su capacidad habitual y una morosidad que alcanza los $4 billones. Esta combinación amenaza la calidad de la atención, alarga los tiempos de espera y tensiona una planta médica exhausta.
Red hospitalaria al borde del colapso
La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, advirtió que los hospitales de mediana y alta complejidad operan hoy al 300 % de su capacidad habitual, una cifra sin precedentes en la región. Este fenómeno se debe principalmente a la falta de contratación efectiva de servicios por parte de las EPS intervenidas, que ha obligado a decenas de miles de pacientes a recurrir a centros de mayor complejidad para cubrir necesidades básicas de salud.
El desajuste entre oferta y demanda se refleja en espacios originalmente diseñados para atender a 100 pacientes, que ahora reciben hasta 300, saturando camas, quirófanos y unidades de cuidado intensivo. En municipios como Cali y Tuluá, la afluencia masiva supera la capacidad física y operativa de las instalaciones, tensionando insumos, equipamiento y protocolos de bioseguridad.
Tiempos de espera y riesgo en la atención
El incremento de la carga asistencial ha multiplicado exponencialmente los tiempos de espera: servicios que antes se brindaban en 30 minutos pueden demorar hasta 8 horas en activarse, según estadísticas internas de la Gobernación del Valle del Cauca. Este retraso no solo perjudica la experiencia del paciente, sino que eleva el riesgo de complicaciones médicas, especialmente en casos de urgencias pediátricas, ginecoobstétricas y cardiovasculares .
Además, la congestión en salas de espera y urgencias ha profundizado la situación de higiene y control de infecciones, complicando la gestión de camas aisladas y aumentando la probabilidad de brotes intrahospitalarios. Profesionales consultados advierten un estrés laboral crónico, con jornadas extendidas y cargas de trabajo que superan en un 50 % los estándares recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) .
Crisis financiera y morosidad de EPS
El factor económico agrava aún más el panorama asistencial. El Valle del Cauca acumula una deuda cercana a los $4 billones en la prestación de servicios de salud, repercutiendo directamente en la operatividad de las instituciones prestadoras. Solo al Hospital Universitario del Valle (HUV) se le adeudan cerca de $600 mil millones, mientras que al Hospital Valle del Lilí le deben $800 mil millones y al Club Noel alrededor de $80 mil millones .
A pesar de que los giros directos de la ADRES han aumentado en un 75 %, persisten pasivos por el 25 % del valor total de los servicios, lo que equivale a un mes de impagos por cada cuatro meses atendidos. Esta irregularidad en el flujo de caja impide la reposición oportuna de insumos médicos y obstaculiza la contratación de personal temporal, elevando los costos operativos y comprometiendo la calidad de los procesos clínicos.
Impacto en servicios especializados
Según datos presentados ante el Concejo de Cali, en la ciudad y la región del Valle del Cauca se han cerrado 255 servicios de pediatría y ginecoobstetricia en clínicas privadas entre 2020 y junio de 2025, como consecuencia de la morosidad de las EPS y los ajustes operativos en la red prestadora. Este recorte afecta de manera crítica a gestantes y a niños menores de cinco años, cuya atención continua y multidisciplinaria se ve comprometida por la reducción de cupos y recursos.
Reacción institucional y perspectivas
Ante la gravedad de la situación, la Gobernación del Valle del Cauca convocó a una mesa de diálogo con prestadores de mediana y alta complejidad de Cali y Buenaventura, programada para el miércoles 23 de julio, con el objetivo de delinear soluciones conjuntas y articular mecanismos de pago más ágiles. Durante el encuentro, se contempla la revisión de esquemas de contratación directa, la priorización de flujos de caja para unidades críticas y la creación de un fondo rotatorio para insumos esenciales.
“La crisis es urgente y real. Debemos unir esfuerzos entre autoridades, EPS y prestadores para garantizar la continuidad y calidad de la atención”, enfatizó Lesmes. A mediano plazo, se proponen ajustes en la fórmula de reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para blindar presupuestos en servicios de alta demanda, así como la implementación de tecnología de telemedicina que mitigue las barreras geográficas y descongestione unidades de urgencias.