La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a Colpensiones información detallada sobre las acciones y cambios administrativos, tecnológicos y operativos implementados para la entrada en operación del nuevo modelo pensional en Colombia.
La transición al nuevo modelo representa un desafío considerable para la entidad, que deberá pasar de administrar la información de seis y medio millones de afiliados a gestionar los datos de 25 millones de personas. Esta expansión exige mejoras significativas en infraestructura y capacidad tecnológica, áreas que la Procuraduría está vigilando de cerca.
La Procuraduría ha puesto el foco en diversos aspectos críticos de esta transición. En particular, ha requerido precisiones sobre el manejo y actualización del sistema operativo de Colpensiones, del cual dependen procesos esenciales como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. Además, ha pedido detalles sobre los tiempos de adquisición, migración y puesta a punto del sistema actual para asegurar que pueda soportar la carga adicional sin comprometer la eficiencia operativa.
Un punto de gran interés es el estado de las mejoras en la infraestructura tecnológica que la administradora de pensiones ha implementado. La capacidad de las plataformas tecnológicas para manejar el incremento en el volumen de datos y operaciones es crucial. La Procuraduría ha preguntado explícitamente qué actualizaciones y ampliaciones se han realizado para asegurar que el sistema pueda soportar la demanda adicional de manera efectiva.
Interoperabilidad y derechos de los afiliados de Colpensiones
Otro aspecto destacado en la solicitud de la Procuraduría es la interoperabilidad entre las entidades que conforman el sistema pensional. La Delegada de Asuntos del Trabajo ha exigido a Colpensiones que detalle las herramientas tecnológicas que utilizará para garantizar esta interoperabilidad a corto plazo. Esta capacidad es fundamental para asegurar que los diferentes componentes del sistema pensional trabajen juntos de manera eficiente, facilitando la administración y el acceso a las prestaciones.
Además, para garantizar los derechos y recursos de los afiliados y pensionados, la Procuraduría ha solicitado información sobre el manejo de solicitudes de expedición y corrección de historia laboral. Colpensiones debe proporcionar datos sobre el número de solicitudes radicadas, atendidas y pendientes de respuesta desde el segundo semestre de 2023 hasta la fecha actual.
Quejas y reclamos: un indicador de eficiencia
El órgano de control también ha indagado sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) que Colpensiones ha recibido y aún no ha resuelto. Este indicador es importante para evaluar la eficiencia de la entidad en la atención al ciudadano y la resolución de problemas. Asimismo, se ha pedido información sobre las solicitudes de reconocimientos de prestaciones económicas, los dictámenes de pérdida de capacidad laboral pendientes y las sentencias que Colpensiones aún debe cumplir.
Colpensiones deberá remitir la información solicitada por la Procuraduría en un plazo no mayor a 10 días, junto con el cronograma establecido para la implementación del nuevo modelo pensional. Este requerimiento de la Procuraduría subraya la urgencia de transparentar los procesos y asegurar que la entidad está adecuadamente preparada para enfrentar los desafíos que implica la administración de un sistema pensional significativamente ampliado.
La capacidad de Colpensiones para adaptarse y gestionar eficientemente el nuevo modelo pensional es crucial para la estabilidad y confianza en el sistema de pensiones de Colombia. La solicitud de información por parte de la Procuraduría refleja una preocupación legítima sobre la preparación de la entidad y su capacidad para manejar la transición sin comprometer los derechos y beneficios de millones de afiliados. La respuesta de la entidad y su capacidad para implementar las mejoras necesarias serán determinantes en la evaluación de su competencia y eficiencia en este proceso crítico.
