La Contraloría General de la República alertó una crisis de sostenibilidad en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), al evidenciar que el país necesitará $1,3 billones adicionales en 2026 para garantizar la cobertura nacional.
Durante la entrega de resultados del análisis nacional del PAE, realizada en el foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia”, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra reveló que la desfinanciación, los retrasos contractuales y los sobrecostos están comprometiendo la continuidad del servicio en todo el territorio nacional.
En departamentos como Magdalena, más de 135 mil niños y adolescentes permanecen sin alimentación escolar por fallas en la planeación y la gestión local, un reflejo de la fragilidad del programa más importante de nutrición estudiantil del país.
Déficit financiero y fallas administrativas en expansión
De acuerdo con la Contraloría, el PAE beneficia actualmente a 5,57 millones de estudiantes, con recursos por $5,27 billones. Sin embargo, 1,28 millones de menores aún no reciben el servicio, lo que demandaría $1,21 billones adicionales para cerrar la brecha en 2026.
El órgano de control advirtió que la desfinanciación estructural del programa ha generado un aumento sostenido de irregularidades. Desde 2020 se han identificado más de 800 hallazgos, de los cuales 185 tienen incidencia fiscal por más de $55.500 millones, principalmente por sobrecostos (61%) y pagos sin soporte (47%).
En las vigencias 2024–2025 se sumaron 30 nuevos hallazgos fiscales por $7.974 millones, concentrados en las regiones Pacífico, Llanos y Centro Sur, donde la inseguridad alimentaria es más alta y la cobertura más baja. La Contraloría advierte que la falta de coordinación entre Nación y entidades territoriales certificadas en educación (ETC) está provocando rupturas operativas en la prestación del servicio.
Cobertura desigual: el 60% de los departamentos está por debajo del promedio nacional
Según la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (UApA), el PAE logró en 2023 una cobertura del 79% de la población escolar. No obstante, 2,57 millones de estudiantes no recibieron alimentación durante su jornada académica.
El 60% de los departamentos se encuentra por debajo del promedio nacional, con brechas profundas en Amazonas, Casanare y Guaviare, donde la cobertura no supera el 50%. En municipios como Sahagún (Córdoba), apenas el 23% de los alumnos del sector oficial accedió al programa.
La Contraloría subrayó que estas disparidades obedecen tanto a las diferencias presupuestales entre regiones como a fallas de planeación y gestión, lo que evidencia una inequidad territorial persistente en el acceso a la alimentación escolar.
Magdalena, epicentro de la crisis: 135 mil niños sin raciones escolares
El caso del departamento del Magdalena representa el punto más crítico de la actual crisis del PAE.
La Gerencia Departamental de la Contraloría confirmó que más de 135 mil estudiantes están sin alimentación escolar debido a retrasos contractuales y administrativos de la Entidad Territorial Certificada (ETC) Magdalena.
En 2025, el servicio solo se ha prestado 90 de los 205 días lectivos del calendario académico. El programa inició tardíamente el 28 de abril y se suspendió nuevamente el 19 de septiembre, afectando a los 28 municipios no certificados.
Aunque la UApA asignó $20.700 millones para la operación, el contrato se encuentra paralizado. La Gobernación gestiona un proyecto con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por $65.000 millones para intentar cubrir los días restantes del año, pero la Contraloría advirtió un alto riesgo de que el programa no se reanude en 2025.
El organismo recordó que, de acuerdo con la Ley 2167 de 2021, la alimentación escolar debe garantizarse desde el primer día de clases y de forma continua durante todo el calendario académico.
Infraestructura deficiente y débil vinculación local
El análisis nacional también expuso un panorama preocupante en materia de infraestructura y logística. La Contraloría evidenció deficiencias en la funcionalidad de las cocinas, comedores deteriorados, falta de refrigeración, escasez de agua potable y menaje insuficiente, condiciones que ponen en riesgo la inocuidad alimentaria de más de 135 mil estudiantes en las regiones Caribe y Centro Oriente.
Además, el 47% de las sedes educativas no cumple con el requisito mínimo del 30 % de compras locales, medida establecida para promover las economías rurales y reducir los costos logísticos. La dependencia de proveedores externos encarece la operación y limita el impacto económico del programa en las comunidades agrícolas.
Efectos directos en salud y rendimiento académico
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la FAO, los programas de alimentación escolar bien implementados pueden reducir la deserción entre un 10% y un 25%, mejorar el rendimiento académico y fortalecer el desarrollo físico y cognitivo.
Por el contrario, la interrupción del PAE aumenta el riesgo de malnutrición, anemia y bajo rendimiento escolar, especialmente en zonas de pobreza extrema.
En este contexto, la Contraloría reiteró que el PAE no debe entenderse solo como un programa educativo, sino como una intervención integral de salud pública y equidad social, esencial para la protección de la infancia.
Contraloría exige medidas inmediatas al Gobierno y a las ETC
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra instó a las entidades territoriales certificadas y al Gobierno Nacional a adoptar acciones inmediatas para evitar una crisis mayor en 2026. Entre las principales recomendaciones se destacan:
- Asegurar una financiación suficiente y oportuna para garantizar la cobertura total.
- Fortalecer la supervisión de los contratos y la rendición de cuentas territorial.
- Modernizar la infraestructura escolar para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.
- Cumplir con la meta del 30% de compras locales, dinamizando la producción campesina.
- Articular el PAE con los programas de salud escolar para monitorear indicadores nutricionales y prevenir la deserción.
La Contraloría anunció que mantendrá seguimiento técnico y fiscal permanente en las 96 entidades territoriales certificadas para verificar el cumplimiento de la Ley 2167 de 2021 y la continuidad del servicio en el próximo año.
El futuro del PAE depende de decisiones urgentes en 2026
La entrega de resultados sobre la ejecución del PAE revela una alerta nacional, más de $55.000 millones en hallazgos fiscales, una brecha financiera de $1,3 billones y deficiencias operativas generalizadas que ponen en riesgo la alimentación de 1,6 millones de estudiantes.
Si no se corrigen las fallas de planeación, financiación y control, Colombia podría enfrentar en 2026 la cobertura más baja del PAE en la última década.
La Contraloría insistió en que el futuro del programa dependerá de una coordinación efectiva entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y los municipios, basada en transparencia, planeación anticipada y equidad territorial. Solo con una gestión articulada será posible garantizar que la alimentación escolar siga siendo un derecho garantizado y no una promesa incumplida.
