A través de la circular 007 de 2020 el procurador, Fernando Carrillo exhortó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, a las autoridades nacionales, responsables de Empresas Sociales del Estado y demás entidades competentes a dar cumplimiento a la normativa constitucional legal y reglamentaria que garantiza el derecho al trabajo del talento humano en salud en condiciones laborales dignas y estables.
El documento enfatiza que es una obligación legal mantener la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin que esto signifique el sacrificio de los derechos de los trabajadores de la salud a una vinculación laboral digna.
Así mismo, el jefe del Ministerio Público resalta la ilegalidad que representa la contratación de servicios tercerizados para el cumplimiento de actividades misionales bajo el pretexto de situaciones excepcionales como las que se viven por la pandemia. Es decir, que el talento humano en salud que labora en IPS públicas no debe estar vinculado laboralmente bajo una modalidad que vulnere sus derechos constitucionales.
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Vigilancia a las condiciones laborales del personal de salud
El ente de control, ha realizado acciones preventivas de vigilancia y seguimiento a las condiciones laborales del personal de salud, evidenciando que en los últimos años se ha agudizado el problema de la precarización en la vinculación laboral entre los trabajadores de IPS públicas y privadas.
“Los contratos de prestación de servicios y otras modalidades de contratación de personal se han incrementado en las IPS hasta el punto de que se crean verdaderas nóminas paralelas, así una gran cantidad de personas trabajan durante largos periodos para las entidades públicas, en detrimento a su derecho fundamental a un trabajo decente y a la seguridad social que él implica”, menciona el documento.
Otra preocupación de la Procuraduría frente a la precarización laboral es que una parte importante del talento humano en salud de Colombia, no solo está tercerizado por operación de actividades misionales, sino que está contratado por medio de outsourcing, servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y contratos sindicales, lo que representa una falta grave a sus derechos laborales.
El Ministerio de Salud, suministró la siguiente información a petición de la Procuraduría: de 926 Empresas Sociales del Estado se determinó que hay 136.116 trabajadores, de los cuales 46.715 están vinculados directamente en las plantas de personal y 116.401 de manera indirecta.
Esto quiere decir, que los contratos tercerizados constituyen el 71.37% de los puestos de trabajo en el sector y los servidores que están vinculados a las plantas de personal de las entidades del sector de la salud pública solo constituyen el 28.63%. Este dato muestra que las condiciones de contratación laboral del personal de salud, van totalmente en contravía de lo reglamentado, ya que según las normas de la administración pública, todos sus trabajadores deben ser vinculados de manera directa y excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados.
El ente, finaliza recordando que seguirá en continua vigilancia de las relaciones laborales en el país para garantizar que se desarrolle garantizando los derechos de los trabajadores.
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