La Gobernación del Valle alertó que el cierre de servicios de instituciones de salud sigue agravando el panorama sanitario del departamento, en una coyuntura marcada por la crisis del sistema sin respuesta del Gobierno nacional. A este escenario se añaden la escasez de medicamentos y el retraso de citas, factores que, en conjunto, tensionan la capacidad de respuesta de la red y complican la continuidad del cuidado.
La administración departamental puso como caso el cierre de Gecencro, una situación que afecta a más de 5 mil pacientes y que, en la lectura institucional, no se limita a una institución ni a una región, sino que se vincula con un problema de alcance nacional que compromete la estabilidad del sector.
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, señaló que el impacto no se restringe al prestador, sino que golpea a trabajadores y usuarios. “Esto no es un problema de Gecencro ni del Valle del Cauca, es un problema del país. Es muy lamentable para el departamento que instituciones pequeñas se vean abocadas al cierre, que los empleados que estaban trabajando en Gecencro queden desempleados y que pacientes que estaban muy satisfechos con el servicio prestado, se encuentren en la disyuntiva sin saber dónde los atienden”, indicó. En la misma declaración, subrayó el trasfondo financiero: “esto, es una gota más que rebosa el vaso, que hace absolutamente clara la dificultad financiera que tiene el sector y cómo afecta a las personas”.
Continuidad de la atención en riesgo por el cierre de Gecencro de más de más de 5 mil pacientes
El Gobierno del Valle enfatizó que el cierre de Gecencro deja a miles de usuarios en una incertidumbre asistencial inmediata: personas que venían recibiendo atención y que ahora enfrentan el reto de identificar dónde y cómo continuar sus tratamientos, en un contexto donde la red ya está presionada por retrasos de citas y limitaciones de suministro de medicamentos.
Para las autoridades departamentales, el hecho de que una institución pequeña cierre en medio de la coyuntura es un indicador de fragilidad operativa, con implicaciones directas sobre la accesibilidad y la oportunidad en la atención. Además, se reconoce un efecto laboral asociado, por la salida de empleos de quienes trabajaban en la institución.
Señales en mortalidad evitable: aumento del 5% frente al año anterior
La Secretaría de Salud del Valle sostuvo que el deterioro financiero del sector no solo afecta la operación de clínicas y hospitales: también empieza a reflejarse en indicadores que comprometen la vida de la población. En ese marco, Lesmes presentó cifras de mortalidad anual y una variación reciente que, según su explicación, sugiere un cambio preocupante.
“En general el Valle del Cauca está sobre 32 mil fallecimientos año, esa cifra ha estado subiendo a 34 mil, y este año, en los ejercicios que llevamos haciendo, hay una mortalidad que supera al año anterior en el 5% en muertes evitables, eso significa que sí hay unos efectos en la mortalidad, y las primeras gráficas muestran una tendencia al incremento que responde a la problemática de las personas del Valle del Cauca”, detalló.
La funcionaria enmarcó esta variación como una señal temprana consistente con las dificultades de acceso, continuidad y oportunidad que atraviesa la población cuando se combinan cierres de servicios, retrasos de citas y desabastecimiento de medicamentos. Desde la perspectiva departamental, el comportamiento descrito refuerza la gravedad del escenario y la necesidad de medidas que restablezcan capacidad operativa.
El llamado al Gobierno nacional para restablecer la atención y evitar cierre de servicios
En el plano financiero, las autoridades del Valle del Cauca reportaron una deuda que supera los seis billones de pesos frente a la red pública y privada del departamento. Con base en esa cifra, reiteraron un llamado urgente al Gobierno nacional para garantizar recursos que permitan restablecer la atención y evitar que la crisis continúe profundizándose.
El mensaje institucional insiste en que la crisis está teniendo impactos concretos y acumulativos: cierre de servicios, presión sobre la red, afectación laboral y riesgos sobre resultados en salud, en particular sobre muertes evitables. Bajo ese marco, el departamento plantea la necesidad de una respuesta que permita recuperar condiciones mínimas de prestación y sostener la operación del sistema en el territorio.
