La Contraloría General de la Nación sigue evidenciando malas prácticas en el sistema de salud, esta vez, puso en conocimiento de los colombianos los nuevos procesos que abrió tras encontrar irregularidades en tratamientos sin prueba genética, recobros sin prestación del servicio, pacientes inexistentes y concentración de cartera, situaciones que muestran condiciones de riesgo para la prestación del servicio de salud en el país.
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Hallazgos por Vimizim
De acuerdo con el informe presentado por el ente de control, entre los hallazgos evidenciados se encuentra una serie de irregularidades en la distribución de Vimizim, un medicamento de alto costo, que está indicado para el tratamiento de la “Mucopolisacaridosis tipo IV A o Síndrome de Morquio”, el cual es una afección hereditaria que genera síntomas como: Desarrollo anormal de huesos, Córnea opaca, Hígado agrandado, Soplo cardíaco, Hernia en la ingle y macrocefalia.
Por consiguiente, según ha determinado este organismo, se estaba prescribiendo este medicamento de alto costo, sin que se hubieran realizado pruebas genéticas que confirmaran la existencia del Síndrome de Morquio. “Frente a estos hechos la Contraloría ha indicado que en este momento hacen parte de un ejercicio de gestión fiscal múltiples EPS”.
Además, la Contraloría reveló que se han realizado pagos de recobros, donde una vez confrontados con fuente externas, se evidencia no hubo prestación del servicio, es decir, no se suministró el medicamento, pero sí pidieron su reembolso. Para este caso, la Contraloría realiza una operación automatizada de búsqueda de registros coincidentes con fuentes externas, verificando la asistencia del paciente a un centro de infusión y su correspondiente suministro del medicamento.
Pagos de recobros donde no hubo prestación del servicio
Así mismo, la Contraloría también indicó, que otro de los hallazgos registrados donde se han realizado pagos de recobros, que no debieron ser pagados son un Bot de consulta en la web que identifica un paciente por recobros por valor de $887.481.592 que no se encuentra en la BDUA – Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero fueron cancelados en su totalidad a la respectiva EPS.
“Se trata de una regla básica de validación de recobros que no se cumple, estableciendo una inconsistencia: debió ser glosado y no pagado”.
Concentración de cartera
De igual manera, el documento de ente de control, resalta que a septiembre de 2019, la cartera de las IPS asciende a $9,4 Billones. La tercera parte de ellos ($3,3 billones) se concentra en IPS de segundo nivel.
En consecuencia, en el nivel 2 de atención, cinco instituciones concentran el 20% de la cartera entre ellos: el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar, Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal, Hospital La Divina Misericordia de Magangué y Hospital San Jerónimo de Montería.
Tres de estos Hospitales (Villavicencio, Magangué y Montería) están intervenidos por la Superintendencia de Salud, lo que demuestra falencias en la gestión de cobro.
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Embargos de cuentas maestras
Por otra parte, un hecho que ha llamado la atención de la Contraloría, y que generó una Circular del Contralor Carlos Felipe Córdoba , es que han sido embargadas cuentas maestras, que legalmente no pueden ser objeto de ese tipo de medida cautelar. “Un caso específico, es el del Juzgado Primero Civil de Riohacha, que embarga y falla a favor de los demandantes utilizando recursos de cuentas maestras de salud”. Menciona el documento.
Lupa a los entes territoriales, sobre Acuerdo de Punto Final para sanear deudas de la salud
No obstante, frente al Acuerdo de Punto Final, en el caso de los entes territoriales, la Contraloría General de la República menciono que estará realizando muestreo aleatorio de deuda reconocida, pagos realizados con fuentes propias y estado de la auditoría (valor auditado, valor reconocido, valor pendiente por auditar y monto pendiente de pago, producto de las auditorías de punto final contratadas por cada entidad territorial).
además, ha señalado, se hará seguimiento a la suscripción de los contratos de transacción de punto final que deben realizar los entes territoriales con las EPS. Y habrá seguimiento a la suscripción de los contratos de auditoria de punto final que deben realizar estas entidades.
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Incumplimiento en contrato para auditar recobros no PBS
Finalmente, el documento de la Contraloría concluye mencionando el caso de recobros de la ADRES, allí indica “la ADRES firmó en 2018 un contrato para auditar los recobros no PBS por el monto de $140.000 millones. El contrato ha sido incumplido y el contratista, que ha recibido cuatro multas, está solicitando al Ministerio la cesión del contrato. Como la auditoría no fue ejecutada, el rezago es de $7,6 billones”.
Agrega, la “ADRES generó entonces un giro previo de $5,01 billones de pesos a 15 EPS. A la fecha solo ha sido legalizados $2,9 billones. COMFENALCO VALLE, SANITAS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS, MEDIMAS, SALUDVIDA y PIJAO SALUD, no han legalizado hasta ahora valor alguno”.
