La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia ha declarado el cumplimiento alto de lo ordenado en los Autos 696 de 2022, 1290 de 2023 y 311 de 2024, respecto a la elaboración de un Plan Provisional de Acción para la población infantil Wayuu. No obstante, la Corte aclaró que esta aprobación no implica la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la región.
La Sala evaluó las acciones implementadas y los ajustes realizados por el Gobierno Nacional en el Plan Provisional de Acción, el cual es un instrumento de planificación que permite la toma de decisiones y el seguimiento de acciones encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas Wayuu en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, en el departamento de La Guajira.
Una lucha contra el Estado de Cosas Inconstitucional
En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en la región, tras evidenciar una vulneración generalizada, masiva y desproporcionada de los derechos fundamentales de la niñez Wayuu. Esta situación se derivó de fallas estructurales en la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales, lo que afectó el acceso al agua potable, la alimentación, la seguridad alimentaria, la salud y la participación de los menores de edad en estas comunidades.
Desde entonces, la Corte ha dictado varias órdenes estructurales para remediar esta situación, incluyendo la elaboración de un Plan Provisional de Acción orientado por la equidad y centrado en el goce efectivo de los derechos de la niñez Wayuu. Entre las medidas adoptadas se encuentra la creación de este plan, cuya versión actual ha sido aprobada tras ajustes significativos solicitados por la Corte en diferentes autos.
Aprobación condicionada y monitoreo continuo
El Plan Provisional de Acción aprobado por la Corte responde en su mayoría a los parámetros técnicos y exigencias establecidas en el Auto 696 de 2022, que incluyen el derecho a la información, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud. Sin embargo, la Sala excluyó del plan la acción denominada “Adquisición de vehículos tipo cisterna” debido a la falta de claridad en los detalles relacionados con la titularidad, administración y sostenibilidad financiera de los carrotanques destinados a garantizar el suministro de agua en la región.
La exclusión de esta acción señala la necesidad de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presente un informe detallado sobre los costos, el estado actual de las contrataciones y la administración de los vehículos. Solo entonces podrá ser reconsiderada su inclusión en el Plan Provisional de Acción.
Además, la Sala ordenó que la Consejería Presidencial para las Regiones, en su calidad de coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), rinda dos informes anuales sobre los avances y obstáculos en la implementación del Plan. Estos informes deberán elaborarse con base en la información proporcionada por las entidades responsables de cada una de las acciones y serán fundamentales para evaluar el éxito material del plan.
El papel del Plan Provisional de Acción
Aunque la aprobación del Plan Provisional de Acción representa un avance significativo, la Corte dejó en claro que esta medida es provisional y que su aprobación no implica la superación del ECI. En palabras de la Sala, el plan es un “instrumento de planificación que contribuye tanto a la toma de decisiones como al seguimiento de las acciones encaminadas a la superación del ECI”. La Corte también reiteró la importancia de que las entidades involucradas reporten los resultados de sus acciones con base en indicadores de gestión y desempeño (IGED), en línea con lo establecido en el Auto 480 de 2023.
En cuanto al derecho a la salud, la Sala valoró positivamente las acciones de georreferenciación de infraestructura en salud y la conformación de equipos de salud interculturales adaptados a la cultura Wayuu, que permitirán mejorar la oferta de servicios en el marco de la atención primaria. Estas acciones, según el informe presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuentan con una financiación adecuada y han sido concertadas con las comunidades, lo que refuerza su viabilidad.
Contexto jurídico del Estado de Cosas Inconstitucional en la Comunidad Wayuu
El Plan Provisional de Acción aprobado en el Auto 311 de 2024 se construyó sobre la base de las órdenes y recomendaciones previas emitidas por la Corte en los Autos 696 de 2022 y 1290 de 2023. Estas decisiones destacaron la necesidad de articular acciones urgentes para garantizar los derechos fundamentales de la niñez Wayuu, especialmente en temas críticos como el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la salud.
En este contexto, la Sala ha solicitado a organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Dejusticia y la Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, que incluyan en sus informes observaciones sobre la ejecución y puesta en marcha del Plan. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada sobre esta aprobación, dado su seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a la niñez Wayuu.
A pesar de los avances logrados, la situación de los niños y niñas Wayuu sigue siendo preocupante, y la Corte mantiene un enfoque riguroso en la supervisión del cumplimiento de las órdenes impartidas. La aprobación del Plan Provisional de Acción representa un paso importante, pero no definitivo, en la lucha por la garantía de los derechos fundamentales de la población infantil Wayuu. Es un recordatorio constante de que la superación del Estado de Cosas Inconstitucional requiere no solo de la formulación de planes, sino de su implementación efectiva y sostenida en el tiempo.
La Corte ha advertido que la falta de información precisa o la ausencia de resultados podría generar medidas coercitivas contra las entidades responsables. La responsabilidad del Estado es ineludible, y el futuro de miles de niños y niñas Wayuu depende del compromiso real y efectivo de todas las instituciones involucradas.
