El Hospital San Sebastián de Urabá, en Necoclí, Antioquia, enfrenta una situación crítica debido a una deuda acumulada de $2.500 millones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Este monto corresponde a la atención médica prestada a la población migrante que transita por la región desde 2018, y que hasta la fecha, sigue sin ser saldada.
El gerente del hospital, Wilder Peñafiel Arias, alertó que hay 2.780 facturas pendientes de pago, lo que ha generado un grave déficit financiero en la institución. A pesar de las reiteradas solicitudes de pago y apoyo estatal, el hospital sigue sin recibir una respuesta efectiva del Gobierno Nacional.
“Estamos alrededor de 2.780 facturas, y esas facturas nunca han sido canceladas por el Ministerio ni por el Estado. A nosotros nos abandonaron y nos dejaron solos aquí atendiendo a esta población con la mera platica que nos manda el Adres”, afirmó Peñafiel.
El Hospital San Sebastián de Urabá ha sido un punto clave en la atención médica de migrantes que transitan por Necoclí en su ruta hacia Norteamérica. Sin embargo, el crecimiento exponencial de esta población ha sobrecargado los servicios médicos y ha puesto en jaque la estabilidad del hospital.
Atención a migrantes sin respaldo financiero
Cada día, entre 13 y 20 migrantes llegan al servicio de urgencias del hospital con patologías graves, complicaciones de embarazo y otras afecciones que requieren atención médica inmediata y muchas veces no cuentan con documentos que permitan facturar sus tratamientos a un sistema de salud.
El hospital ha intentado financiar estos servicios con los giros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), pero estos pagos son insuficientes y llegan con retraso.
La deuda ha crecido exponencialmente: en agosto de 2023, el hospital ya reportaba un déficit de $1.181 millones, pero la falta de apoyo financiero ha hecho que la cifra casi se duplique en menos de un año.
Impacto en la comunidad y en la salud local
El problema no solo afecta a los migrantes que buscan asistencia en el hospital, sino también a la comunidad de Necoclí. Los recursos que deberían estar destinados a la atención médica de la población local se están utilizando para cubrir la demanda migrante, lo que pone en riesgo la prestación de servicios básicos a los residentes de la zona.
A esto se suma el cierre de diversas ONGs que anteriormente brindaban asistencia a migrantes, las cuales han tenido que cesar operaciones debido a restricciones impuestas por Estados Unidos y a la falta de financiamiento. Esto ha dejado al Hospital San Sebastián de Urabá como la única alternativa médica disponible para esta población vulnerable.
Solicitudes urgentes al Gobierno Nacional
Ante esta crisis, el gerente del hospital y los alcaldes de la región han solicitado reiteradamente al Gobierno Nacional la creación de un documento Conpes que establezca un plan de acción para financiar la atención a migrantes.
Sin embargo, hasta el momento no se han dado respuestas concretas por parte del Ministerio de Salud ni de otras entidades responsables.
El llamado de Peñafiel Arias y de las autoridades locales es claro: se requieren medidas urgentes para evitar el colapso de la institución. La falta de pagos no solo afecta la operatividad del hospital, sino que también pone en riesgo la vida de miles de migrantes que llegan a la región con problemas de salud.
