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Corte Constitucional devuelve a Keralty el control de EPS Sanitas tras 17 meses de intervención
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La Corte Constitucional restituyó el control de EPS Sanitas al Grupo Keralty, tras 17 meses de intervención considerada “ilegal, arbitraria y profundamente injusta” por la propia organización. En un manifiesto titulado “Un Grito por la Verdad, la Justicia y la Reconstrucción”, Keralty denunció el impacto de esta medida sobre millones de afiliados y reclamó garantías institucionales para evitar nuevos episodios de arbitrariedad en el sistema de salud colombiano.
La restitución judicial y su carácter histórico
El fallo de la Corte Constitucional constituye un hito en el sector, al declarar ilegal la intervención que desde 2024 mantenía bajo control estatal la operación de EPS Sanitas. Según Keralty, la decisión “no solo reconoce la ilegalidad de la intervención, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
La organización subrayó que el regreso a la administración no es motivo de celebración, sino de reflexión y duelo por el impacto que tuvo la medida en usuarios, hospitales y equipos médicos. De acuerdo con el manifiesto: “Este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”.
Impacto de la intervención en la atención en salud
Durante los 17 meses de intervención, Keralty aseguró que se deterioró de manera significativa la prestación de servicios. El documento hace referencia a pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes colapsadas y un sistema erosionado hasta sus cimientos.
El texto sostiene que el proceso no fue un error administrativo, sino “un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”. Según el manifiesto, la improvisación y falta de planificación de la medida generaron “una tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables”.
Exigencias de Keralty al Gobierno Nacional
El manifiesto plantea un pliego de exigencias directas al Ejecutivo, entre las que destacan:
- Cumplimiento inmediato e integral del fallo de la Corte Constitucional, bajo el entendido de que constituye un imperativo legal y moral.
- Reparación del daño causado a la red de atención, equipos profesionales y usuarios.
- Pago de deudas pendientes y garantía de estabilidad financiera para todas las EPS, de manera que se asegure la continuidad y calidad del servicio.
- Cese de campañas de desinformación que, según Keralty, buscan dividir a la sociedad y generar desconfianza en el modelo.
- Garantías institucionales vinculantes para evitar que una arbitrariedad de este tipo se repita en el futuro.
Justicia, rendición de cuentas y transparencia
Uno de los apartados más contundentes del manifiesto exige que se investigue y sancione a los responsables de la intervención. “No buscamos venganza, pero sí justicia. Quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas”, señala el texto.
La organización enfatizó que la impunidad no puede ser una salida y que el daño ocasionado debe ser reconocido y procesado en las instancias judiciales correspondientes.
Un llamado a la reconstrucción del sistema
En su mensaje a los usuarios, empleados y prestadores, Keralty expresó que la restitución marca el inicio de una nueva etapa, pero reconoció la magnitud del reto: “El daño causado por la intervención ilegal es devastador. Reparar este desastre tomará tiempo y esfuerzo titánico”.
La compañía hizo un llamado a la comprensión y colaboración de la ciudadanía, al tiempo que prometió trabajar por el restablecimiento de cada servicio y la recuperación de la confianza. “La causa de Keralty trasciende lo empresarial; es una causa humana, una lucha por un sistema de salud que dignifique a cada persona, basado en la justicia, la evidencia científica y la compasión genuina”, subrayó.
Implicaciones para el sistema de salud colombiano
El caso Sanitas-Keralty deja varios aprendizajes para el sistema de salud en su conjunto:
- La necesidad de fortalecer las garantías jurídicas que protejan a las instituciones del sector de intervenciones arbitrarias.
- La importancia de un modelo de vigilancia y control técnico y transparente, que asegure el cumplimiento normativo sin afectar la continuidad en la prestación de servicios.
- La urgencia de un debate nacional sobre la sostenibilidad financiera del sistema y el papel de las EPS en la administración del aseguramiento en salud.
El episodio también reabre la discusión sobre la confianza en las instituciones, pues el manifiesto denuncia que el Gobierno ignoró “las claras instrucciones de las autoridades legislativas, los entes de control y las instituciones nacionales acreditadas”.
En el XX Congreso Nacional de Salud que se llevó a cabo los pasado 28 y 29 de agosto, el Dr. Juan David Riveros, abogado y vocero de Keralty habló con CONSULTORSALUD sobre el fallo de la Corte y el plan de choque y futuro de la EPS Sanitas, lo que se sabía hasta ese momento. véala completa aquí.
