La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó, en una votación 5 a 4, que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) recorten cerca de 783 millones de dólares en fondos de investigación, entre ellos proyectos sobre prevención del VIH, identidad de género y reticencia a las vacunas. El fallo representa un giro significativo en la financiación de estudios vinculados a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), con implicaciones profundas para la salud pública y el progreso científico.
El fallo del jueves autoriza a la administración Trump a continuar con su política de retirar recursos a programas que, según sus argumentos, no se alinean con la agenda presidencial en materia de diversidad e inclusión. Con esta decisión, el tribunal revocó las órdenes de instancias inferiores que habían bloqueado los recortes.
Los fondos cancelados afectan investigaciones estratégicas en prevención del VIH, vacunación y estudios sobre identidad de género, áreas consideradas prioritarias por la comunidad científica. De acuerdo con sindicatos, asociaciones profesionales y la American Public Health Association, los recortes ponen en riesgo el avance en salud pública y generan un retroceso en el abordaje de problemáticas que requieren evidencia robusta para diseñar políticas efectivas.
Antecedentes judiciales y apelaciones ante los recortes de los fondos de investigación
En junio, el juez federal William Young, designado por el expresidente Ronald Reagan, había bloqueado la medida, calificando la actuación del gobierno como una violación a la Ley de Procedimiento Administrativo y señalando que constituía un caso de “discriminación racial sancionada por el gobierno”.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ratificó este fallo en julio, y un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) en agosto indicó que los recortes probablemente eran ilegales, dado que la Casa Blanca no notificó previamente al Congreso sobre la decisión de bloquear el gasto aprobado.
Sin embargo, el Departamento de Justicia presentó un recurso de urgencia ante la Corte Suprema, que resolvió a favor de la administración, respaldándose en precedentes de recortes similares en educación.
División en el alto tribunal
La decisión reflejó una clara división ideológica: la mayoría estuvo integrada por los jueces Neil Gorsuch, Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En su opinión, Gorsuch señaló que “los jueces de tribunales inferiores a veces pueden estar en desacuerdo con las decisiones de este Tribunal, pero nunca tienen la libertad de desafiarlas”.
En desacuerdo, el presidente del tribunal, John Roberts, y los tres jueces liberales votaron en contra. La jueza Ketanji Brown Jackson publicó un extenso disenso de 21 páginas, criticando lo que calificó como la disposición de la Corte a favorecer de forma reiterada a la administración Trump en apelaciones de emergencia.
Impacto en la investigación y salud pública
El equipo legal de los demandantes calificó la decisión como “un revés significativo para la salud pública”, dado que los recortes afectan líneas de investigación críticas para la prevención de epidemias y la protección de poblaciones vulnerables.
No obstante, destacaron un aspecto positivo: la Corte Suprema mantuvo en firme la conclusión de los tribunales inferiores que calificaba de “ilegales e irrazonables” las directivas originales de los NIH. Esto significa que, si bien los fondos podrán ser recortados, las agencias no podrán suspender estudios basándose en esas directrices.
El fallo introduce incertidumbre sobre la estabilidad de la financiación de proyectos científicos vinculados a políticas sociales y de salud pública. Investigadores y gremios advierten que la medida no solo limita la producción de evidencia en áreas sensibles como VIH y vacunación, sino que además sienta un precedente sobre el alcance del Ejecutivo para condicionar la asignación de recursos federales en investigación biomédica.
La frecuencia con que la administración Trump ha recurrido a la Corte Suprema refuerza este debate. Según el profesor Steve Vladeck de la Universidad de Georgetown, en los primeros meses de su segundo mandato la administración ha presentado 19 apelaciones de emergencia, la misma cantidad que el gobierno de Biden en cuatro años, con un alto porcentaje de fallos favorables.