La Contraloría General de la República identificó 27 hallazgos fiscales por un valor acumulado de $27.530 millones en actuaciones de vigilancia realizadas entre 2024 y lo corrido de 2025 sobre EPS y fondos locales de salud del departamento de Nariño. La entidad de control, a través de la Delegada para el Sector Salud, consolidó un total de 74 hallazgos, de los cuales 53 tienen presunto alcance disciplinario y 42 fueron trasladados a otras instancias competentes.
Estas auditorías reafirman preocupaciones históricas sobre la administración de recursos públicos en el aseguramiento en salud, revelando desviaciones de los principios de eficiencia, transparencia y cumplimiento de metas contractuales.
Hallazgos fiscales en Emssanar EPS, de mayor cuantía por $14 mil millones
El hallazgo más significativo por su impacto fiscal se relaciona con Emssanar EPS, que concentró una observación por $14.884 millones, derivada de una auditoría de cumplimiento a las vigencias 2022 y 2023. La Contraloría evidenció que la EPS registró saldos a su favor en contratos por modalidad de capitación, pese a no haber alcanzado los indicadores pactados en las metas contractuales.
Este tipo de hallazgo no solo implica una posible apropiación indebida de recursos públicos, sino que refleja deficiencias en la ejecución de los contratos y en la validación de cumplimiento de resultados en salud, en una de las regiones más vulnerables del país.
Mallamás EPS Indígena: pagos sin soporte operativo por $1.466 millones
En el caso de Mallamás EPS Indígena, la auditoría de cumplimiento a las vigencias 2023 y 2024 identificó un hallazgo fiscal por $1.466.814.409. La Contraloría señaló que dichos recursos fueron pagos a terceros no relacionados con bienes, servicios o nómina, y que en los registros contables figuran como gastos por desplazamientos de miembros de la Junta Directiva.
Este tipo de utilización de los recursos del sistema de salud vulnera los principios de destinación específica, y compromete fondos que deben orientarse al aseguramiento efectivo de las comunidades indígenas afiliadas, especialmente en contextos con brechas históricas en acceso a servicios.
Pese a este hallazgo, es relevante mencionar que la auditoría también reportó beneficios fiscales por $1.304 millones en esta EPS, lo que implica recuperación o protección de recursos públicos gracias a acciones de vigilancia.
Instituto Departamental de Salud de Nariño: irregularidades en el PIC
El tercer hallazgo fiscal relevante se refiere al Instituto Departamental de Salud de Nariño, con una afectación por $444.673.128. Según la Contraloría, se detectaron irregularidades en la ejecución de contratos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), específicamente por ejecutar en menor cantidad las actividades establecidas en el anexo técnico del convenio, pese a que el departamento realizó el pago total previsto para la contratación del personal.
El incumplimiento contractual documentado constituye un detrimento fiscal, al pagarse con recursos públicos una ejecución inferior a la estipulada, lo cual afecta la cobertura y efectividad de las acciones de salud pública colectiva en el territorio.
Los hallazgos fiscales evidenciados en el departamento de Nariño se suman a un patrón de alertas reiteradas sobre la gobernanza del sistema de salud, especialmente en territorios periféricos y con alta complejidad operativa. El modelo de aseguramiento por capitación exige un control riguroso del cumplimiento de metas y del uso de los recursos transferidos, que en estos casos parece haber sido frágil o deficiente.
El informe pone también sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión contractual, la trazabilidad de los recursos y la ejecución conforme a resultados, tanto en EPS del régimen subsidiado como en fondos territoriales de salud.