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Atlántico refuerza control sanitario: más de 550 inspecciones y 170 cierres preventivos por irregularidades
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La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, ha realizado control sanitario con 552 inspecciones de vigilancia y control entre 2024 y 2025 a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y profesionales independientes, como parte de una ofensiva para asegurar la calidad, legalidad y seguridad en la atención a los usuarios. Las acciones han derivado en más de 170 cierres preventivos y definitivos, y en 41 denuncias ante la Fiscalía por la operación irregular de prestadores inexistentes.
Con el objetivo de proteger la vida y la salud de los usuarios del sistema, la Secretaría de Salud del Atlántico ha intensificado sus labores de inspección y control a prestadores de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019, que establecen las condiciones esenciales de habilitación en el sistema sanitario colombiano.
La subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud, Rosmery Wehedeking, explicó que la estrategia busca cerrar brechas de incumplimiento en infraestructura, talento humano y legalidad. “El objetivo es proteger la vida y la salud de la comunidad. Cuando un establecimiento no cumple con las condiciones, representa un riesgo que debe ser suspendido de inmediato”, afirmó.
Entre 2024 y lo corrido de 2025, las autoridades han ordenado 71 cierres definitivos y más de 100 cierres preventivos a prestadores que no cumplían con las normas sanitarias y técnicas. Además, se han interpuesto 41 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control por la operación de centros y consultorios que no figuraban en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), o que lo hacían con documentación falsa.
Operativos en Soledad y municipios priorizados en el control sanitario
Uno de los operativos más significativos tuvo lugar en el municipio de Soledad, donde la Comisión Técnica Departamental inspeccionó 13 IPS en articulación con la Alcaldía y la Policía Nacional. Todas fueron selladas con medidas preventivas y se impusieron 28 sanciones adicionales por incumplimientos sanitarios, técnicos y legales.
Durante las verificaciones, los equipos de la Secretaría encontraron establecimientos sin registro en el REPS y supuestos profesionales de la salud sin formación acreditada. “Algunos de los supuestos profesionales no tienen formación médica ni técnica. Esto constituye un riesgo grave para los usuarios”, advirtió Ángela Torres, coordinadora del operativo en Soledad.
La Gobernación informó que, en lo que va de 2025, se han desarrollado más de 50 operativos de inspección, vigilancia y control en municipios priorizados como Soledad, Baranoa, Santo Tomás y Sabanalarga, donde se ha identificado un alto número de prestadores irregulares.
El médico habilitador Néstor Peña recalcó la importancia del acompañamiento institucional: “El registro como prestador es como la cédula de ciudadanía: sin él, no se puede ejercer legalmente”. Además, recordó que solo la Gobernación del Atlántico está facultada para autorizar la apertura de servicios de salud, una vez verificado el cumplimiento de los estándares exigidos.
Medidas de control y sanción a prestadores irregulares
El proceso de inspección y vigilancia del Atlántico incluye medidas preventivas, cierres temporales y cierres definitivos por inexistencia del prestador. En estos casos, cuando una IPS figura en el REPS pero no opera físicamente, la Secretaría notifica y otorga 24 horas para comparecer. Si el prestador no responde, se procede a su eliminación del sistema.
Estos procedimientos, además de salvaguardar la integridad de los pacientes, fortalecen la trazabilidad del registro sanitario departamental, reduciendo el riesgo de servicios no habilitados que comprometan la seguridad del usuario.
La Secretaría reiteró su invitación a los prestadores a regularizar su situación, accediendo al acompañamiento técnico gratuito que ofrece la Gobernación. Este servicio permite orientar a las IPS y a los profesionales independientes sobre los pasos a seguir para cumplir con los estándares legales y técnicos, incluyendo el proceso de inscripción en el REPS y la actualización de la autoevaluación de condiciones de habilitación.
Condiciones de habilitación: estándares obligatorios de calidad
De acuerdo con la Resolución 3100 de 2019, toda institución prestadora o profesional independiente debe cumplir con siete estándares básicos de habilitación, que son:
- Talento humano, con formación técnica, profesional y ética acreditada.
- Infraestructura física adecuada para la prestación segura de servicios.
- Dotación y mantenimiento de equipos biomédicos y tecnológicos.
- Disponibilidad de medicamentos e insumos en condiciones de seguridad y calidad.
- Procesos prioritarios definidos en los manuales de procedimiento.
- Historia clínica debidamente estructurada y confidencial.
- Interdependencia entre servicios, que asegure continuidad asistencial.
El proceso de habilitación inicia con el diligenciamiento del Formulario de Inscripción en el portal de la Gobernación, seguido de la autoevaluación de las condiciones mínimas de calidad en el REPS.
El incumplimiento de uno o varios de estos criterios implica la suspensión inmediata de actividades, pues, según la Secretaría, “cada irregularidad representa un riesgo potencial para la vida del paciente”.
En el caso de los profesionales independientes, la verificación se centra en la idoneidad técnica y en los títulos o certificaciones reconocidos por el Ministerio de Educación. Las IPS, por su parte, deben demostrar solidez jurídica, financiera y administrativa.
Compromiso departamental con la calidad y la seguridad del paciente
La Gobernación del Atlántico reafirma que la vigilancia sanitaria no busca únicamente sancionar, sino promover la calidad y la confianza en el sistema de salud, acompañando a los prestadores en el proceso de formalización.
“Estamos comprometidos con una atención segura, legal y de calidad. No se trata solo de cerrar, sino de ayudar a que los servicios cumplan con la norma”, concluyó Wehedeking.
Con más de 550 inspecciones realizadas y una supervisión constante, la administración departamental busca consolidar un ecosistema sanitario confiable, donde los usuarios accedan a servicios habilitados, con profesionales certificados y condiciones adecuadas para la atención.
El esfuerzo interinstitucional entre la Gobernación, las alcaldías municipales y los organismos de control demuestra que la vigilancia en salud es un instrumento de prevención, transparencia y garantía de derechos, esencial para proteger la salud pública del Atlántico.
