La crisis de la Nueva EPS ha escalado hasta convertirse en un problema estructural que afecta la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. Según el manifiesto de Asocapitales, que reúne a los secretarios de Salud de las ciudades capitales, esta crisis representa hoy un riesgo directo para la continuidad de los servicios, la sostenibilidad financiera de los prestadores y la vida de millones de ciudadanos.
Las capitales, que concentran la mayor carga asistencial del país, describen un deterioro acelerado del sistema y demandan acciones inmediatas y verificables por parte del Gobierno Nacional.
¿Por qué la crisis de la Nueva EPS es considerada un hecho innegable?
El documento señala que la Nueva EPS, con más de 11,7 millones de afiliados, acumula deudas superiores a $21 billones, cifra sin precedentes en el sistema de salud colombiano. Esta situación ha generado la ruptura de su red de prestadores, retrasos masivos en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, así como una incapacidad evidente para garantizar la atención oportuna.
Los secretarios de Salud advierten que este escenario no se trata de un episodio aislado ni de una fluctuación temporal del aseguramiento. Por el contrario, representa un riesgo estructural que compromete la prestación de servicios en todos los niveles de complejidad y afecta la continuidad de tratamientos críticos, incluidos cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental.
La crisis, calificada como “un hecho innegable”, se refleja en miles de quejas ciudadanas, incidentes de desacato y el aumento sostenido de tutelas, especialmente en las capitales donde la demanda de servicios es más alta.
¿Cómo se manifiesta el epicentro del colapso en las ciudades capitales?
Las capitales concentran más del 70 % de los servicios especializados del país y reciben remisiones de todos los departamentos. Sin embargo, el documento evidencia situaciones críticas; Bogotá reporta 1.943 quejas entre enero y septiembre de 2025 y una deuda institucional que pasó de $35.000 millones a más de $90.000 millones.
En zonas como Valledupar, la entrega de medicamentos está colapsada, mientras en La Guajira, sur de Bolívar, Magdalena y municipios del Cesar se reporta una afectación generalizada de pacientes que dependen de tratamientos continuos. Puerto Carreño enfrenta la situación más crítica, con un acceso exclusivamente aéreo y múltiples fallecimientos sin recibir atención oportuna.
Medellín, por su parte, ha debido destinar más de $400.000 millones para sostener la atención ante la suspensión de pagos de la Nueva EPS y Savia Salud. Según los secretarios, esto constituye una “crisis nacional que se manifiesta con mayor intensidad en las ciudades capitales”.
Las fallas de la Nueva EPS generan vulneración masiva de derechos fundamentales
El manifiesto sostiene que hoy existe una afectación directa al derecho fundamental a la salud. La interrupción de tratamientos oncológicos, de diálisis y de terapias para enfermedades crónicas ha puesto en riesgo la vida de miles de pacientes. También se advierte un incremento del riesgo de muerte debido a la falta de servicios esenciales.
Los hospitales públicos están soportando la carga financiera causada por la suspensión de pagos de prestadores privados, en un contexto donde las deudas acumuladas superan su capacidad operativa. Esto ha derivado en sobrecupo en urgencias, ruptura de la cadena de medicamentos y aumento acelerado de quejas formales.
La situación descrita configura un deterioro sistémico que impacta tanto la red pública como la privada, reforzando la urgencia de medidas estructurales y decisiones centralizadas.
Las ciudades capitales demandan acciones inmediatas del Gobierno Nacional
Los secretarios solicitan un plan de choque urgente con cronograma público de pagos a hospitales y clínicas antes de finalizar 2025. Exigen además garantizar la continuidad de tratamientos de alto costo y la implementación de flujos directos y trazables de recursos desde la ADRES a los prestadores, con el fin de recuperar la confianza operativa en el sistema.
El documento también propone la unificación de criterios de inspección, vigilancia y control sobre la Nueva EPS, así como el ajuste de la UPC en cumplimiento del Auto 007 de la Corte Constitucional. Estas acciones deben complementarse con una revisión urgente de las medidas de intervención vigentes y una evaluación externa de la situación financiera real de la EPS.
Las capitales subrayan que la protección reforzada de los hospitales públicos es prioritaria, dado que hoy sostienen la mayor carga de atención en medio del colapso operativo.
Las ciudades actuarán de manera coordinada para enfrentar la crisis
Las capitales acuerdan adherirse a la acción popular interpuesta por Medellín ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, presentar una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en salud e instalar una Mesa Técnica Nacional con participación del Ministerio de Salud, Supersalud, ADRES y gremios hospitalarios.
Afirmaron que “no aceptaremos la normalización de la crisis” y que no permitirán que la falta de decisiones nacionales siga poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. El manifiesto recalca que las autoridades locales no serán “espectadores pasivos” frente a una garantía de salud que califican como quebrantada.
Esta coordinación interinstitucional representa una estrategia para ejercer presión política y técnica sobre el Gobierno Nacional, al tiempo que buscan articular respuestas inmediatas en los territorios.
Una crisis nacional que exige decisiones técnicas y urgentes
La situación expuesta por Asocapitales configura un colapso que ha trascendido los límites administrativos de la Nueva EPS y ha impactado transversalmente a la red pública, a los prestadores privados y a los pacientes. La evidencia presentada, deudas millonarias, ruptura de la red, suspensión de servicios y riesgo directo de muerte por falta de atención, obliga al país a adoptar medidas de emergencia.
El llamado final es contundente: las ciudades capitales se unen para exigir soluciones reales y proteger, con rigor técnico, la salud de más de 11 millones de afiliados afectados. El futuro inmediato del sistema dependerá de la capacidad del Gobierno Nacional para implementar decisiones basadas en evidencia, garantizar la trazabilidad de los recursos y restablecer la continuidad de los servicios esenciales.
